Una pieza clave del cuidado

La pandemia de COVID-19 nos forzó, como sociedad, a poner en foco la noción de cuidado. Cuidado en el sentido específico de atención sanitaria a las personas enfermas, pero también en el sentido más amplio que alude a las tareas necesarias para la reproducción social de la vida cotidiana. Esta coyuntura crítica también dejó en evidencia que la participación de las personas migrantes en todo el espectro del cuidado ha sido y es crucial para el bienestar de la población del país.

Durante la pandemia, los y las profesionales de la salud migrantes, particularmente aquellos provenientes de países sudamericanos, adquirieron notoriedad por su desempeño en la primera línea contra el coronavirus. A pocos días de decretada la emergencia sanitaria, el Gobierno, previendo la demanda adicional de personal de enfermería y medicina que esta situación suscitaría y a sabiendas de la existencia de un importante número de profesionales de esta rama entre la población extranjera residente en el país, autorizó “la contratación y el ejercicio de profesionales y técnicos de salud titulados en el extranjero, cuyo título no esté revalidado o habilitado en la República Argentina” (DNU 260/20, art.2, inc.8). Esta medida permitió reforzar el sistema de salud durante la crisis sanitaria. Para cientos de extranjeros residentes, además, significó una oportunidad para postular a vacantes en hospitales públicos y centros de atención primaria de salud, y ejercer su profesión en el país. Es que el ejercicio de numerosas profesiones requiere de la convalidación o reválida, a través de una universidad nacional, de los títulos obtenidos en el exterior –un trámite que implica la regularidad migratoria y que demora en general un tiempo prolongado–.

Según registros administrativos de la Dirección Nacional de Migraciones, las titulaciones en ciencias de la salud son las segundas más frecuentes entre el alto número de personas venezolanas con títulos universitarios y terciarios que solicitaron radicación entre 2015 y 2018. Un cuarto de esos títulos en salud correspondía a enfermería y otro tanto a psicología. Sin embargo, la mayoría de esos y esas profesionales no ha logrado convalidar sus diplomas y se ha insertado, en buena medida, en ocupaciones de cuidado por fuera del sector sanitario y dentro de la esfera de los hogares: como enfermeras –aunque hay también varones– o acompañantes terapéuticas domiciliarias, compartiendo las mismas condiciones laborales precarias y desventajosas con quienes realizan trabajo de cuidado no terapéutico y tareas generales en casas particulares.

Esto nos lleva a la noción de cuidado en sentido amplio. La suspensión temporaria de la escolaridad presencial, el aislamiento social obligatorio y el confinamiento domiciliario durante la pandemia de COVID-19 exacerbaron el peso de las tareas necesarias para mantener un hogar y el bienestar de sus integrantes. Por esta razón se amplificaron las reflexiones, promovidas en general desde el feminismo, que conciben estas tareas como trabajo en sentido estricto: un trabajo históricamente asignado a las mujeres que ha tendido a permanecer invisible, devaluado y no remunerado, pero que resulta imprescindible para la reproducción social. Más aun, la economía feminista considera que el trabajo doméstico y de cuidado es la actividad primordial que garantiza que la vida continúe. También observa que la división desigual del trabajo según sexo-género que ha dominado la organización social del cuidado intersecta desigualdades de clase y étnico-raciales. De modo que, en aquellos hogares donde es posible tercerizar estas tareas, son mayoritariamente mujeres etnicizadas y racializadas quienes las asumen, en situaciones que van desde la precarización absoluta hasta el empleo formal de baja escala salarial. Las mujeres migrantes son una pieza clave en el engranaje de cadenas transnacionales de cuidado.

Inserción laboral principal

En Argentina, la relación dinámica entre trabajo doméstico y migraciones internacionales puede observarse como una conjunción de procesos que se refleja en los Censos de Población a partir de 1960. Por un lado, ante el cese de la migración de ultramar, la migración intrarregional aumenta su peso relativo, evidenciando la constancia de los flujos de países limítrofes y sumando progresivamente flujos desde otros países de la región (Perú y, más tarde, Colombia y Venezuela). Por el otro, el Área Metropolitana de Buenos Aires pasa a ser un destino prioritario, en especial para las mujeres. De hecho, se observa una tendencia correlativa, aunque diferencial según los países de origen, a la feminización de las migraciones: esto es muy notorio en el caso de las migraciones paraguaya y peruana hacia el cambio de siglo. A su vez, comienza a verificarse la concentración de estas mujeres en el trabajo doméstico, un nicho laboral donde las trabajadoras extranjeras siempre estuvieron sobrerrepresentadas.

Efectivamente, si el trabajo doméstico en Argentina –un sector feminizado casi en su totalidad– tiene una inserción laboral de peso entre las mujeres trabajadoras en general, ocupando al 17% del total de mujeres asalariadas, la tiene aun más entre mujeres migrantes: datos del INDEC de los 4 trimestres de la EPH de 2021 muestran que el 28,8% de ellas se concentraba en este sector; sin embargo, cuando el universo se restringe a aquellas que no están registradas, este porcentaje crece al 45,7% (1). Para las mujeres provenientes de Paraguay y Perú, ésta representa su principal inserción laboral. En 2001, el sector llegó a aglutinar al 70% de las trabajadoras paraguayas y al 60% de las peruanas –proporciones que, una década más tarde, descendieron a 40% y 35%, respectivamente–. En la dinámica migratoria regional, estas cifras colocan a Argentina como principal receptor de mujeres migrantes que se emplean en esta actividad. Sin embargo, como se analiza en el artículo “Dinamizadores de la economía” de este Suplemento, no se trata de una inserción competitiva sino complementaria a la de las mujeres nativas, en tanto que las extranjeras representan alrededor de un 9% del total de trabajadoras empleadas en casas particulares.

Son diversas las razones por las que las migrantes intrarregionales se han ido sumando a las trabajadoras nativas en las tareas de limpieza, cocina, lavado y planchado, cuidado de infantes, adultos mayores y personas con distintas condiciones de salud en los hogares argentinos. Por un lado, variadas coyunturas socioeconómicas y políticas expulsivas de los países de origen frente a las cuales Argentina presentó algún factor de atracción (por ejemplo, la convertibilidad peso-dólar de los años 90). La migración de mujeres latinoamericanas suele empalmar, además, con quiebres conyugales y con la responsabilidad por los hijos e hijas, y puede darse solamente en la medida en que haya otra mujer no migrante (generalmente madres o tías) disponible para asumir el cuidado de estos y estas hasta que se logre la reunificación familiar en el país de destino. Por otro lado, en los grandes centros urbanos argentinos existe una demanda sostenida de trabajadoras domésticas. La existencia de una demanda consolidada en Argentina aceleró la migración de mujeres solas de países vecinos, incluso en edades muy jóvenes, como en el caso paraguayo, y generó cadenas migratorias y redes de asistencia conformadas por mujeres migrantes ya instaladas en los países de destino que informan sobre oportunidades de trabajo, financian el viaje y solucionan la primera vivienda de la migrante potencial. Por último, si el trabajo doméstico es el principal nicho de inserción de las mujeres migrantes es porque se trata de una ocupación de acceso rápido y, a menudo, sin requisitos de experiencia más que la adquirida en el cuidado de la propia familia.

Exitoso activismo

Por supuesto, esta ocupación suele exponer a las mujeres a la explotación y los abusos invisibles que los empleadores ejercen en el espacio privado del hogar, pues la alta concentración de mujeres migrantes en el trabajo doméstico guarda estrecha relación con la baja formalidad y la fuerte precariedad de dicha rama laboral. Según datos del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, en 2004 el 96% de las mujeres insertas en el trabajo doméstico no estaban registradas como empleadas; en 2020, luego de diversas intervenciones estatales, la cifra de no registro se ubicaba cercana al 77%. Pero, a diferencia de las trabajadoras nativas, para las extranjeras la irregularidad laboral se entrecruza con la problemática de la documentación y el acceso a la información, que no siempre es de fácil resolución pese a los avances normativos en Argentina.

Esta ocupación suele exponer a las mujeres a la explotación y los abusos invisibles que los empleadores ejercen en el espacio privado del hogar.

En esta encrucijada de vulnerabilidad social y jurídica, las trabajadoras migrantes han sumado, al aporte que de por sí representa su trabajo en tareas socialmente indispensables, una voz activa al reclamo por la mejora de las condiciones laborales de todas las trabajadoras de casas particulares. La experiencia asociativa de las mujeres migrantes y las capacidades políticas adquiridas con su participación previa en la lucha por la sanción de una ley de migraciones anclada en el respeto de los derechos humanos han representado una contribución fundamental para un colectivo de trabajadoras en condiciones adversas para organizarse. La incidencia política de las migrantes –a través de tribunales públicos, petitorios a las máximas autoridades del país, la convocatoria a una audiencia pública en la Cámara de Diputados de la Nación, entre otras iniciativas innovadoras– hizo su parte para lograr la sanción de la Ley Nº 26.844/2013 sobre el Régimen Especial de Contrato de Trabajo para el Personal de Casas Particulares y la ratificación del Convenio N° 189 de la OIT. Contra una norma obsoleta fundada en la tradición del servicio, estas nuevas piezas normativas pusieron a las trabajadoras de casas particulares en pie de igualdad con el resto de las personas trabajadoras, obligando al registro de la relación laboral y garantizando derechos tan básicos como la jornada máxima de 8 horas o la licencia por maternidad. El activismo de las mujeres migrantes no se detiene allí: la Asociación de Derechos Civiles Mujeres Unidas Migrantes y Refugiadas de Argentina, por ejemplo, se ha encargado de monitorear avances y desafíos en la aplicación de la ley mediante una investigación sobre la situación de las trabajadoras de casas particulares luego del duro golpe asestado a este colectivo por la pandemia.

La crisis sanitaria, que dejó a miles de trabajadoras migrantes sin ningún ingreso, puso en evidencia otra modalidad de cuidado que estas mujeres llevan adelante y que suman al trabajo que realizan en el seno de la propia familia: el cuidado comunitario. Las mujeres migrantes aportan sus destrezas para conseguir y administrar recursos, sus saberes alimentarios, su capacidad organizativa y su trabajo para merenderos y comedores en las comunidades de las que forman parte; educan en jardines y centros comunitarios y promueven derechos y crean redes de protección frente a las violencias de género.

Es hora de dar a los cuidados, en todas sus formas, la importancia que revisten. Una sociedad que envejece y los demanda cada vez más debe apuntar a una mayor oferta estatal de cuidados y a la participación más equitativa de los varones. Pero, sobre todo, debe “cuidar a quienes cuidan”, en especial a quienes lo hacen en condiciones de mayor vulnerabilidad. Es urgente reconocer el trabajo de las mujeres migrantes que aportan al sostenimiento de nuestras vidas y asumir la responsabilidad de contribuir a sostener la de ellas, facilitando su inserción de pleno derecho, garantizando el goce efectivo de mayores formas de protección social e institucionalizando el apoyo a las redes comunitarias.

1. OIM, Las personas migrantes en la pospandemia: ¿un retorno a la normalidad? Condiciones de vida y situación laboral de las personas migrantes en la República Argentina durante el año 2021 / Ariel Lieutier [et al.], 1a ed. Ciudad Autónoma de Buenos Aires, OIM Argentina, 2022.