Argentina, de espaldas a la ecología

¿Tiene Argentina verdadero interés por encarar una política ambiental? Si es cierto que «la política pública es tanto lo que un gobierno decide hacer como lo que decide no hacer», entonces en nuestro país –sostiene Sergio Federovisky, uno de los más prestigiosos especialistas argentinos en temas ecológicos– el Estado hace política ambiental por omisión. Porque cuenta en su estructura con una Secretaría de Medio Ambiente de la Nación que, pese a sus buenas intenciones, muestra casi nula capacidad de incidir en aquellas otras áreas del Estado donde se toman las decisiones de peso –las que diseñan un modelo económico que es, precisamente, la causa de los grandes problemas ambientales en nuestro país–. Federovisky señala que, cuando el mensaje oficial (nacional, provincial, municipal) apela a la modificación de la conducta individual de los ciudadanos como elemento único y determinante para enfrentar las consecuencias del cambio climático y otros males ambientales, evade la indelegable responsabilidad del Estado y no cambia nada mientras hace creer que fomenta un cambio de conducta. Y, con ironía, se pregunta si «se puede impedir la llegada de cien toneladas diarias de contaminantes al Río de la Plata o detener la pérdida de 830 hectáreas por día de bosques nativos a manos de las topadoras, por más conciencia ecológica que se adquiera».

Con una prosa incisiva, el autor analiza ejemplos paradigmáticos del desdén de los sectores más poderosos del país respecto a los dramas ambientales. En el ámbito urbano, el maloliente Riachuelo; en el ámbito rural, el avance de la frontera agrícola que invade y destruye otras ecorregiones para imponer el monocultivo del producto-estrella del agrobusiness: la soja transgénica.