Ecuador: la derecha radicalizada

Este domingo se concretará la tercera postulación presidencial consecutiva de Guillermo Lasso. Accionista mayoritario de uno de los bancos más grandes del país, supernumerario del Opus Dei, cercano a José María Aznar y Vargas Llosa, Lasso se presenta como el arquetípico político-empresario ultra rico que las izquierdas adoran tener como adversario en tiempos de campaña. Al colocarlo como una suerte de (anti) fetiche, sin embargo, la crítica democrática tiende a reproducir una imagen congelada de la lucha política, y a perder de vista las transformaciones vividas por la derecha criolla en su súbito ascenso al poder durante el mandato de Lenín Moreno (2017-2021).

En particular, en el marco de la acumulación de poder conquistado en este cuatrienio, la derecha ecuatoriana conoce su momento de mayor radicalidad desde el retorno democrático de 1979. La conversión programática del presidente exacerbó en las derechas las expectativas de ir más allá de la des-correización del Estado –condición fundante que las elites pusieron a Moreno a cambio de su respaldo– y acelerar la realización de un conjunto de reformas pospuestas, al menos, desde el ciclo de dominio de los “chicago boys” entre 1992-1996. El dramático aterrizaje de la Covid-19, y la propensión del gobierno a gestionarlo bajo un estado de excepción permanente, ampliaron las opciones para materializar tales expectativas. Bajo confinamiento y desmovilización social, la agenda promercado llegó más lejos que nunca. Los atisbos de resistencia han sido regularmente procesados con enormes dosis de violencia política y escaso apego al estado de derecho. Su vigente radicalización problematiza, pues, la confluencia entre un vertiginoso reformismo de mercado y tendencias autoritarias en la acción gubernativa de las derechas del siglo XXI.

Semejante cuadro aproxima el caso ecuatoriano a los debates globales sobre el auge de las derechas extremas a nivel global. Si Trump, Bolsonaro o el uribismo confirmaron la confianza social de sus proyectos en las urnas, cabe preguntarse por el potencial de la derecha ecuatoriana para, a la inversa, obtener legitimación democrática de políticas ya instaladas en el Estado luego de su asalto al poder.

La ampliación

En los últimos años del mandato de Correa, el trabajo político de las derechas tendió a extenderse de sus habituales prácticas y espacios de acción. El despliegue cupular y mediático se acompañó del recurso a la movilización y del acercamiento a los circuitos de la sociedad civil. Ésta era invocada no sólo como fuente de resistencia al Estado populista, sino como espacio de administración de problemas públicos que el aparato estatal no resuelve. En el terremoto de 2016 tomó vuelo incluso la tesis libertaria de que la participación social podía sustituir al Estado en la gestión de la catástrofe (1).

En ese clima, la iniciativa oficialista de enmendar la Constitución para permitir la reelección indefinida crispó los ánimos del campo liberal y las derechas. Percibían una sociedad asfixiada por un híper liderazgo con voluntad de perpetuarse. Los llamados a la movilización se multiplicaron mientras se activaba una Consulta Popular contra la reelección. El colectivo Compromiso Ecuador liderado por Lasso ganó visibilidad y lideró la lucha (2) contra “la concentración de poderes”. La defensa de las instituciones democráticas renovaba la narrativa de la derecha criolla. Desde allí desplegó su voluntad de incluir a sectores más amplios, y así Compromiso Ecuador ganó adhesiones sociales y políticas (3). La explícita batalla en (por) la sociedad civil ampliaba la comprensión de lo político en las derechas.

Si cada sector tenía malestares específicos contra el gobierno –el sindicalismo protestaba contra reformas a la seguridad social, las clases altas contra el impuesto a las herencias, etc. –, la adopción de la “cuestión democrática” desde la derecha la desplazaba de su redil anti-estatista y le permitía convocar a fuerzas sociales ajenas a su espacio. El gobierno quedaba además desacomodado en relación a su habitual discurso. Las proclamas contra los adalides del libre mercado parecían no funcionar cuando aquellos hablaban de democracia y defendían los candados que la Constitución –propulsada por la propia Revolución Ciudadana (RC) – había colocado contra la reelección.

Para las presidenciales de 2017 todos los intentos de unificación de las fuerzas anti-correístas fueron conducidos por derecha. La confraternidad de quienes tienen un mismo adversario licuaba la especificidad de las identidades políticas en extrañísimas alianzas. Lasso y Jaime Nebot, el poderoso alcalde de Guayaquil, lideraron las coaliciones más ambiciosas. Lasso sentó en su mesa a socialdemócratas, militares, indígenas, anti-mineros, etc. Todos ellos lo apoyarían en el ballotage de 2017.

La derecha en el gobierno

El mini-ciclo de movilización de 2015-2017 obtuvo el retiro de la Ley de Herencias –primera gran derrota de Correa desde los inicios de su mandato–; forzó la decisón oficialista de postergar la vigencia de la reelección indefinida para los comicios posteriores a 2017, y condicionó la nominación de Moreno como candidato de la RC (4). En efecto, aunque Correa asuma como su mayor error la designación de Moreno, lo cierto es que el ascenso de una derecha radicalmente movilizada contra el Estado-popular-redistributivo frenó las opciones de sucesión desde la izquierda de Alianza País (AP). Mientras, las acusaciones de corrupción en altas esferas impedían una sucesión desde el entorno de confianza del líder (“correísmo conservador”). La opción Moreno se impuso como alternativa última de un movimiento emergido mientras gobernaba.

La ruta de la des-correización estaba abierta. Frente a una derecha en nítido registro ideológico, Moreno ofrecía diálogo y evitaba mencionar reformas incómodas para los grandes intereses. Los evidentes límites del candidato exigieron un despliegue mayor del partido y del propio Correa en medio de la campaña más hostil que pueda recordarse. AP no pudo imponerse en primera vuelta. En el ballotage de abril de 2017, cinco de los seis candidatos derrotados apoyaron a Lasso. Pachakutik (brazo electoral del movimiento indígena) no fue la excepción. El anti-correísmo tomaba forma coalicional. Su relato aludía a la conducta ímproba del candidato a vicepresidente (J. Glas) y enfatizaba en el bloqueo de los órganos de control en tiempos de presidencialismo reforzado. Lasso blandía tales argumentos y remarcaba –al igual que en 2021– la oferta ortodoxa: austeridad, privatizaciones, eliminación de impuestos, tratados de libre comercio, etc. Aunque la ampliación de la derecha le valió un exponencial crecimiento electoral entre la primera y la segunda vuelta (de 28 a 49 puntos), Moreno se impuso. La estrecha diferencia activó una inmediata llamada de Lasso a la movilización general tras denunciar fraude.

Las recientes imágenes de las huestes de Trump tomando el Capitolio o las estampas de la oposición boliviana saqueando las oficinas de la autoridad electoral (2019), tuvieron su lejano precursor (2017) en las calles quiteñas aledañas al Consejo Nacional Electoral (CNE). Miles de simpatizantes de Lasso paralizaron la capital durante días luego de rodear el Consejo exigiendo el recuento total de los votos. Al igual que en Washington o La Paz, sin embargo, las pruebas que el candidato exhibía para fundamentar su denuncia eran inconsistentes o inexistentes. Aún así, el CNE efectuó un recuento parcial de la votación a fin de reducir la beligerancia lassista en las calles. Los resultados iniciales fueron ratificados. La apertura de las urnas, la certificación de los resultados por observadores internacionales (incluso por la inefable OEA) y las dudas de los propios aliados (5) no fueron suficientes para persuadir a buena parte de la derecha de la ideoneidad del proceso. Lasso nunca reconoció la victoria de Moreno y sus huestes radicalizaron su discurso de odio ante la vitalidad del correísmo. El violento desconocimiento de la voluntad popular encendía las alarmas democráticas.

La tesis del fraude hizo eco en las grandes corporaciones mediáticas y operó como recurso para debilitar al nuevo gobierno. Moreno internalizó la idea de su precaria legitimidad y, en el marco de su convocatoria a un diálogo nacional, asumió progresivamente la agenda y el discurso de las derechas. La activación de la maquinaria mediático-judicial para, a la vez, destruir el prestigio del expertocrático ciclo correísta y multiplicar la apertura de expedientes contra el ex presidente y figuras de su entorno, sintonizaba con la aspiración de las élites a poner fin al “ogro populista”. Como operación política, la anti-corrupción conseguía engarzar ambos elementos. La destitución y el apresamiento de Jorge Glas –vicepresidente electo y próximo a Correa– era un invaluable trofeo para la empresa morenista de ganar la confianza de los poderosos. El pleno dominio sobre las instituciones de control y de justicia era condición fundante de mayor eficacia en tal propósito. La Consulta Popular de 2018 tenía ese fin: destituir a las autoridades estatales que habían sido electas a instancias de la eventual influencia del ex presidente y dar de baja algunas de sus decisiones emblemáticas (eliminar el impuesto a la plusvalía y la reelección). Los funcionarios cesados fueron reemplazados por figuras insignes del anti-correísmo. En medio de una enorme arbitrariedad institucional, se resolvía así la distribución de poder en el bloque gobernante.

La Revolución Ciudadana operaba como única fuerza de oposición, aún cuando el nuevo CNE hubiera bloqueado varias veces la inscripción de su nuevo instrumento electoral. Ante la implosión de AP, las derechas y Pachakutik daban gobernabilidad parlamentaria al gobierno. Los puestos clave del gabinete eran ocupados, a su vez, por delegados de los grupos económicos y figuras de la derecha. Mientras, la alta sociedad civil –ONG, fundaciones– y el poder mediático celebraban la judicialización del correísmo. La anti-corrupción operó como el principal mecanismo de legitimación del giro neoliberal. El nombramiento del presidente del Comité Empresarial Ecuatoriano como ministro de Economía (mayo 2018) selló el pacto de dominación que ha sostenido a Moreno.

 Radicalización         

Capturado el poder institucional, restaba a las derechas formatear la agenda pública a instancias de sus más caros intereses. La aprobación de la Ley de Fomento Productivo (agosto 2018) fue la primera medida del delegado empresarial en Economía. La normativa es el instrumento más consistente y agresivo planteado en Ecuador con la perspectiva de sostener a las élites y reencuadrar una sociedad de mercado (6): sancionó la austeridad, golpeó derechos laborales, facilitó una enorme apropiación de rentas a grupos económicos (perdonó 55% de sus deudas a los 50 mayores deudores tributarios) y, sobre todo, desmontó los instrumentos maestros del Estado desarrollista-distributivo.

La firma del acuerdo con el FMI (inicios de 2019) vigorizó la política ortodoxa. El acuerdo, no obstante, solo fue discutido con el empresariado. El parlamento ni si quiera fue consultado. La Corte Constitucional tampoco dio su aval. Se saltaron todos los filtros del debate democrático. La falta de acceso a las instituciones eleva las oportunidades para la política contenciosa. Así fue.

El decreto 883 (acordado con el FMI), que eliminaba el subsidio a los combustibles, demolió el apoyo que ciertas organizaciones aún brindaban al gobierno. Hasta entonces el ajuste había avanzado con la solitaria oposición de la Revolución Ciudadana –aún al costo de un mayor acoso político-judicial a sus cuadros–. La firma del 883 implosionó cualquier rasgo consensual del giro neoliberal. El retorno del movimiento indígena a las calles fue particularmente llamativo. Algunos de sus dirigentes habían colaborado con Moreno. Aun así, el régimen no intentó acercamiento alguno. La declaratoria de estado de excepción apenas se inició la protesta y cuando no había mayores altercados prefiguró el colosal despliegue de violencia por venir. La más grande revuelta popular del siglo XXI (octubre 2019) fue repelida con toda la fuerza en nombre del combate al enemigo interno. El inusitado despliegue militar se justificó como respuesta a un supuesto intento golpista: el Gobierno desconoció siempre la legitimidad de la resistencia, judicializó a líderes indígenas y encarceló a la dirigencia correísta por delitos de sedición nunca probados. Los presos políticos completaron el cruento balance del Paro de Octubre: 11 fallecidos, 1.340 heridos, 1.192 detenidos (80% de forma ilegal), falsos positivos. Aún así la derecha cerró filas con Moreno y exigió todo el rigor necesario para preservar el orden. Nebot habló incluso de establecer “ejércitos patrióticos” para resguardar Guayaquil del asedio indígena (7).

La fase puramente violenta del ajuste apenas arrancaba. Con la veloz expansión de la Covid-19 se puso a prueba la disposición del bloque gobernante de priorizar la salud pública sobre sus metas de austeridad. El anuncio de que el “paciente cero” había ingresado a Guayaquil a inicios de marzo 2020 no alteró, sin embargo, la ruta económica. Si Perú destinó 11,1% del PIB para encarar los efectos del virus, en Ecuador dicha cifra no llegó al 1% . La inercia fiscalista profundizó el desastre sanitario: el país registra una de las cifras más elevadas de muertes en exceso a nivel global (8).

No solo eso. La pandemia fue percibida por el bloque de poder como una ocasión para relanzar reformas atascadas. Así, se liberalizaron los precios de los combustibles –aquello que la revuelta de octubre había impedido– y se aprobó la llamada “Ley Humanitaria” (junio de 2020) que redobla el poder de los empleadores y profundiza la precarización laboral bajo el discurso de “cuidar el empleo” en pandemia. Prosiguieron además pagos de la deuda externa, recortes presupuestarios, reducción de la burocracia (incluso en el sector salud) y disminución salarial. Los escándalos de corrupción (reparto de hospitales a cambio de apoyo parlamentario, repartición de vacunas entre familiares de funcionarios, etc.) completaron el cuadro de devastación de los derechos de las mayorías. Lasso creó un fideicomiso (https://www.salvarvidas.ec/) para donar, desde la sociedad civil, recursos e insumos de atención hospitalaria.

El neoliberalismo siempre entendió el hundimiento del Estado social como mecanismo que despolitiza y descolectiviza la vida. En Ecuador, la derecha radicalizada ha llevado al límite dicha apuesta aún en tiempos de pandemia. La sociedad, sometida a niveles de padecimiento sin precedentes, estabiliza respuestas individualizadas a la crisis. Las urnas, en tal horizonte, adquieren mayor significación que nunca. No cuesta pensar que el sufrimiento social se traduzca en un voluminoso voto-sanción. Tampoco cuesta imaginar que las derechas vuelvan a renegar de la voz del soberano.

1. S. Ortíz, “Ecuador: sismo, conmoción y segunda oportunidad”, 2016, en

2. https://nuso.org/articulo/ecuador-sismo-conmocion-y-segunda-oportunidad/

3. https://www.elcomercio.com/app_public.php/actualidad/enmiendas-debate-constitucion-consulta-ecuador.html

4. https://www.elcomercio.com/actualidad/guillermolasso-politica-elecciones-presidencia-candidato.html

5. Se retoman argumentos de F. Ramírez Gallegos. “Las masas en Octubre”, en Nueva Sociedad No. 284, 2020, https://nuso.org/articulo/las-masas-en-octubre/, https://www.eluniverso.com/noticias/2017/04/26/nota/6156361/jaime-nebot-lamenta-que-guillermo-lasso-no-haya-podido-probar

6.https://dolarizacionec.wordpress.com/2018/05/24/evaluacion-de-la-ley-trole-3/

7. F. Ramírez Gallegos, (Coord.), Octubre y el derecho a la resistencia. Revuelta popular y neoliberalismo autoritario en Ecuador, CLACSO, Buenos Aires, 2020.

8. D. Vizuete et. al., “Pandemia y Estado de padecimiento en los Andes”, en Bautista et. al (Coordinadores), Estados Alterados: reconfiguraciones estatales, luchas políticas y crisis orgánica en tiempos de pandemia, Buenos Aires: IEALC-CLACSO, 2020, pp. 353-366.