La deuda odiosa de la dictadura

En marzo de 1976 Argentina era el único país latinoamericano que no había entrado en la borrachera de la deuda, pero la dictadura rápidamente lo subsanó. Aunque ya varios países habían caído en cesación de pagos, como Perú, Zaire y Turquía, el gobierno de facto y sus prestamistas ignoraron estas señales de peligro y emprendieron juntos el camino de la deuda, con cargo a una población sometida al terrorismo de Estado.

Entre 1976 y 1983, la deuda externa argentina se multiplicó por seis: pasó de 7,8 mil millones de dólares a 46,5 mil millones, sumando los atrasos de intereses y la deuda militar, según cálculos del Banco Mundial. Más o menos, porque nunca se supo bien la cifra exacta, ni de la deuda pública ni de la privada. Aunque todo el endeudamiento del sector público debía aprobarse previamente por el Ministerio de Economía y el BCRA, las estadísticas de la deuda compiladas por este último guardaban diferencias inexplicables con todos los demás registros y estimaciones y con el balance de pagos, elaborado también por el Banco Central de la República Argentina. Peritos judiciales, funcionarios, economistas de izquierda y derecha señalaron la información deficiente sobre la deuda externa, y el gobierno posterior a la dictadura inició una investigación en 1984 que derivó en vía muerta dos años más tarde.

Las discrepancias eran tan grandes que no podían obedecer a errores o diferencias metodológicas, sino que en las estadísticas de la deuda faltaban entradas y salidas importantes, no declaradas o no registradas. Por ejemplo, el ex ministro de Economía (29/03/1976-29/03/1980) José Alfredo Martínez de Hoz afirmó que la deuda externa incluía 4.000 millones de dólares ya pagados, que seguían apareciendo como pendientes. Y sobre un aumento de la deuda de 26,2 mil millones de dólares en 1979-1982, los peritos de la legendaria causa judicial iniciada por Alejandro Olmos encontraron diferencias superiores al 30%, demasiado grandes para ser casuales.

Préstamos pagados que no se descargaron, fuga de capitales a través de autopréstamos que quedaron registrados como deudas, transferencias camufladas entre compañías extranjeras y sus filiales, compras militares secretas, exportaciones subfacturadas, importaciones sobrefacturadas, son algunas de las posibles causas señaladas de las discrepancias de las entradas y salidas de divisas por deuda y otros conceptos del balance de pagos, que nunca se aclararon.

Según uno de los testigos de la causa Olmos, funcionario del BCRA durante la dictadura, prevaleció el criterio de “anotar las colocaciones en una libreta negra”. El BCRA también llevaba actas sobre reuniones secretas, que aunque fueron reveladas no resolvieron el registro de la deuda. En definitiva, pese a que los jueces consideraron probada la ilegitimidad de buena parte de la deuda externa argentina contraída por la dictadura, las cifras que los gobiernos subsiguientes, los bancos acreedores y el FMI tomaron como base para las renegociaciones, canjes, cálculo de atrasos, intereses, cargos y demás, son las que el BCRA estimó año tras año durante el gobierno militar, con un reajuste para las cifras de 1983, realizado por el gobierno de Raúl Alfonsín que asumió el 10 de diciembre. Este realizó un censo de la deuda externa en el que se recibieron 52.824 declaraciones juradas del sector privado y 159 del sector público, que fueron revisadas por el BCRA.

De estas cifras surge que la dictadura aumentó la deuda externa pública 7,4 veces, mientras que la deuda externa privada subió 3,7 veces y empezó a reducirse desde que en 1982 el BCRA comenzó a estatizarla para salvar a las empresas.

Fuente: Elaborado con datos del BCRA y Banco Mundial.

Dos etapas

Dos etapas principales se diferencian en la formación de la deuda externa pública en la dictadura. La primera, de 1976 a 1980, corresponde al endeudamiento del Estado nacional y de las empresas y entes estatales. En la segunda, de 1981 a 1983, el Estado, además de seguir tomando deuda, se hizo cargo de la del sector privado a través de distintos mecanismos.

El endeudamiento atravesó los principales hitos del período. El primero fue el lanzamiento del plan económico el 2 de abril de 1976, basado en la subsidiariedad y reducción del Estado, la supremacía del mercado y la apertura de la economía. La reforma de junio de 1977 generó las condiciones para la hipertrofia financiera a través de la nueva normativa para las entidades y la liberación de los movimientos de capitales y de las tasas de interés, que volaron por las nubes. El plan de la tablita cambiaria vigente desde enero de 1979 a marzo de 1981 aceleró y generalizó el clima especulativo. En ese lapso estalló la crisis bancaria de 1980, el déficit comercial se exacerbó y empezó la cuenta regresiva del plan económico y del endeudamiento fácil. Ya con dificultades de pago, en julio de 1981 el BCRA implementó las primeras medidas para estatizar la deuda privada, proceso que continuó hasta 1988.

En 1982 el gobierno no tenía ni conseguía dólares suficientes para atender la deuda, y los atrasos se acumularon. Tras la guerra de Malvinas comenzaron las negociaciones con el FMI y los bancos acreedores para reprogramar los vencimientos y reducir los atrasos, y se acordó el primer paquete de refinanciamiento. Pero en octubre de 1983 el FMI suspendió el stand by y el conjunto de las negociaciones quedó en el limbo hasta la asunción del gobierno de la democracia presidido por Raúl Alfonsín, que recibió una herencia pesada de verdad.

El oscuro ciclo de Martínez de Hoz

El 26 de marzo de 1976, dos días después del golpe, el FMI dio el puntapié inicial del endeudamiento argentino al autorizar un retiro de 110 millones de degs (unos 126 millones de dólares), a través de una línea de financiamiento por la caída de las exportaciones. Este desembolso, muy necesario para las agotadas reservas del BCRA, fue denegado semanas antes al gobierno peronista.

Pronto llegaron los préstamos de la banca internacional y sus petrodólares. En abril, un consorcio de bancos comerciales prestó a la Argentina 300 millones de dólares, por un plazo de seis meses, y prorrogó vencimientos por 350 millones. Las reservas comenzaron a crecer rápidamente con los dólares prestados y con el superávit comercial originado en la caída de las importaciones en 1976 (-23%) y el alza de las exportaciones (32%). Los fondos llegaban fácilmente porque los bancos necesitaban prestar, aceitados por los vínculos del ministro de Economía con el establishment financiero internacional, y por la confianza en la capacidad de la dictadura de consolidar el sector externo imponiendo el disciplinamiento social para comprimir el consumo, como efectivamente hizo al liberar los precios y congelar los salarios. Estas medidas redujeron los salarios reales a la mitad.

Fuente: Elaborado con datos del INDEC.

El gobierno duplicó el endeudamiento público en moneda extranjera en sus primeros dos años, y aplicó esos fondos a pagar vencimientos e intereses de obligaciones financieras, a financiar el déficit de las empresas estatales, que no requería dólares sino pesos, y a aumentar las reservas del Banco Central, creando una falsa ilusión de solidez del sector externo. A fin de 1978 la deuda era de 12,5 mil millones de dólares. De este monto 8,4 mil millones correspondían al sector público, más del doble de los 4 mil millones de dólares de fines de 1975. El resto era deuda de las empresas y bancos privados, que a partir de la reforma financiera de 1977 aceleraron su fondeo en el exterior. La facilidad para ingresar y expatriar capitales y las tasas de interés internas muy superiores a la inflación hacían ventajoso tomar préstamos en el extranjero a quienes tuvieran acceso a ellos.

La deuda subió otro escalón con el plan de la tablita cambiaria. Para combatir la inflación, azuzada con aumentos constantes de tarifas públicas y carta blanca a las grandes empresas formadoras de precios, el Ministerio de Economía estableció un cronograma de devaluaciones decrecientes inferiores a la inflación, que rigió entre enero de 1979 y marzo de 1981. En ese lapso, la inflación (385%) superó sustancialmente la devaluación del peso (101%), el endeudamiento externo público y privado creció 73% y 207%, respectivamente. Esta plétora de divisas sirvió para arruinar a la industria argentina, alimentar la burbuja especulativa y mejorar transitoriamente el clima popular con dólar barato y plata dulce, cuando la destructividad del plan económico y el genocidio ya eran inocultables.

Buena parte del capital ingresado por deuda buscó aprovechar las fabulosas ganancias garantizadas por las tasas de interés siderales y un tipo de cambio prefijado (es decir, mediante la famosa “bicicleta financiera”). Por ejemplo, quien trajera 100 dólares el 2 de enero de 1979, los cambiara a pesos, los colocara en un plazo fijo a 30 días y lo renovara sin retirar los intereses, en un año tendría 184 dólares, es decir que ganaría 84% en dólares. Ninguna inversión productiva podía brindar semejante rendimiento. Y si permanecía hasta el 31 de marzo de 1981 se llevaría 296 dólares, casi triplicaría el capital en dos años y un trimestre. Pero ¿de dónde saldrían los dólares para pagar estas ganancias y las de otras inversiones financieras más sofisticadas, cuando el capital las tomara y emprendiera su retirada? No del comercio exterior, que en 1980 marcó un déficit record por el alza inusitada de las importaciones.

Este fragmento pertenece a Noemí Brenta, Historia de la deuda externa, Capital intelectual, Buenos Aires, 2021. Disponible en librerías y online aquí.