Historia de un largo descontento y un estallido incontenible

Primero. El reclamo policial que explotó en los últimos días en la provincia de Buenos Aires es legítimo. Al igual que otros trabajadores del Estado, los y las policías de la Bonaerense vieron en estos últimos cinco años que sus ingresos perdieron la lucha contra la inflación. Aquí es obligatorio mencionar que la Bonaerense es una institución gigante, con muchísimas diferencias internas. Una de ellas, tantas veces invisibilizada por los espíritus de cuerpo, desnuda que los policías de las jerarquías más bajas tienen salarios raquíticos, mientras que sus superiores tienen salarios holgados. Así, los jefes ganan bien o muy bien (incluso algunos son millonarios por sus negocios espurios), pero la gran mayoría tiene salarios que están muy cerca de la línea de pobreza. Estos últimos son los que reclaman. Y es innegable que una parte de las protestas está vinculada al malestar hacia sus jefes que se llenan los bolsillos… Sobre esto volveremos más adelante.

Pero el reclamo no es sólo salarial; el malestar tiene otras aristas. Las condiciones laborales de la mayor parte de los y las policías bonaerenses son muy malas: patrulleros destartalados, chalecos vencidos, comisarías descascaradas. Además, con muchos ascensos suspendidos, con jefes arbitrarios que deciden destinos y horarios como señores feudales, con una obra social herida de muerte, la situación no es mala, sino malísima. La legitimidad del reclamo es innegable. En este primer punto es necesario pensar la necesidad de trabajar en el bienestar policial más allá de la demanda coyuntural.

Segundo. Un reclamo legítimo hecho por hombres y mujeres que se manifiestan armados pierde su legitimidad. Huele a amenaza.  La memoria de lo acontecido en 2013 está latente y abona estas concepciones. En diciembre de 2013 se suscitaron en varias provincias reclamos salariales de las policías. Las protestas se iniciaron igual que ésta,s llegando al extremo del acuartelamiento y la promoción de saqueos en Córdoba y Tucumán. Lo acontecido en Ecuador y Bolivia también despierta temor. Son procesos diferentes sin dudas, pero la memoria muscular se activa. Más aún cuando los que protestan rodean la quinta presidencial, tocan sus bocinas y hacen sonar sus sirenas. Y lo hacen armados.

Tercero. Los malestares por las condiciones de trabajo son difíciles de procesar para los y las policías de la provincia de Buenos Aires. Al no existir un sindicato policial, no se sabe cómo encauzar actores diversos y desordenados. No tienen ni gimnasia sindical ni representantes legítimos que puedan sentarse en una mesa de negociación. La necesidad de una discusión profunda sobre la sindicalización de las fuerzas de seguridad se vuelve ineludible; sindicalización que permitiría formalizar este tipo de reclamos, institucionalizarlos, darle formas democráticas, ordenarlos. Pero además, y no es un dato menor, la construcción de representaciones limitaría las arbitrariedad de las jefaturas y las enquistadas formas de corrupción. Una representación legitima de los trabajadores y la defensa de sus intereses podría poner un freno a los jefes policiales que manejan a gusto sus cuotas de poder.

Cuarto. ¿Por qué ahora? Si las condiciones laborales de estos trabajadores son malísimas hace muchos años, si no hay nada nuevo, muchos ven con suspicacia el momento de las movilizaciones policiales. Es cierto, y no es menor que la sensibilidad política de gran parte de las y los uniformados bonaerenses no congenia con el color del gobierno local. Pero eso no explica el ahora de la movilización. La movilización tiene dos denominadores comunes: jerarquía y juventud. Son suboficiales jóvenes que refuerzan sus magros sueldos con adicionales que la pandemia suspendió. O sea, hace seis meses que ganan menos plata que antes. Eso explica una parte del ahora. Por otro lado, la pandemia revalorizó sus tareas al ubicarlos como trabajadores esenciales, y eso les da mucha más legitimidad para reclamar. Se reforzaron las nociones de sacrificio, nociones que tienen larga data entre los uniformados que entienden que arriesgan su vida por el bien de la sociedad. El riesgo con la pandemia se potenció, y quienes se movilizan capitalizan ese lugar como trabajadores esenciales. Por último, para explicar el ahora hay que poner sobre la mesa que las medidas sobre seguridad del gobernador Kicillof anunciadas la semana pasada no cayeron bien. Los anuncios de recursos millonarios para el tema de la seguridad sin anuncios para los bolsillos, y el desembarco de las fuerzas federales son motivos más que suficientes para cosechar los malestares de larga data. Y la irrupción de gendarmería y prefectura no sólo cayó mal porque peligran muchos negocios espurios; cayó mal, también, porque el ministro de Seguridad Sergio Berni, entre líneas, les dijo que hacían mal su trabajo y que por ello tenían que convocar a otras fuerzas.

Estos tres elementos pueden explicar el ahora de la movilización, sin olvidarnos que el ahora está fogoneado por rivales políticos y compañeros de ruta que no pierden la oportunidad de llevar agua para su molino. Los y las policías, como todos los actores políticos, se insertan en relaciones que, en este caso, fomentan, potencian y promueven las movilizaciones actuales.

Quinta. La Bonaerense es inmanejable. No hay datos públicos sobre la cantidad de efectivos de la policía de la provincia de Buenos Aires, pero se calcula que tiene más de 90.000. Son, por mucho, la fuerza de seguridad más grande de Argentina. Enormidad que dificulta su administración. Sin embargo, no es sólo su gigantismo lo que la torna inmanejable. Hay dos motivos que se superponen en una idea: la cadena de mando está rota.

La policía es, o mejor dicho debería ser según ellos mismos, una institución vertical y jerárquica donde la voz de los superiores ordena el trabajo y su percepción entre los subordinados. Sin embargo, hace ya muchos años que la cadena de mando está herida de muerte en la Bonaerense. Ahora la autoridad de los jefes policiales no se construye en los saberes policiales: son los negocios y su capacidad de recaudación aquello que define a muchos de los jefes como buenos, generando un descrédito entre los subordinados. De hecho, uno de los puntos repetidos por los manifestantes es dejar “de recaudar para los jefes”.  La corrupción policial, obviamente, no es sólo de la policía; es también jurídica y política, e impide una configuración de modelos legítimos de autoridad. De los 90.000 policías, alrededor de un 75% son suboficiales. Muchos de estos subordinados entienden que el trabajo de sus jefes es “recaudar”; así lo dicen: “un comisario es un recaudador”. Los recaudadores están para sus “tropas” interesados sólo en el dinero. En la percepción de los subordinados la plata es el único interés de las jefaturas y esto los aleja de la comprensión del trabajo “real” en las calles. La imagen que tienen en la cabeza los suboficiales es esta: los jefes corren detrás de la recaudación mientras ellos mueren en las calles ofrendando la vida por la sociedad. Claro que esto es una idealización del trabajo policial, pero no deja de ser efectivo para marcar una diferencia entre los que conducen alejados de las calles y quienes trabajan en el barro.

La cadena de mando está rota. El jefe de la policía, Daniel García, se acercó a una de las manifestaciones, y cuando quiso hablar con sus subordinados lo burlaron y se rieron de él en su cara. Los videos grabados por los manifestantes muestran las risas de los subordinados al dar cuenta del desconocimiento de los motivos de la protesta. El jefe les preguntaba qué querían mostrando la lejanía de los mandos respecto a lo que deben encauzar. Pero, principalmente, el video muestra que no existe autoridad. En una institución como la policial, que se vanagloria de las jerarquías y del respeto a las autoridades, se ríen del jefe. Pero no sólo la cadena de mando está rota porque los jefes no pueden conducir a sus subordinados, también está rota porque los poderes políticos de turno no quisieron –no pudieron– intervenir a la Bonaerense. La historia de idas y vueltas de las reformas sobre la Bonaerense evidencia la dificultad de intervenir en este gigante inmanejable y exhibe las dificultades de la conducción política para enfrentarla. La figura que construyó el actual ministro no colaboró en el logro de estas necesarias reformas, sino que abogó por una hiper visibilización personalista sin conducción de las fuerzas.

Coda. El miércoles 9 de septiembre por la noche, el presidente Alberto Fernández dio una respuesta política al conflicto policial. Decretó quitarle un punto de coparticipación federal a la Ciudad de Buenos Aires para destinarlo a engrosar los salarios de los y las policías. Ahora bien, no se sabe si esto destrabará el conflicto o lo propagará por el resto de los provincias que no se ven beneficiadas con estos fondos para pagarles a sus policías. Si bien la respuesta al conflicto fue política, parece que la amenaza fue efectiva. La moneda sigue en el aire.