Dinamizadores de la economía

Argentina es un país emblemático en materia de migraciones internacionales. Históricamente, las élites nacionales vieron en la inmigración una esperable fuente de dinamismo económico, sociocultural y cívico-político. Desde mediados del siglo XIX, tradujeron esa mirada en políticas que fomentaron el arraigo de una multitud de emigrantes provenientes de una Europa expulsora, los cuales llegaron a representar el 29% de la población total del país. Los discursos tempranos sobre las contribuciones –posibles y reales– de la inmigración al crecimiento de la Nación instalaron asociaciones entre migración e ideas de “civilización”, “progreso” y “modernización” que resonaron largamente. Hoy en día, Argentina sigue siendo un espacio vital de inmigración. Es el país de Sudamérica que concentra la mayor cantidad de personas nacidas en el extranjero: unos tres millones de personas que representan más del 6% de su población total (1). El grueso de esta población resulta de las migraciones históricas y contemporáneas desde países limítrofes, a las que se sumaron, en la década de 1990, la migración peruana y, más tarde, las provenientes de Colombia, Ecuador y Venezuela. También cuenta con migrantes de República Dominicana, Haití, diversos países de África, Corea, Taiwán y China continental, entre otros.

Complementariedad

Las migraciones funcionan como inyección para el crecimiento poblacional, con efectos inmediatos en el mercado interno. Las personas migrantes, en tanto que consumidoras, aumentan la demanda de bienes (alimentación, indumentaria, tecnología) y servicios. Dicha demanda tiene impacto directo en los balances de pequeñas y grandes empresas, privadas y públicas, y estimula la producción y el comercio. El consumo migrante, además, implica siempre una contribución indirecta a las arcas del Estado a través del pago del IVA. Quienes arguyen que Argentina “importa pobreza” y que los migrantes son “un gasto para el Estado” desconocen las conclusiones a las que arriban diversos estudios: que en años recientes, los inmigrantes pagaron más en impuestos de lo que implicó la inversión pública en esta población (2); que las personas migrantes no gastan en proporción ni más presupuesto en salud, ni en educación, ni en beneficios sociales que la población nacida en Argentina (3), y que los requisitos exigidos en la práctica (DNI, cantidad mínima de años de residencia en situación regular) restringen el acceso a programas sociales. De hecho, a pesar de que la Ley de Migraciones Nº 25.871/2003 establece que la condición migratoria no es un obstáculo para el goce de derechos básicos, en 2019 sólo el 1,4% de las personas migrantes pudo cobrar la Asignación Universal por Hijo (4).

Más ampliamente reconocida es la contribución de las personas migrantes como fuerza de trabajo. Desde esta óptica, el aporte demográfico de las migraciones es doblemente valioso en países con expectativa de vida e índices de envejecimiento crecientes no compensados por sus tasas de fecundidad y natalidad; una tendencia demográfica que afecta crecientemente a los países desarrollados y que es también evidente en Argentina. Distintos sondeos locales destacan el descenso de los niveles de fecundidad en las últimas décadas: en el Anuario Estadístico de la República Argentina 2021, por ejemplo, el INDEC cita una tasa global de fecundidad de 1,5 hijos por mujer para 2020, una baja histórica muy alejada del 2,1 necesario para mantener el equilibrio entre la población activa y la dependiente. Dado que la población migrante suele ser más joven y concentrarse en edades productivas –según el Censo Nacional de Población 2010, el 71% de la población extranjera tenía entre 15 y 65 años, frente a un 64% de la población nativa– su trabajo resulta invalorable para sostener la productividad económica y los fondos de seguridad social destinados a adultos y adultas mayores. Esto, claro, siempre que medien políticas y prácticas que faciliten la participación de las personas trabajadoras migrantes en la economía formal y aseguren el trabajo decente. Y es que la informalidad laboral –uno de los rasgos que marcan actualmente el trabajo migrante en todo el mundo– limita los aportes de la población migrante trabajadora.

En nuestro país, según un informe del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, a fines de 2016 las tasas de actividad y de empleo entre las personas migrantes de Sudamérica eran de 64% y 69%, en tanto que las de las personas nativas eran de 59% y 54%. No obstante, las altas tasas de actividad y de empleo no tienen correlato con el trabajo registrado. Entre las personas migrantes sudamericanas, el trabajo no registrado alcanza el 50%, en tanto que entre personas nativas, si bien alta, esa proporción desciende al 33% (5). A diferencia de los países que, al obstaculizar la regularidad migratoria, encauzan la mano de obra migrante hacia la irregularidad laboral, en Argentina, el trabajo no registrado de las personas migrantes no está necesariamente ligado a la falta de documentación. En 2015, el 86% de las personas migrantes que trabajaban de manera no registrada contaba con DNI vigente (6), en parte, gracias a la aplicación de principios contemplados en la Ley de Migraciones. La prevalencia del trabajo no registrado se debe más a la existencia de un mercado laboral segmentado que ofrece a las personas migrantes empleos en establecimientos más pequeños, de elevada rotación y de ingresos más precarios que el resto de la población (7): empleos de bajo valor agregado, menos atractivos para la población nativa, mayormente vinculados a la construcción, la industria textil, el trabajo doméstico, la gastronomía, el comercio, la agricultura y, desde hace unos años –en especial, a partir de la pandemia de COVID-19–, la conducción de autos de transporte particular y el delivery mediante aplicaciones o plataformas dedicadas a tal fin. En este sentido, la contribución de la mano de obra migrante es de carácter complementario a la nativa y no su competidora. Es más, los reclamos para fortalecer la inserción laboral de personas migrantes, tanto cuantitativa como cualitativamente, y la búsqueda de formas de empleo alternativas y dignas –como la conformación de cooperativas– bonifican las luchas por mejores condiciones laborales de la población nativa inserta en estos sectores.

Argentina es el país de Sudamérica que concentra la mayor cantidad de personas nacidas en el extranjero.

Que el trabajo migrante sea complementario del nativo significa también que favorece el trabajo de personas nativas en empleos más calificados. Para ilustrar esta situación es posible mencionar lo ocurrido con las trabajadoras de casas particulares de distintos países de la región que se sumaron a las locales para continuar relevando de tareas de cuidado a mujeres trabajadoras de sectores altos y medios. La noción de complementariedad aplica, además, cuando ciertas ocupaciones tienen faltantes que pueden ser cubiertas por migrantes. En Argentina, por ejemplo, es necesario triplicar y distribuir geográficamente el personal de enfermería (8) y faltan profesionales de la ingeniería en sus diversas ramas debido a un bajo número de graduaciones (9). En franco aumento en los últimos años, la llegada de personas migrantes con altas calificaciones procedentes de Venezuela y Colombia (que en un amplio porcentaje poseen estudios universitarios y de posgrado) incluyó, según datos de la Dirección Nacional de Migraciones, la radicación de 13 mil ingenieros/as venezolanos/as, más del 10% con especialización en petróleo. Con la activa participación de la Asociación de Ingenieros Venezolanos en Argentina se puso en marcha un programa estatal de reorientación de flujos migratorios que redundó en la contratación de profesionales en empresas en las provincias de Córdoba, Río Negro y Neuquén. Los medios de comunicación han destacado cómo esta migración, dispuesta a asentarse en diversas partes del país, provee especialistas en ingeniería del petróleo y minería indispensables para el funcionamiento del polo productivo Vaca Muerta. Se estima que aproximadamente 400 personas migrantes se encuentran aportando desde su expertise profesional a estas industrias altamente tecnificadas, personas que encontraron una primera inserción laboral en nuestro país en rubros de baja calificación profesional y en situaciones de informalidad. La demanda de profesionales en distintas áreas de vacancia a lo largo de Argentina podría ser cubierta más rápida y eficientemente por población migrante capacitada si se agilizaran los procedimientos para la obtención del DNI y la convalidación de títulos, si se revisara el requisito de nacionalidad establecido en la Ley de Empleo Público Nacional N° 25.164 para acceder a cargos de la administración pública y si se despejaran prejuicios que aún persisten a la hora de la contratación (10).

Emprendimiento migrante

Por último, las personas migrantes contribuyen al desarrollo económico de los países y las comunidades de residencia en tanto que emprendedores en diferentes escalas. Los emprendimientos generados por migrantes crean oportunidades de trabajo para sí, y para otros migrantes y no migrantes. Además, estimulan los intercambios comerciales internacionales y promueven la innovación en muchos sentidos: desde el desarrollo de patentes hasta la introducción de novedades en las comunidades donde se localizan (productos y servicios asociados a la diversidad cultural o comercios de proximidad con precios ventajosos). Las personas migrantes, por un lado, están motivadas por la necesidad de superar los escollos en el acceso al mercado de trabajo y de integrarse socialmente para desarrollar nuevos proyectos de vida en lugares alejados de sus países de origen; por otro, gracias a los aprendizajes resultantes de su experiencia migratoria, en muchos casos se encuentran mejor preparadas para asumir riesgos, para adaptarse y para cambiar ante las adversidades, así como para generar y aprovechar redes de apoyo y de ayuda financiera. Todo ello permite dimensionar el valor añadido aportado por las personas migrantes a la actividad productiva.

En años recientes, los inmigrantes pagaron más en impuestos de lo que implicó la inversión pública en esta población.

Uno de los casos más visibles de emprendimiento migrante en Argentina es el de las familias bolivianas en la horticultura, las cuales, pasando del peonaje a la propiedad de quintas, han avanzado sobre todo el eslabón productivo, hasta alcanzar la distribución y comercialización de más del 80% de las verduras, hortalizas y frutas que se consumen en el país. La creación de redes y las modalidades de asociación son aquí, como se narra en otro artículo de este Suplemento, un elemento clave. En el otro extremo de una escala con una variedad de iniciativas intermedias, podemos encontrar iniciativas de pequeña escala como la plataforma de e-commerce Feria Migrante y Refugiada Virtual, implementada por la Asociación de Derechos Civiles Mujeres Unidas Migrantes y Refugiadas en Argentina. Este emprendimiento acompaña y visibiliza proyectos desarrollados por cuenta propia por mujeres y disidencias que sufrieron un impacto negativo de la pandemia en forma diferencial. La presentación de uno de esos proyectos es ilustrativa de la capacidad de adaptación y la disposición a la reconversión laboral que caracteriza al emprendimiento migrante: “Mi nombre es Deisy Rodríguez. Soy de Perú y maestra de profesión. Vivo en Argentina hace 15 años. Me dedico a la decoración de tortas de diseño. Hace 8 años empecé con mi emprendimiento Dolce Dolce Pastelería. En la actualidad no solo hago tortas de diseño, sino que además doy clases y ayudo a las emprendedoras en su crecimiento y formación. Dolce Dolce Pastelería es un espacio dulce donde comparto lo que aprendí”.
Es claro que el potencial de las personas migrantes para funcionar como catalizadoras del desarrollo económico de las sociedades de destino es múltiple. Pero es aun más claro que, al calor de políticas inclusivas y sustentables, esa contribución al desarrollo, entendido en un sentido amplio que ata la dimensión económica a la social, cultural y política con el respeto a los derechos fundamentales, puede volverse inmensa.

1. Dirección Nacional de Población, Caracterización de la migración en Argentina a partir de datos administrativos del RENAPER, Buenos Aires, 2022. Esta cifra refiere a las personas que cuentan con DNI digital (Resolución 1800/20095, Resolución 585/20126). La ONU, a través de UN DESA, estima que el stock de migrantes en 2020 es de 2,3 millones de personas. Utilizamos estas cifras provisoriamente en espera de la publicación de los datos del Censo Nacional de Población 2022.
2. Para mayor detalle sobre este punto se recomienda revisar la edición “Seis mitos sobre las migraciones” disponible en https://www.eldiplo.org/archivo/notas-web/
3. Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos y Organización Internacional del Trabajo, Cómo los inmigrantes contribuyen a la economía de los países en desarrollo, julio de 2018.
4. Organización Internacional para las Migraciones y M.L. Espiro, Mito 2: “Los migrantes abusan del sistema de salud argentino” y Mito 3: “Las mujeres migrantes vienen a Argentina a cobrar planes”, Le Monde diplomatique, edición Cono Sur, diciembre de 2022.
5. Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Informe sintético sobre migraciones laborales, 2017. Disponible online.
6. OIT, «Características demográficas y del mercado de trabajo de las y los migrantes sudamericanos”, Cap. 1 Migraciones laborales en Argentina, Protección social, informalidad y heterogeneidades sectoriales, pp. 13-26, Buenos Aires, 2015.
7. OIM, Migrantes en la República Argentina: Inserción en el mercado de trabajo, OIM Argentina, Buenos Aires, 2020.
8. OIM, Integración laboral en el sector salud de la población venezolana en la República Argentina (autor: Mercer, Hugo), OIM Argentina, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 2019.
9. OIM, Ingenieros venezolanos residentes en la República Argentina (autora: Sala, Adriana), OIM Argentina, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 2019.
10. AAVV, Agenda Migrante 2023, Ciudad de Buenos Aires: s/d.