Herederos de Stroessner

Lilian Mariana y María Carmen Villalba nacieron en el monte en el norte paraguayo, pero fueron anotadas como ciudadanas argentinas en Clorinda Formosa. Once años después las balas del Ejército del Paraguay las asesinaron en la misma precariedad en la que nacieron, el campamento guerrillero del Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), organización guerrillera de orientación marxista-leninista, que lideran sus padres. Las niñas eran primas y estaban ahí, en Yby Yaú, departamento de Concepción, el pasado 2 de septiembre porque habían ido a conocer vez a sus padres, cuando una patrulla del grupo de élite Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) las acribilló a balazos de armas automáticas.

El presidente Mario Abdo Benítez, hijo de uno de los más fieles colaboradores del dictador Alfredo Stroessner, viajó en helicóptero y se fotografió en el campamento guerrillero con un chaleco dos tallas menos y una pistola colgada en la cintura en lo que pareció un remake local del western spaghetti de los años 80.

–Vine a personalmente a felicitar por este éxito rotundo al personal militar en esta lucha contra estos criminales– dijo mientras que la prensa que lo acompañaba paneaba las armas incautadas y los vestigios de lo que había sido el campamento del EPP. Oficialmente el gobierno informó que habían abatido a dos guerrilleras. Y que entre ellas estaba Magna Meza, mítica integrante de la conducción del grupo insurgente.

Durante las horas siguientes la realidad se encargó de desmontar la versión oficial palabra por palabra. El perito forense Cristian Ferreira de la Fiscalía penal de Horqueta, a cargo de la investigación judicial, dijo el jueves 3 que las fallecidas tenían entre 16 y 18 años, y que no había entre ellas alguna jefa del grupo. Dijo también que las balas habían ingresado desde atrás hacia adelante cuando las víctimas posiblemente escapaban.

El ministro asesor del Ejecutivo, Federico González, unos minutos más tarde admitió que eran jóvenes, pero “integrantes del grupo criminal” y que no habían podido identificarlas.

Paraguayas no eran.

“Pedimos informes a los países vecinos, tenemos sospechas de que puedan ser bolivianas o argentinas”, cerró el Ministro. El presidente Abdo Benítez se llamó a silencio.

El viernes 4 el diario El Territorio informó que las niñas tenían nacionalidad argentina, que residían en Puerto Rico, provincia de Misiones y que tenían 11 y 12 años. María Carmen (Aurorita) era hija de Liliana Villalba y Manuel Cristaldo Mieres y Lilian Mariana hija de Magna Meza y Osvaldo Villalba. Todos integrantes de la conducción del EPP.

Ese mismo día el gobierno argentino confirmó las identidades de las menores y reclamó formalmente al gobierno paraguayo una investigación seria y la identificación de los responsables. Simultáneamente una segunda autopsia hecha en Asunción corroboró lo que ya se sabía, que eran niñas. Y aportó un dato fundamental: las pertenencias de las víctimas habían sido incineradas, incluso las ropas que vestían. “Esto es clave para determinar la distancia de los disparos”, dijo Pablo Lemir, jefe de los peritos forenses de Asunción. La explicación que dio el gobierno fue que decidió la incineración bajo protocolo de la pandemia por Covid- 19.

Familiares de las víctimas denunciaron que fueron torturadas y ejecutadas. La desaparición de pruebas les daba razones. El gobierno paraguayo salió entonces a justificarse diciendo que la culpa era de los padres por llevar a las niñas a ese lugar y exponerlas. El presidente hablaba a través de sus operadores. Hasta el miércoles 9 que una patrulla indígena del EPP secuestró al ex vicepresidente Oscar Denis Sánchez (2012/13) y a su chofer Adelio Mendoza, cuando salía de su estancia en Yby Yaú, a 30 kilómetros del lugar de las muertes de las niñas. Entonces el presidente Abdo Benítez volvió a subirse al helicóptero, voló al mismo lugar, pero esta vez para mostrarse junto a familiares de los secuestrados y a los militares del megaoperativo activado para la búsqueda.

De todo, menos Estado

El Ejército del Pueblo Paraguayo opera en Paraguay con ese nombre desde marzo de 2008. Hay antecedentes que lo ubican como el brazo armado del partido Patria Libre (izquierda) en la década del 90. Tiene tácticas similares a las guerrillas paramilitares de la izquierda latinoamericana de los años 70. Según el gobierno paraguayo, en sus inicios sus miembros recibieron entrenamiento de parte de las FARC de Colombia. Dos de sus máximos líderes, Alcides Oviedo Brítez (un ex seminarista) y su ex pareja Carmen Villalba (tía de las niñas asesinadas) cumplen condena en cárceles de Asunción. En junio del año pasado Oviedo Brítez recibió una segunda sentencia a 40 años de prisión por secuestro, extorsión, extorsión agravada y asociación terrorista por el rapto de un joven que ocurrió cuando el acusado estaba preso.

Su zona de influencia es el noreste de la región oriental del país, entre los departamentos de Concepción y San Pedro. En esa área conviven pequeños cultivadores de marihuana; brazos de organizaciones criminales con base en Brasil, como el PCC y el Comando Vermelho; narcotraficantes de alta escala que venden cocaína, armas y cigarrillos; el Ejército del Pueblo Paraguayo; los grandes pools de agronegocios; pequeños campesinos y comunidades indígenas. Se estima que el EPP tiene entre 50 y 150 integrantes.

“Allí hay de todo menos Estado. La seguridad, la justicia, la redistribución de la riqueza y los servicios sociales básicos están en manos privadas. Para sobrevivir en esa zona, hay que contar con la protección de alguno de esos factores de poder. El EPP es uno de ellos. Por eso, por temor o convicción, cierta parte de la población local sigue dándole protección y apoyo logístico”, dijo el periodista asunceno Alfredo Boccia Paz.

El último informe del Banco Mundial con datos de fines de 2019 (antes de la pandemia) indica una tasa de pobreza en Paraguay del 23,5%, con 1,6 millones de personas por debajo del umbral oficial de pobreza.  La pobreza rural es más alta, de un 33,4%, a pesar de los ingresos laborales estables en la agricultura de los últimos años, que concentra casi la mitad (0,6 millones) de los trabajadores rurales, en su mayoría informales.

Las remesas familiares de los paraguayos en el exterior son uno de los principales ingresos de divisas que tiene el país, detrás de la exportación de cereales, carne vacuna y energía eléctrica.

Son niñas y argentinas

Lilian Mariana y María Carmen fueron inscriptas en el Registro Civil de Clorinda, Formosa en junio de 2010. Los DNI dicen que Lilian había nacido el 29 de octubre de 2008 y María Carmen el 5 de febrero de 2009.

En marzo de ese año los familiares de Carmen Villalba –que ya cumplía condena desde 2005 junto a su esposo, Alcides Oviedo Brítez por el secuestro de María Edith Debernardi– se mudaron a esa provincia argentina bajo el argumento de que eran perseguidos en Paraguay por portación de apellido.

El grupo familiar estaba encabezado por Mariana de Jesús Ayala López (76) –madre de Carmen Villalba– dos hijas y nietos. Un integrante del grupo era Néstor Oviedo Villalba (12), único hijo varón de Carmen y Alcides. El adolescente murió el 29 de mayo de ese 2010 en Formosa por causas nunca establecidas. La familia dijo que fue envenenado por hombres del gobierno. Tres días después, el 1° de junio fueron inscriptas Lilian Mariana, como hija de Miriam Villalba y María Carmen, como hija de Laura Villalba, las dos hermanas de Carmen.

Pero en realidad Lilian Mariana era hija de Osvaldo Villalba, comandante Alexander, líder actual del EPP, y Magna Meza, y María Carmen es hija de de Lilian Villalba y Manuel Cristaldo Mieres, jefes actuales de la guerrilla. Esta información fue confirmada a este periodista por Genoveva Oviedo Brítez, docente jubilada hermana de Alcides Oviedo Brítez, líder fundador del EPP, que se definió como tía política de las pequeñas.

Todos los Villalba acá mencionados son hermanos. Y es una de las características del EPP: la conducción está en manos de los familiares de los fundadores; los unen lazos de sangre.

Miriam Villalba, abogada, legalmente madre de Lilian, se convirtió en virtual vocera de la familia después de las muertes de las niñas. Dijo que estaban viviendo en Puerto Rico desde 2011 después de que su sobrino fuera envenenado en Clorinda en 2010.

¿Qué hacían las niñas en Paraguay con la guerrilla?, fue la pregunta que más veces tuvo que contestar esa semana.

–Querían conocer a sus padres. Viajaron a fines de noviembre del año pasado, después de terminar las clases y no pudieron regresar por la pandemia y el cierre de frontera– explicó Miriam.

Su madre Mariana de Jesús Ayala López, en declaraciones que recogió el Equipo Misionero de Derechos Humanos, Justicia y Género que le asiste desde entonces, afirmó lo mismo: “Es un momento muy difícil, muy duro para nosotros porque nuestras niñas querían conocer a sus padres”.

En eso estaban en un campamento en el monte de Yby Yaú cuando las sorprendió el grupo de élite de la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) integrada por militares y policías con un presupuesto de 14 millones de dólares anuales. El gobierno habló de enfrentamiento. Pero las únicas que murieron fueron las dos niñas de 11 años. ¿Por qué no hay ningún otro guerrillero herido o muerto?

Se manejan dos hipótesis: la primera, que por la falta de entrenamiento y por desconocer el entorno del monte, las niñas no pudieron escapar con los otros integrantes del grupo y fueron alcanzadas por los militares. La segunda es más cruel: que los guerrilleros decidieron dejarlas, porque eran niñas, con la esperanza de que los militares las atraparan y cuando tomaran conocimiento de que eran argentinas las regresaran con su familia a ese país.

Miriam Villalba fue más lejos. Denunció públicamente que las menores fueron torturadas y ejecutadas por los hombres del FTC y bajo esa figura llevará el caso ante la Corte Internacional de la ONU (ver recuadro).

Denuncia ante la Corte Internacional

La abogada Miriam Villalba, madre de una de las niñas argentinas asesinadas en Paraguay, mantuvo una reunión vía Zoom con técnicos de la Cancillería argentina para ajustar detalles del pedido para que el Equipo Argentino de Antropología forense intervenga en el caso. La idea es que los especialistas realicen una nueva autopsia a los cadáveres de las pequeñas que fueron inhumadas en el cementerio de Lima, departamento de San Pedro en el norte paraguayo.

Villalba tiene la asistencia de la Asociación Gremial de Abogados y Abogadas de Argentina que llevará el caso ante la Corte Internacional de Justicia de Naciones Unidas. Por ello es clave la intervención del Equipo Argentino forense, dado que la familia duda de las pericias realizadas por la justicia paraguaya y considera además que el gobierno del vecino país pretende encubrir lo que ocurrió realmente el 2 de septiembre.

En cuanto a la situación de la familia en Misiones, Miriam Villalba fue recibida por la ministra de Derechos Humanos de la provincia, Graciela Leyes, a quien pidió asistencia y denunció el acoso de efectivos de fuerzas de seguridad que según ella anduvieron haciendo preguntas, después del hecho, en la escuela donde estudiaban las niñas y en la zona donde residen.

“Queremos llevar una vida tranquila y con seguridad para los niños y mi madre que es una mujer mayor”, dijo después de la reunión.