Las víctimas de una brutal desigualdad

En la historia política estadounidense, Minnesota es considerado una excepción: es el único estado que votó en contra de Ronald Reagan en 1984. La última vez que sus electores optaron por un candidato republicano a la Presidencia se remonta a 1972, hace casi cincuenta años. Con el correr de las generaciones, este santuario de la izquierda estadounidense mandó al Congreso a Hubert Humphrey, Walter Mondale e Ilhan Omar, una de las dos primeras mujeres musulmanas elegidas para el Parlamento. Con estos antecendentes en mente, el homicidio de George Floyd por una patrulla de la policía y el estallido popular que desencadenó pueden resultar sorprendentes. Para un observador familiar de las Twin Cities –las dos ciudades gemelas de Minneapolis y de Saint Paul; esta última, capital del Estado–, esos acontecimientos, sin embargo, no tenían nada de inesperado.

Aunque Minnesota figure entre los estados mejor posicionados del país en términos de nivel educativo, de ingresos y de bienestar, esas estadísticas, como lo recordó el gobernador demócrata Tim Walz luego de una noche de motines consecutiva a la muerte de Floyd el 25 de mayo, “sólo son válidas si usted es blanco. Si no lo es, caemos casi a la parte inferior [de los rankings]” (1). Minnesota está clasificado en la posición treinta y nueve de la lista de estados que cuentan con más afroamericanos titulares de un diploma de fin de estudios secundarios. En proporción de negros que ejercen un empleo, cae al lugar cuarenta y cinco (sobre cincuenta), e incluso al cuarenta y ocho si se considera el porcentaje de afroamericanos propietarios de su vivienda. El salario medio de una familia blanca de Minneapolis roza los 100.000 dólares por año, mientras que el de una familia negra apenas alcanza los 28.500 dólares. Blancos y negros permanecen separados y desiguales.

Engranajes del sistema

Las desigualdades raciales no dejaron de crecer en Estados Unidos desde los años setenta. En consecuencia, no es sorprendente que el COVID-19 haya producido muchas más víctimas entre los negros que entre los blancos, no solamente en términos de mortalidad, sino también de pérdidas de empleo y de dificultades para llegar a fin de mes a lo largo de toda esta crisis. Los corolarios más directos del confinamiento –el cierre de las escuelas y la casi imposibilidad de trabajar– resultaron desproporcionalmente perjudiciales para los afroamericanos, y les dieron aun más razones para movilizarse, así como tiempo para hacerlo noche tras noche. Como a menudo ocurre en semejantes erupciones de ira, algunos habitantes la emprendieron contra las propiedades privadas del barrio en el que viven encerrados. Cosa más rara, los amotinados hicieron lo mismo con tiendas elegantes, restaurantes y bancos situados algunas cuadras más lejos.

Evidentemente, las violencias policiales constituyen la expresión más brutal de estas desigualdades. En Estados Unidos, el mantenimiento del orden es una prerrogativa local, ejercida por la ciudad o el condado, fuera del control del estado o de las jurisdicciones federales. El Minneapolis Police Department (MPD) presenta un largo historial en materia de violencias mortales perpetradas contra los habitantes negros. Hasta el linchamiento filmado de George Floyd gozaba de una impunidad casi sistemática, a ejemplo de los agentes responsables de la muerte de Jamar Clark y de Philando Castile en el curso de los meses precedentes. Las prácticas de acoso racista son incontables. Mientras que las personas no blancas representan el 40% de los habitantes de Minnesota, estas concentran sobre sí el 74% de los casos de uso de la fuerza por el MPD. Según un estudio publicado en 2018 por el Defensor Público del condado, los conductores cuyo vehículo es buscado pertenecen tres veces de cada cuatro a la comunidad afroamericana, aunque esta no represente más que un habitante de cada cinco. Cuando el mismo conductor es objeto de un aviso de búsqueda, en el 76% de los casos es negro, contra solamente el 13% para los blancos. Habida cuenta de la amplitud de poderes de que disponen los policías, cualquier motivo puede justificar su intervención. Todos los negros de este país lo saben: cuando están al volante, su color de piel basta para despertar las sospechas. En las Twin Cities, pocos de ellos olvidaron las patrullas policiales que acechaban a los fugitivos en tiempos de la esclavitud.

El sindicato de los agentes de policía es uno de los engranajes clave de este sistema. En Minneapolis, el presidente de su rama local, el teniente Bob Kroll, se aseguró la lealtad de las tropas saboteando los esfuerzos entablados por los sucesivos intendentes demócratas para disciplinar a los agentes violentos. Según el intendente actual, Jacob Frey, “los jefes de la policía y los representantes que intentaron cambiar las cosas constantemente tropezaron con la hostilidad del sindicato y con una legislación que protege a los autores de violencias” (2). Frey y su ex jefe de la policía, Janee Harteau, acusaron al sindicato de obstruir toda tentativa de sancionar a los agentes culpables. Estos últimos están sobre todo cubiertos por un protocolo de arbitraje negociado con el sindicato, cuyo efecto es asimilar todo abuso de poder a un acto de legítima defensa. Derek Chauvin, el agente que asfixió a George Floyd bajo su rodilla durante cerca de nueve minutos, había cosechado diecisiete quejas por violencias en veinte años de carrera, de las que solo una dio lugar a una reprimenda. En virtud de los acuerdos firmados con el sindicato, el contenido de esas quejas nunca fue divulgado. Entre los tres agentes que asistieron pasivamente al suplicio de George Floyd, dos estaban en servicio desde hace menos de un año. El tercero, Tou Thao, totalizaba seis quejas por violencias, cinco de las cuales fueron clasificadas sin consecuencias. Con uno de sus colegas había golpeado a una persona esposada en 2017. Aunque la ciudad abonó una indemnización de 25.000 dólares al demandante, Thao se benefició con la protección del sindicato y nunca fue sancionado.

El teniente Kroll, aplaudido junto a Donald Trump en un mitín en 2019, considera a los demócratas que dirigen la ciudad como traidores a su causa. Entre otras cosas, les reprocha no haber contratado más efectivos para reprimir las violencias urbanas. Sus recriminaciones ilustran la mentalidad de estado de sitio y la aversión hacia la izquierda que caracterizan a las fuerzas del orden en este país. Cada vez que los jefes de policía designados por los intendentes instauraron programas para enseñar las técnicas para aflojar tensiones o refrenar los “prejuicios implícitos” de los agentes, el sindicato frustró escrupulosamente esas iniciativas. Y cuando los representantes concibieron un proyecto de ley para obligar a los policías del MPD a residir en su ciudad, con el objeto de que vivan en las cercanías de su población, el Senado local, bajo la presión del lobby policial, rechazó el texto. En la actualidad, el 92% de los agentes del MPD residen fuera de la ciudad donde trabajan.

Formación violenta

El intendente de Minneapolis tomó la saludable decisión de prohibir los cursos de capacitación que enseñan a los policías a percibir a cada ciudadano negro como una amenaza, un programa de perfeccionamiento muy apreciado por los policías estadounidenses, amparado en el estandarte de la killology (o “asesinismo”), una doctrina con pretensión científica que quiere liberar en el policía las pulsiones predadoras ocultas en cada uno de nosotros. Conquistado por esa visión del mundo, y asqueado por las veleidades de “apaciguamiento” ostentadas por el intendente, Kroll replicó desenvainando su propio programa de formación, financiado por el sindicato, y también inspirado por los puntos de vista penetrantes de la killology. Desde su punto de vista, la política de apaciguamiento no puede aplicarse al MPD. Kroll sostiene: “No está en su naturaleza. Ustedes quieren enseñarles a retroceder y eso justamente no es natural. Todo el estrés viene de ahí, de esos policías que no tienen márgenes para atrapar a alguien y decirle: ‘No, te tranquilizás o te meto en la cárcel o incluso, si es necesario, utilizo la fuerza’” (3).

Kroll calificó a George Floyd de “criminal violento” y acusó a los manifestantes de pertenecer a un “movimiento terrorista”. Sus tropas le profesan una fidelidad sin límites. Fue cómodamente elegido en las últimas elecciones sindicales, ya que nadie se atrevió a presentarse contra él, y él mismo designó a su sucesor. El apego de los policías al patrón de su sindicato radica en el hecho de que éste cubre sus espaldas en todas las circunstancias, incluso en caso de acciones más brutales o mortíferas, como es usual en todos los sindicatos de policía del país. Es la razón por la cual varias centrales de trabajadores grandes, en Minnesota y en otras partes de Estados Unidos, directamente desaprobaron a los sindicatos de policías, en línea con el movimiento de solidaridad con George Floyd. Los lazos de complicidad orgánica entre el MPD y el sindicato, sumados al hecho de que éste representa indefectiblemente a los policías, ya que votan por él, recibieron poca atención en la urgencia del momento. Kroll está cerca de jubilarse, pero la cultura de la fuerza que impregna su sindicato perdurará, tanto en Minneapolis como en otras partes, mientras no se extirpe de los servicios de policía su inclinación por la violencia coercitiva y los prejuicios racistas.

Personas descartables

¿Y ahora? Desde el estallido de los últimos días de mayo, emergió en Minneapolis un movimiento liderado por militantes y representantes que aboga por el “desfinanciamiento” (defund) de la policía. En base a este apelativo mal definido, algunos entienden la idea de cortar una parte de los fondos asignados a las fuerzas del orden para reasignarlos a servicios sociales y a programas de apoyo –sobre todo a personas sometidas a trastornos psiquiátricos– bajo la égida de la community (“comunidad”), o de consejos barriales, cuya vocación sería hacerse cargo de una parte de las atribuciones hasta entonces reservadas al MPD. No obstante, este seguiría ocupándose de los crímenes y de los hechos de delincuencia violenta. Otros dan al “desfinanciamiento” un sentido más radical: disolver el MPD y reconstruir algo nuevo, ambición que siembra a la vez el entusiasmo (un poco) y la inquietud (mucho) en los condados blancos de Minnesota.

Otra consecuencia de las manifestaciones, instituciones importantes como la Universidad de Minnesota, las escuelas de Minneapolis o los parques públicos de esa misma ciudad rompieron sus contratos de asociación con el MPD. Los policías que garantizaban la seguridad en los establecimientos escolares o en acontecimientos deportivos universitarios pierden así un complemento apreciable a sus ingresos, puesto que esas tareas a menudo eran efectuadas fuera de las horas de servicio. Considerada muy insuficiente por los militantes, esa ola de repudio institucional, inédita, no dejó sin embargo de tomar por sorpresa a todos los observadores. Sus efectos no serán desdeñables. Si quieren restaurar sus fuentes de ingresos, los policías podrían mostrarse más inclinados a aceptar los cambios que Kroll combatía con tanto ardor, sobre todo en momentos en que el MPD y el sindicato deben renegociar su convenio.

Por último, el gobernador del estado encomendó al Departamento de Derechos Humanos una investigación sobre las sospechas de prácticas discriminatorias para con las personas de color en el MPD. El Departamento tendrá autoridad para ordenar cambios específicos, incluso para tomar temporariamente el control de la policía y del sindicato.

Es extremadamente raro que policías que mataron a ciudadanos afroamericanos sean condenados en los tribunales, por la simple razón de que en Estados Unidos, como lo recuerda el movimiento Black Lives Matter, la vida de los negros carece de importancia. La lista de las víctimas no concluirá con George Floyd: otros nombres ya vinieron a añadirse, como el de Rayshard Brooks, asesinado por un policía de Atlanta tras haber sido interpelado por haberse dormido en su auto. Pero no se trata de un fenómeno exclusivamente estadounidense. Ya sean los negros en Estados Unidos, los migrantes en Europa, los indígenas o los sin techo en otros países, la combinación del capitalismo moderno y de un nacionalismo reavivado alteró nuestra definición de la ciudadanía y de los derechos que la fundan, creando categorías de personas descartables a las que el Estado puede quitarles la vida sin levantar polvareda. Los grupos a quienes se toma por blanco van a ser desacreditados como asociales, condenados a ser echados de las calles cuando se trate de los que no tienen domicilio fijo, considerados inasimilables en el caso de los refugiados o como un enemigo interior que desafía el orden dominante en el de las personas de color.

Es la razón por la cual el video de Derek Chauvin aplastando el cuello de George Floyd durante una eternidad corre el riesgo de no ser suficiente para acarrear la condena del policía y de sus tres acólitos. Una infracción antigua, huellas de droga descubiertas en su organismo en la autopsia, una actividad potencialmente delictiva, como la supuesta utilización de un billete falso o la venta de cigarrillos de contrabando, puede bastar para metamorfosear a la víctima en culpable a los ojos de la mayoría blanca. Un hombre negro con antecedentes penales por uso de estupefacientes –una desventaja muy común desde el auge de la guerra contra las drogas–, o por la falta de pago de una contravención, se presumirá indigno de compasión o de justicia en caso de muerte violenta. En el caso de George Floyd, el desenlace del proceso dependerá probablemente de la composición del jurado. Incluso en la hipótesis de una condena de los cuatro policías, una parte de la izquierda blanca y el conjunto del campo conservador esgrimirán la tesis de la manzana podrida para salvar al resto del canasto. Se lanzarán llamados solemnes a la restauración de la confianza hacia la policía que, después de todo, no hace tan mal las cosas para proteger el bienestar de las clases medias y altas blancas. Desde ese punto de vista, tal vez Minneapolis no esté tan alejada como se piensa de Nueva York, París, Sidney o Río de Janeiro.

1. Conferencia de prensa del gobernador Tim Walz, 31-5-20.
2. Citado en David K. Li, “State of Minnesota files civil rights charge against Minneapolis police department”, NBC News, 2-6-20.
3. Citado en Ryan Grim y Aída Chávez, “Minneapolis police union president: ‘I’ve been involved in three shootings myself, and not a one of them has bothered me’”, The Intercept, 2-6-20, www.theintercept.com

Traducción: Víctor Goldstein