Mito 6: “Los migrantes son un gasto para el país”

Velar por el acceso a la salud, la educación, la justicia, la seguridad social, el trabajo, entre otros derechos de las personas migrantes, supone un esfuerzo fiscal para los gobiernos. Garantizar el acceso a estos derechos es prioritario desde el punto de vista presupuestario, puesto que apunta a mejorar las condiciones de vida de todas las personas que habitan en un país y a garantizar sociedades democráticas más incluyentes. Inclusive, esto constituye una obligación internacional dispuesta por diversos tratados y pactos enmarcados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que obligan a los Estados a dar acceso a servicios y a recursos financieros destinados a tales fines. La Argentina cuenta, además, con la particularidad de tener una normativa con perspectiva de derechos –la Ley Nacional de Migraciones (N° 25.871)–, que ampara la migración y brinda un marco amplio en el que se establece la igualdad de trato hacia las personas migrantes en el país. Esto implica –entre otras cosas– que dichas personas tienen el mismo derecho que los nacionales para acceder a los diferentes programas sociales contemplados en el gasto público.

Sin embargo, las políticas de acogida para migrantes suelen generar malestar y descontento en algunos ciudadanos, la mayor parte de las veces por desconocimiento o incomprensión (1). Es por ello que analizar el gasto público y su composición constituye una herramienta valiosa para conocer las asignaciones presupuestarias que sustentan dichas políticas y poner la temática en perspectiva. Específicamente, revisar el Gasto Público Social Nacional (GPSN) permite evaluar los esfuerzos que hace la República Argentina para garantizar los derechos y el acceso a los mismos de un sector que representa alrededor del 4,5% de la población total (2): las personas migrantes. Un análisis de las estadísticas disponibles permite, además, echar por tierra el mito en torno al mayor gasto en el que incurre el Estado para satisfacer las necesidades de este sector de la población. Los datos también son elocuentes respecto al aporte que realizan estas personas para el conjunto de la sociedad argentina, ya no sólo en términos de capital social y cultural, como analizamos en artículos anteriores (3), sino también en términos estrictamente económicos, a través de los diversos impuestos que pagan. Como veremos, esto queda reflejado mediante la participación migrante en los diversos programas de base contributiva que se incluyen en el gasto social nacional.

Para 2015, casi el 60% del total del gasto ejecutado por el Estado Nacional correspondió al Gasto Público Social Nacional (GPSN), que totalizó en $861.814 millones, distribuidos en 209 programas presupuestarios. El porcentaje de dicho gasto destinado a las personas migrantes representó apenas el 4,9%, en línea con el peso que los migrantes tienen en el total de la población, y se encontró distribuido en 117 programas. Equivalente al 0,7% del PBI, dicha erogación destinada a personas migrantes sumó en cifras absolutas $40.829 millones.

Gasto Público

En Argentina no hay estadísticas fiscales sobre el gasto público ejecutado que englobe a todos los niveles de gobierno, y que además presenten información desagregada para identificar políticas públicas concretas y dirigidas a grupos poblacionales específicos. Es por ello que en 2018 la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) junto al gobierno nacional argentino publicaron un estudio que estimó el GPSN (4) y los programas sociales a los que la población migrante puede acceder, cruzando información de diversas fuentes (5). El estudio de base permitió no sólo estimar y caracterizar el monto del GPSN (del año 2015) dirigido a migrantes a nivel del gobierno nacional, sino también el porcentaje que este representa en el gasto total, así como la relevancia que reviste en términos del Producto Interno Bruto (PIB) y su impacto en los diferentes Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030 de Naciones Unidas.

El gasto público se compone de partidas de servicios sociales, servicios económicos, deuda pública, administración gubernamental, servicios de defensa y seguridad, considerados en orden decreciente, de mayor a menor incidencia. En este mismo orden, el primero de los gastos está directamente vinculado a políticas sociales destinadas a cubrir necesidades básicas de la población e incluye funciones de seguridad social que, para 2015, concentraban el 71% de la partida presupuestaria, abarcando el gasto en jubilaciones y pensiones, y las asignaciones familiares contributivas y no contributivas que reciben trabajadores formales, informales y desocupados. Otras funciones que componen los servicios sociales incluyen educación y cultura, y salud, representando respectivamente el 11% y el 7% del gasto en cuestión (6). Luego siguen funciones de promoción y asistencia social, ciencia y técnica, trabajo, vivienda y urbanismo y agua potable y alcantarillado.

Si bien el gobierno nacional cuenta con diferentes políticas sociales de transferencia de ingresos que suelen beneficiar a una amplia franja de la población -los llamados “programas ponderados”-, estas, no obstante, tienen condiciones de acceso específicas para las personas migrantes, que implican restricciones variables según el tipo de prestación social y el momento histórico en el que se diseñó el programa (7). Tener DNI argentino es una de las condiciones que limita el acceso a ciertas categorías de migrantes, junto a la cantidad de años de residencia regular mínima, otro requisito restrictivo presente en casi todos los programas, variando de 2 o 3 años de residencia para los programas nacionales o locales, a amplios períodos que van de los 15 a los 40 años especialmente en las pensiones no contributivas, que tienen los requerimientos más limitantes (8). A pesar de esto, cabe remarcar que debido al derecho que les asiste para acceder a los diferentes programas en condiciones equiparables a los nacionales, ninguno de estos programas sociales tiene como destinatario específico y exclusivo a las personas migrantes.

Las personas migrantes y el gasto social nacional 

Al considerar la composición del GPSN destinado a personas migrantes, vemos que, en línea con el gasto para la población general, la mayor parte está formado por las jubilaciones, las cuales ocupan el 70,3% del total (9). La sobredeterminación de las prestaciones previsionales puede explicarse por dos cuestiones. En primer lugar, por el peso importante que tienen las personas mayores dentro del total de migrantes, originado en la gran migración proveniente de Europa durante la segunda posguerra mundial. Este perfil demográfico tiene una incidencia insoslayable en la orientación del GPSN destinado a migrantes. En segundo lugar, y no menos importante, por la elevada cobertura que ha alcanzado el sistema previsional argentino.

Luego de las jubilaciones, la incidencia de la población migrante en el GPSN se registra en la salud (7,1%), las asignaciones familiares (4,9%), obras públicas, vivienda e infraestructura (4,6%), educación (4,1%), pensiones no contributivas (3,7%), empleo y trabajo y promoción social, que representan 1,6% y 0,9% del gasto respectivamente (10). Tal como analizamos en artículos anteriores, por ejemplo, en relación con la salud, el tipo de cobertura a la que accede la población migrante varía correlativamente a sus años de residencia en el país (11). Es así que los migrantes recientes son quienes más dependen del sistema público, debido a una mayor inserción laboral informal y precarizada; mientras que quienes llevan más de una década en Argentina han tenido más posibilidades de insertarse en empleos registrados, accediendo a con mayor frecuencia a obras sociales o al Programa de Atención Médica Integral (PAMI) para personas jubiladas y pensionadas (incluso también a medicina privada). En cuanto a la educación, pudimos observar que los/as estudiantes migrantes representaban el 3,6% del total de los estudiantes de carreras de pregrado y grado y el 9,% de los estudiantes de carreras posgrado en el período 2018-2019 (12); y que para 2019 sólo el 1,36% de las personas migrantes pudo cobrar la Asignación Universal por Hijo (13).

El gasto social no tiene un sesgo a favor de las personas migrantes, lo que permite afirmar que estas no gastan en proporción ni más presupuesto en salud, ni en educación, ni en beneficios sociales que la población nacida en Argentina.

Por otra parte, se registran diferencias al comparar el peso del gasto entre migrantes y no migrantes en diferentes programas sociales (14), lo que responde a factores históricos de los perfiles migratorios, de las disposiciones de los programas y de otros factores sociales que atraviesan el acceso a derechos de la población migrante. Por un lado, al considerar los programas de base contributiva se observa que más del 79% del GPSN destinado a migrantes se distribuyó a través de los mismos, es decir, a partir de prestaciones sociales en las que el beneficiario/a aportó previamente a la obtención del beneficio, en algunos casos durante largos períodos de tiempo. Esto también responde a que dicho gasto se destine principalmente a migrantes europeos radicados hace varias décadas en Argentina, quienes representaran el 17% del total de migrantes según el Censo de 2010 (principalmente de nacionalidad italiana y española, quienes en conjunto representan más del 44% de los migrantes mayores), constituyendo un colectivo claramente privilegiado como receptores del gasto social, a través de las jubilaciones. Al considerar el gasto asociado a programas de base contributiva pero entre los nacionales, vemos que en términos porcentuales este es mucho menor, representando el 64% del total. Por otro lado, al observar el GPSN a partir de programas no contributivos vemos que la distribución se invierte, representando en términos porcentuales un 21% para migrantes y un 36% para no migrantes. Algunos ejemplos elocuentes que comparan el GPSN entre no migrantes y migrantes indican que los programas previsionales concentraron un 56% en los primeros y un 70% en los últimos; los de salud un 7% para ambos grupos; las asignaciones familiares un 8% y un 5% respectivamente; obras públicas, vivienda e infraestructura un 5% para ambos grupos; en educación la brecha se hace más evidente, con un 10% para no migrantes y un 4% para migrantes; las pensiones no contributivas un 8% y un 4% respectivamente, el empleo un 2% para ambos y por último, los programas de promoción social un 1% para ambos (15).

Al tener en cuenta los datos presentados, podemos ver que el gasto social no tiene un sesgo a favor de las personas migrantes, lo que permite afirmar que estas no gastan en proporción ni más presupuesto en salud, ni en educación, ni en beneficios sociales que la población nacida en Argentina. Cabe recordar que el GPSN destinado a estas representó apenas el 4,9% del total, cifra equivalente al 0,7% del PBI.

De los datos emergen algunas cuestiones sobre las que vale la pena insistir. En primer lugar, los migrantes son principalmente beneficiarios de programas contributivos, es decir, para los que tuvieron que hacer aportes previos. Esto se vincula al hecho de que la población migrante se encuentra mucho más envejecida, en términos relativos, que la población nacida en Argentina, debido a la fuerte presencia, ya mencionada, que todavía tiene la población europea arribada a la Argentina a mediados del siglo XX. Es esta población adulta la principal beneficiaria del GPSN, lo que a su vez lleva a revisar el sobredimensionamiento presente en el discurso público y mediático hacia las migraciones provenientes de América Latina, especialmente de países limítrofes, las cuales a todas luces no concentran los esfuerzos financieros del Estado. En segundo lugar, constatar el menor peso que tienen las pensiones no contributivas en el GPSN destinado a migrantes es una advertencia sobre las posibles dificultades de diversa índole que se les presentan para acceder a las mismas. Finalmente, la menor incidencia en el gasto que tienen el resto de los programas sociales tendientes a satisfacer las necesidades de la población migrante en el país da cuenta de la compleja realidad que la atraviesa, especialmente a aquellas personas provenientes de países no europeos, entre ellas a niños, niñas, adolescentes y jóvenes.

Atravesadas de distintas formas y con distinta intensidad por la intersección de factores tales como la situación laboral, la condición de género, el acceso a la salud y la educación y la histórica extranjerización de la delincuencia, los colectivos migrantes en Argentina requieren del compromiso de los distintos actores estatales, de los organismos internacionales y de la sociedad en su conjunto, para renovar el compromiso de un país abierto a la inmigración, respetuoso del derecho a migrar y de la equidad entre las personas migrantes y no migrantes, en línea con el espíritu y el objetivo de trabajo de las de las Naciones Unidas: no dejar a nadie atrás.

1. Fons Coomans, “La educación para los migrantes: un derecho humano inalienable”, Correo de la UNESCO, 4, 2018. https://es.unesco.org/courier/2018-4/educacion-migrantes-derecho-humano-inalienable

2. Este dato surge del último Censo de Población, Hogares y Vivienda de 2010 (INDEC). Los resultados del próximo censo de mayo de 2022 permitirán actualizar la cifra y reflejar los cambios migratorios recientes. https://censo.gob.ar/index.php/censo-digital/

3. Organización Internacional para las Migraciones y M.L. Espiro, “Mito 1: ‘Los migrantes no realizan tareas esenciales y les quitan los mejores trabaos a los argentinos’”, en Le Monde diplomatique, edición Cono Sur, diciembre de 2021.

4. Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales de la República Argentina. Escenario base para el seguimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible vinculados a las condiciones de vida de los migrantes a través del Gasto Público Social Nacional. OIM Argentina, 2018.

5. Tales como los registros administrativos del Sistema de Identificación Nacional Tributario y Social (SINTyS) de 2016-2017, el gasto universitario de la Secretaría de Políticas Universitarias (SPU) de 2015, información poblacional del último censo de 2010 y de la Encuesta Permanente de Hogares de 2015, junto a datos del programa PROCREAR de 2013 a 2016.

6. Estos números se explican porque en Argentina la responsabilidad por la provisión de ciertos servicios está a cargo de gobiernos provinciales y municipales, incluso a través de la transferencia de fondos del gobierno nacional.

7. OIM y Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, op. cit.

8. En el artículo Organización Internacional para las Migraciones y M.L. Espiro, “Mito 3: ‘Las mujeres migrantes vienen a Argentina a cobrar planes’”, en Le Monde diplomatique, edición Cono Sur, enero de 2022, caracterizamos diversos programas sociales a los que accede la población migrante en Argentina detallando para cada uno el límite mínimo de años de residencia legal requerido para la inscripción.

9. OIM y Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, op. cit.

10. Ibídem.

11. Organización Internacional para las Migraciones y M.L. Espiro, “Mito 2: ‘Los migrantes abusan del sistema de salud argentino’”, en Le Monde diplomatique, edición Cono Sur, enero de 2022.

12. Organización Internacional para las Migraciones y M.L. Espiro, “Mito 5: ‘Los migrantes les quitan la posibilidad de estudiar a los argentinos’”, en Le Monde diplomatique, edición Cono Sur, febrero de 2022.

13. Organización Internacional para las Migraciones y M.L. Espiro, “Mito 3”, op. cit.

14. OIM y Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, op. cit.

15. Ibídem.

Este artículo pertenece a la serie Seis mitos sobre las migraciones que publicamos junto con la Organización de las Migraciones internacional (OIM), con la idea de desmontar algunos de los principales mitos relacionados con las migraciones en Argentina con la finalidad de contribuir a una sociedad más intercultural.

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