Por una democracia plural

Asistimos a la celebración de 40 años de democracia ininterrumpida, en la que las conquistas de la población migrante contemporánea han robustecido y ampliado los derechos de todas las personas que viven en este país. Por lo tanto, es el momento propicio de analizar y valorar el aporte que realiza la población migrante a la consolidación y el afianzamiento de las instituciones democráticas y a la promoción de un ejercicio plural de participación social.

La transición democrática estuvo permeada por la labor de organizaciones sociales, religiosas y de derechos humanos que comenzaban a incorporar la temática migrante a su trabajo. En este camino el rol de las organizaciones migrantes fue variando desde un rol social y de reivindicación de sus idiosincrasias y culturas, a una participación como actores con demandas claras frente al Estado.

Organización y articulación

Nos detenemos en la Ley Nacional de Migraciones N° 25.871/03 ya que, después de años de resistencia contra el Decreto Ley General de Migraciones y Fomento de la Inmigración Nº 22.439 puesto en vigor en plena dictadura cívico-militar en 1981 bajo la Doctrina de la Seguridad Nacional (1) la actual Ley de Migraciones convirtió a las organizaciones migrantes en actores protagónicos del debate de la norma, permitiéndoles (re)conocer sus voces y participar en la arena pública. Esta Ley es innovadora por incorporar la perspectiva de la migración como un derecho humano, convirtiendo al país en un ejemplo en materia de estándares de derechos a nivel mundial. La Ley 25.871 representa, sin lugar a duda, un proyecto democratizador y plural, ya que efectivizó la consulta y la participación al habilitar un diálogo con esferas decisorias del Estado que las poblaciones migrantes no podían ejercer hasta el momento de su sanción.

Durante las últimas décadas, en el marco de una reedición de discursos públicos discriminatorios y xenófobos, las personas migrantes estuvieron abocadas a la defensa de sus derechos a migrar y vivir dignamente en Argentina. Así, se conformaron varias organizaciones migrantes que se sumaron a redes, asociaciones, partidos políticos, sindicatos, medios de comunicación alternativos y organismos de derechos humanos centrales en el juego democrático del país. Entre otras, y sin pretensión de exhaustividad, podemos mencionar a la Red de Migrantes y Refugiadxs en Argentina, Bloque de Trabajadorxs Migrantes, Secretaría de Trabajadores Migrantes y Refugiadxs, UTEP, Asociación Civil de Derechos Humanos Mujeres Unidas, Migrantes y Refugiadas en Argentina, Ni una Migrante Menos, Migrantes x Migrantes, Asamblea de Migrantes y Refugiados Patria Grande, Estudiantes Migrantes de la Universidad de Buenos Aires.

La labor emprendida por las organizaciones de migrantes, puntualmente a través de articulaciones territoriales para dar respuesta a las necesidades sociales, las ha posicionado como espacios insoslayables en el apuntalamiento y acompañamiento comunitario, abriendo puertas para facilitar el acceso a la salud y la educación, favoreciendo la tramitación de regularizaciones, proveyendo contactos para acceder al empleo o a la vivienda, contribuyendo a reducir las barreras lingüísticas o culturales para aquellos migrantes no hispanohablantes, impulsando comedores sociales, entre otros recursos. Esto destaca Zulma Monges, migrante paraguaya de la Casa de la Mujer “Kuña Guapa”: “Me gustaría terminar de estudiar y transmitir todo este trabajo territorial, que se plasme en otros lugares. Hay muchas experiencias comunitarias en los barrios, muy enriquecedoras, y nadie las toma como ejemplo. Me gustaría mostrarlas, acompañar esos procesos y organizarnos, generar otras formas de militancia más comprometidas con el otro, porque en los barrios no necesitamos ser asistidos. Necesitamos ser parte de la solución” (2).

Como “parte de la solución” las organizaciones migrantes fueron, y son, importantes artífices de la incorporación económica, social, cultural y laboral de otras personas migrantes, a nivel local, provincial y nacional, tanto desde prácticas comunitarias como desde el trabajo en el activismo por la ampliación de derechos. La población migrante estuvo implicada, por ejemplo, en el proceso que llevó adelante la sanción de las leyes de Contrato de Trabajo para el Personal de Casas Particulares (N°26.844/13) o de Cupo Laboral Travesti Trans (N°27.636/21).

Otras dos experiencias participativas que merecen ser destacadas son la Encuesta Nacional Migrante de Argentina (ENMA) y la Agenda Migrante. La ENMA tuvo su primera edición en 2020 –en plena pandemia de COVID-19– y luego en 2023. Su objetivo es indagar y fomentar políticas públicas en materia migratoria a partir de información confiable, apelando al compromiso y la participación de más de treinta organizaciones migrantes en todo el país, de distintos académicos del CONICET (nucleados en el Eje Migración y Asilo de la Red Institucional Orientada a la Solución de Problemas en Derechos Humanos) y de otros colegas (3). La Agenda Migrante, por otro lado, desarrollada en los últimos días de 2019 y en 2023, fue discutida y redactada en términos participativos, democráticos y federales por las organizaciones migrantes, organismos de derechos humanos, de la sociedad civil y académicos, y fue dirigida a los Ministerios y Secretarías de la órbita nacional, que así se convirtieron en actores de estas demandas. Ambos dispositivos, junto a los procesos llevados a cabo por los pueblos indígenas y afrodescendientes, han contribuido a desarticular el mito de una sociedad homogénea, identificada con la migración europea, y visibilizar otros relatos étnicos y raciales a partir de las informaciones censales de las dos últimas décadas.

Las deudas del voto migrante

Durante el siglo XX y principios del XXI se dieron ampliaciones en el acceso a derechos políticos para distintos actores sociales en nuestro país. Así, el derecho al voto secreto, universal y obligatorio para todos los varones argentinos de 18 años y más rigió recién en 1912, el voto femenino en 1947, y en 2012 fue el turno para el “voto joven” (desde los 16 años). A pesar de estos avances en términos cívicos, es necesario seguir instalando la temática del voto migrante a nivel nacional como parte del debate democrático. La participación de las organizaciones migrantes, sin embargo, fue clave para generar su reclamo en términos legislativos, sociales y políticos. Un ejemplo puede encontrarse en la campaña “Aquí vivo, aquí voto”, implementada en 2012 (4) mediante la cual organizaciones de migrantes, de derechos humanos y académicos plantearon el desafío de separar el derecho al voto de la nacionalidad. En ese marco, realizaron actividades en la vía pública, charlas en universidades y barrios populares, presentaciones judiciales y administrativas en varias áreas del Estado para peticionar su derecho al voto (5). Argumentaban que el país de origen constituía algo fortuito para miles de familias con residencia permanente que decidieron establecerse y proyectar una vida en Argentina.

Es necesario instalar la temática del voto migrante a nivel nacional como parte del debate democrático.

Sin embargo, aún hoy, el voto migrante a nivel nacional está mediado por la naturalización; es decir, por un trámite hecho ante un juez civil y que involucra numerosos obstáculos burocráticos (6). En las elecciones locales, por otro lado, el derecho al voto está previsto por las constituciones provinciales, leyes provinciales específicas o cartas orgánicas municipales que, entre otros requisitos, contemplan la residencia permanente en el país. En estos últimos años se contabilizan cinco jurisdicciones provinciales que habilitaron el voto a las personas extranjeras: una para la elección de la Jefatura de Gobierno (CABA en el 2000) y cuatro para la elección a Gobernador/a (Tucumán en 2007, Córdoba y La Rioja en 2008, y Buenos Aires en 2009). Tres de estas jurisdicciones (dos a nivel provincial/jurisdiccional y una a nivel municipal) cuentan con empadronamiento automático de electores migrantes; las restantes requieren la inscripción activa para acceder al voto (7).

Ciertamente, la inclusión del padrón automático es parte de las conquistas que está llevando adelante la población migrante, ya que garantiza el interés y la demanda por participar, y la convierte en actor político fundamental en la agenda pública. Esto, con la difusión y las campañas informativas, es lo que fomenta una participación real de la población migrante en el derecho al voto (8).

Actores con voz propia

La población migrante en Argentina asumió un rol muy importante en las luchas por la conquista de nuevos derechos. A lo largo del tiempo, se convirtieron en actores con voces propias y lograron mejoras políticas, sociales y cívicas para el conjunto de la sociedad.

La Ley Nacional de Migraciones N° 25.871/03 o las leyes de Contrato de Trabajo para el Personal de Casas Particulares y de Cupo Laboral Travesti Trans confirman la importancia de la participación democrática migrante. Sus articulaciones e incidencia con instancias académicas y de generación de estadísticas públicas permitieron visibilizar identidades que históricamente habían quedado por fuera del imaginario social. Todos estos logros posibilitaron la ampliación y fortalecimiento de instituciones, mecanismos y prácticas democráticas en Argentina.

Construir una democracia plural, en la que todas las voces puedan (y deban) ser escuchadas resulta un gran desafío, pero también ofrece enormes oportunidades gracias a los beneficios del diálogo intercultural y la pluralidad de perspectivas. Ciertamente, las miradas y demandas de todas las personas que residen en Argentina contribuyen a la ampliación de la arena de lo político y de la política y conducen a un mutuo enriquecimiento de nativos y migrantes.

1. En 1981, durante la dictadura cívico-militar, se elaboró un Decreto Ley General de Migraciones y Fomento de la Inmigración Nº 22.439, que reemplazó el espíritu garantista de la Ley Avellaneda de 1876 por una lógica acorde a la Doctrina de Seguridad Nacional. Por sus planteos, dificultó aun más la legalización de los inmigrantes, agudizando la precariedad de su estadía en Argentina.
2. CAREF, Las que fuimos, las que somos: relatos de vidas en movimiento. (Autoras: Cecilia González; Celeste Farbman [et al.]), Ciudad Autónoma de Buenos Aires, CAREF; Equipo Latinoamericano de Justicia y Género; Fundación para el Estudio y la Investigación de la Mujer – FEIM ; Fundación Mujeres en Igualdad – MEI; Jujuy, Fundación Siglo XXI, 2021.
3. N. Debandi, J. Nicolao y A.P. Penchaszadeh, (Coord.). Anuario Estadístico Migratorio de Argentina 2020. Buenos Aires: RIOSP DDHH – CONICET, 2021.
4. Pueden encontrarse los argumentos de la campaña en http://aquivivoaquivoto.blogspot.com/, 2012.
5. Observatorio sobre Migraciones y Asilo en Argentina “Gabriel Chausovsky”, Voto migrante en Argentina: un camino a medio recorrer, Informe N° 5, CAREF (CABA); AEC (Mendoza); ANDHES (Jujuy); CECOPAL (Córdoba); Fundación Germán Abdala (CABA); BTM (Buenos Aires); Red Nacional de Migrantes y Refugiadxs; UCIC (Córdoba); Programa “Acompañamiento Migrante” (Mendoza), 2022. Recuperado de: http://observatoriomigracionyasilo.caref.org.ar/inicio/wp-content/uploads/2020/11/Observatorio-Informe5-VotoMigranteEnArgentina.pdf
6. C. Courtis y A. P. Penchaszadeh, “El (im)posible ciudadano extranjero. Ciudadanía y nacionalidad en Argentina”, Revista SAAP, Vol. 9, Núm. 2, pp. 375-394, 2015.
7. Observatorio sobre Migraciones y Asilo en Argentina, op.cit.
8. El reclamo que vienen llevando adelante las organizaciones de migrantes hoy en día es “por el derecho a elegir representantes, basado en la residencia, en todos los niveles jurisdiccionales, y con conformación automática del padrón de electores” (Observatorio, 2022), en términos equivalentes al proyecto de ley presentado en 2012.