¿Existe el país feudal?

En septiembre de 2015, a dos semanas de las elecciones en la provincia de Tucumán que terminarían consagrando gobernador al candidato peronista Juan Manzur luego de acusaciones de fraude y “feudalismo” por parte de la oposición representada por el candidato radical José Cano, el diario La Voz del Interior se preguntaba si en las provincias argentinas aún existía realmente el feudalismo, en referencia a la calidad institucional de las provincias y “a la idea de una sociedad empobrecida, vulnerable al clientelismo de un poder político que se perpetúa en el poder” (1).

Para responder a este interrogante, armó un “índice de feudalidad”, en base a unas variables “dictadas por el sentido común”, representativas del “grado de dependencia de la población” y “el riesgo de perpetuación política”. A partir del puntaje resultante de cuatro indicadores: porcentaje de empleados privados en blanco (“vulnerabilidad”), gasto público per cápita (“poder de fuego”), normas electorales y alternancia política desde 1983 (“cristalización”) construyó un “ranking feudal”, en el que Formosa, Catamarca, La Rioja, Chaco, La Pampa y Santiago del Estero aparecen como las provincias más atrasadas, mientras que Santa Fe, Mendoza, Buenos Aires, Córdoba, la Ciudad de Buenos Aires y Río Negro se destacan por su “modernidad”. Un mapa polémico, falto de matices, cuyo valor reside en plantear el debate acerca de los avances de la democratización en las provincias en los últimos treinta y cuatro años.

Necesidades básicas insatisfechas
En porcentaje de población, 2010

En efecto, para Jacqueline Behrend, investigadora del CONICET, en un país federal con distintos niveles de gobierno y autonomía política, “la transición a la democracia a nivel nacional no significó necesariamente una democratización del poder político a nivel provincial”: sólo estableció un “piso mínimo” (2). En algunas provincias, los gobernadores electos en 1983 pertenecían a familias tradicionales de la política local y afianzaron aun más su poder: los Saadi en Catamarca, los Romero Feris en Corrientes o los Saá en San Luis. En otras, como los Juárez en Santiago del Estero, se trataba de caudillos. Pero en los casos en que fueron expulsados del poder por intervenciones federales o el descontento popular, los reemplazaron nuevas dinastías. En otras provincias, como Santa Cruz o San Juan, las familias políticas surgieron después de 1983. Mientras que en Formosa, la provincia con mayor porcentaje de hogares con necesidades básicas insatisfechas del país, el gobernador Gildo Insfrán lleva veintidós años en el poder  (más ocho como vicegobernador) (artículo de 2017), tras ganar seis elecciones con amplias brechas de votos.

Pero la alternancia o las dinastías no son por sí solas sinónimos de democracia u autoritarismo. Behrend propone entonces evaluar la calidad de las instituciones en las provincias a partir de la competitividad y el pluralismo electoral; el desempeño en derechos humanos; la democratización de las policías; el acceso al poder judicial y su independencia; la concentración económica y mediática.

Empleo público
Participación sobre el empleo total, en %, 2013

1. “Formosa y Santa Fe, en las puntas del ‘feudo’”, La Voz, 6-9-15.
2. Jacqueline Behrend, “La democracia en las provincias: un balance de tres décadas”, Voces en el Fénix, N° 31, diciembre de 2013.

Este artículo forma parte de “El Atlas de la Argentina”

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