Contra la Mochila Argentina

El trabajo ocupó el centro del debate electoral de 2021, pero la propuesta de eliminar las indemnizaciones por despido fue su capítulo más saliente. En la semana anterior a las PASO, Mauricio Macri dijo que “nadie toma una persona dentro de la ley porque son imposibles las leyes laborales, la mafia de los juicios laborales con los que habíamos batallado mucho”. Solo dos días después, Horacio Rodríguez Larreta rubricó el mismo punto de partida. “En la Argentina nadie toma un empleado”, dijo, y propuso “ir de la indemnización a un seguro”. La iniciativa formó parte del debate electoral por impulso de ADIMRA (industriales metalúrgicos), en especial de su vertiente joven, y de la UIA, también de su vertiente joven. Por otra parte, el empresario Teddy Karagozian presentó un proyecto de Seguro de Garantía de Indemnización, llamado “Mochila Argentina”. La propuesta comienza con el mismo diagnóstico. “Argentina tiene un problema de empleo pues aún con crecimiento las empresas no contratan gente”.

Sin embargo, cuando el debate por la eliminación de la indemnizaciones laborales ocupaba la escena electoral, no había pasado un mes de la publicación del informe del Centro de Estudios de la UIA en el que se afirmaba que en el período que va de mayo de 2020 a mayo de 2021 el empleo en la industria había crecido 2,9%, en tanto que la actividad industrial se encontraba 11,7% por encima del año anterior. 

La demanda de desregular las barreras de entrada y salida al empleo está basada en un diagnóstico desesperado que lleva a soluciones mágicas: el que supone que estancamiento del empleo se debe a la rigidez para contratar y despedir. Pero se ha demostrado que no es así, que la creación de empleo depende del comportamiento macroeconómico más que de las leyes laborales. La presión, sin embargo, va en aumento. 

Emplear gratis

El reclamado alivio para la contratación laboral o la reducción de los costos fijos del empleo que integran las contribuciones a la seguridad social (que a su vez alimentan el sistema contributivo argentino) es una política extendida en las últimas décadas, y reforzada en los últimos años. No es algo nuevo, ni algo que no se haya intentado en el pasado.

El régimen vigente data del período 2002-2003. En 1994 las alícuotas habían pasado de 33% a 21%. En 1995 subieron a 27% y acompañaron una breve expansión del empleo, pero fueron nuevamente reducidas a 21% y permanecieron así hasta el 2000, cuando se redujeron a 18%, a la vez que se registraba el desempleo más alto de la historia argentina. Junto con ello se desregularon los contratos de trabajo mediante la extensión de los períodos de prueba y las modalidades promovidas sin costo de despido. Las alícuotas fueron nuevamente reducidas con la reforma tributaria de 2018, pero los cambios fueron suspendidos en 2020. 

Nunca la baja de las contribuciones acompañó el crecimiento del empleo. Sin embargo, la reducción de las contribuciones es una política cada vez más recurrente como instrumento para la supuesta protección de la producción o la creación de empleo. 

El Programa de Asistencia al Trabajo y la Producción (ATP), lanzando durante la pandemia, preveía una reducción de contribuciones patronales de hasta 95%. Durante la campaña electoral, el gobierno nacional firmó un decreto que dispuso la reducción de las contribuciones de hasta el 95% para los empleadores que contraten nuevos trabajadores que participen o hayan participado en programas educativos, de formación profesional o de intermediación laboral. En mayo, se había decretado un plan de reducción gradual de contribuciones patronales de hasta el 80% para todos los nuevos contratos en Catamarca, Chaco, Corrientes, Formosa, Jujuy, La Rioja, Misiones, Salta, Santiago del Estero y Tucumán de las empresas que demuestren incrementos en su producción. Al mismo tiempo, el programa Te Sumo, recientemente lanzado, preve la reducción de las cargas patronales para las PyMEs que contraten jóvenes de entre 18 y 24 años. 

Antes, en 2019, Macri había anunciado la reducción a cero de las contribuciones patronales para nuevos contratos en las PyMEs. Una propuesta similar es “Un puente al empleo”, el proyecto que acercó Sergio Massa luego de las primarias de 2021, con una reducción total de contribuciones patronales para PyMEs por 24 meses. Se trata de una versión remozada del Plan Empalme, anunciado por Mauricio Macri en 2017, que subsidiaba durante 24 meses el salario a empresas que contrataran personas inscriptas en programas sociales. Adicionalmente, la ley 26.940, sancionada en 2014 y aún vigente, plantea un programa de reducción de contribuciones patronales para miPymes y dispone un sistema gradual por tamaño de empresa. Desde 2001, y según su localización, los empleadores pueden tomar puntos porcentuales de contribuciones patronales pagadas como crédito fiscal en el IVA. 

Esto se refleja en la baja del peso de las contribuciones patronales en la recaudación. En 1992, las contribuciones representaban el 90% del gasto total en seguridad social. Durante la crisis de 2001 y 2002 cayeron al 40%. Desde 2012, el resultado contributivo de la seguridad social -la porción con origen en contribuciones que integran el gasto en seguridad social- se redujo año a año. Aunque este fenómeno se explica por múltiples motivos, como el estancamiento en la creación de empleo privado registrado, alcanza para graficar la extrema fragilidad del sistema de seguridad social argentino y los peligros de someterlo a mayores asfixias. 

Contrario a lo supuesto, la Argentina no es el país con el mayor costo mínimo en contribuciones por empleado de la región. No es cierto que el “costo laboral argentino” sea alto. En el ranking se encuentra detrás de Paraguay y Bolivia. Con una diferencia: en Argentina buena parte del aporte corresponde a las contribuciones para la salud. Es un aporte que no se realiza –por una cobertura que no se garantiza– en la mayoría de los países de la región. Tampoco es el país con mayores contribuciones a las pensiones, donde se sitúa detrás de Brasil y Paraguay. 

En otras palabras, las medidas de reducción de las contribuciones patronales generalizadas, por región, por tamaño de empresa o por población específica, no son nuevas, ni pueden ser soslayadas. En algunos segmentos como las PyMEs, en algunos perfiles como la juventud, y en zonas como el Noroeste, el costo no salarial de contratar personas es prácticamente inexistente. 

La demanda de desregular las barreras de entrada y salida al empleo está basada en un diagnóstico desesperado que lleva a soluciones mágicas: el que supone que estancamiento del empleo se debe a la rigidez para contratar y despedir. Pero se ha demostrado que no es así, que la creación de empleo depende del comportamiento macroeconómico más que de las leyes laborales.

Despedir gratis

Aunque la demanda de flexibilizar los despidos está presente en la agenda empresaria, rara vez se incluye en las reformas laborales neoliberales. El propio proyecto de reforma laboral que el gobierno de Macri envió al congreso en 2017 proponía excluir de la indemnización por despido un conjunto de categorías para el cálculo de la remuneración base, como el aguinaldo, premios y bonificaciones, o compensaciones por gastos que realizan los trabajadores. Sin embargo, no contemplaba un cambio de régimen en el sistema indemnizatorio ni menos aún la eliminación del modelo. 

Esto se debe a una razón atendible e infranqueable. La mayoría de las constituciones de América Latina y Europa, que incorporaron reformas del constitucionalismo social y del Estado social de derecho, establecen la protección contra el despido arbitrario. El artículo 14 bis de nuestra Constitución no admite la equiparación de la protección con otras formas de terminación de los contratos de trabajo y ante el despido injusto. En la Argentina, el despido sin justa causa, el despido con causa y la renuncia no son equivalentes, ni podrán serlo. 

Según el BID, el costo (no salarial) de la indemnización por despido de la Argentina se encuentra apenas por encima de la media latinoamericana. La referencia no es caprichosa, se trata del mismo informe que coloca a la Argentina como uno de los países con los costos laborales más altos de la región. Durante la pandemia el mundo del trabajo estuvo signado por el subsidio al salario a través del programa ATP, y por las suspensiones como medio de ajuste ante la imposibilidad del despido, prohibido hasta hoy. Desde julio de 2021, cuando la creación de trabajo asalariado registrado tocó fondo y comenzó la lenta recuperación alentada por la construcción, la prohibición de despidos y la doble indemnización permanecieron vigentes. La última vez que se utilizó esta herramienta para impedir los despidos fue en el período 2002-2007, cuando fue levantada al registrarse un desempleo inferior a dos dígitos. Esta vez, el levantamiento de la doble indemnización y la prohibición de los despidos no está atado a los vaivenes del empleo sino a una promesa presidencial. La doble indemnización no será eterna, se afirma. Ante la imprevisibilidad sobre la duración de esta medida, emergieron respuestas y reclamos de toda clase. Una, lo que Eduardo Levy Yeyati llama vulgarmente desempleo latente, que no es otra cosa que empleo subsidiado, y otra, la creciente demanda de flexibilizar el despido, cuya expresión más resonante es el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, más conocido como Mochila Argentina.

Este es uno de los ejes del proyecto Mochila Argentina. El proyecto busca reemplazar el modelo de indemnizaciones tarifadas por despido injustificado por un seguro fondeado por los aportes fijos de los empleadores a un fondo estatal administrado por el Estado. Este sistema abonaría un monto indeterminado a la persona trabajadora, llevando los costos empresarios al momento del despido a cero. El nuevo régimen permitiría al trabajador la posibilidad de ahorrar lo acumulado para ser cobrado en otra ocasión diferente al despido, y además afirma extender derechos a los trabajadores porque podrían cobrar el seguro incluso para el caso de que renuncien. Presupone la reducción de costos laborales y la facilitación del despido. ¿Serán estos sus efectos? Veamos.

La propuesta está inspirada en el modelo austríaco (Abfertigung Neu o “Nueva indemnización”). Allí los empleadores abonan cotizaciones por un importe del 1,53% del salario mensual de los trabajadores a una pensión o cuenta de cesantía, equivalentes a las AFJP. El proyecto Mochila Argentina plantea un pago al fondo de 8,33% de la masa salarial. Luego de iniciar una campaña de difusión por redes sociales y recibir acompañamientos y críticas a diestra y siniestra, su autor, el empresario Tedy Karagozian, aclaró que su propuesta no se trataba de un fondo de capitalización, sino de un seguro. Ya era tarde. El diputado de Juntos por el Cambio Antonio Stefani había presentado un proyecto idéntico a Mochila Argentina y el diputado Martín Lousteau, de la misma bancada, impulsa la idea de un Fondo Nacional de Cese Laboral, ambos supuestamente inspirados en el modelo austríaco.

La adopción de este sistema en Argentina implicaría una transformación radical del modelo de relaciones laborales. En Austria, la administración y la liquidación de las indemnizaciones se realiza a través de los denominados fondos de pensiones (Vorsorge- Bzw) o fondos de cesantías (Abfertigungskassen). Cada fondo de indemnización mantiene una cuenta separada para cada empleado. El empleado tiene derecho al cobro cuando las contribuciones se hayan pagado en su cuenta de indemnización por despido durante al menos 36 meses y la relación laboral haya sido rescindida por el empleador o por mutuo acuerdo. En ese caso, el trabajador puede pedir el cobro de la indemnización o puede “invertirla”, lo que equivale a no cobrar la indemnización y “llevarla” a otro empleo. De ahí el término mochila, que refiere al derecho a no cobrar la indemnización y “ahorrarla” para otra ocasión. Además, si la persona trabajadora no cobra la indemnización, esta se convierte en una masa acumulada para la jubilación, que también es administrada por un fondo (Mitarbeitervorsorgekassen). No es cierto que los trabajadores podrían cobrar una indemnización al momento de una renuncia. Por el contrario, estarían “gastando” el derecho de cobrar una indemnización por despido. 

La expresión mochila también exige un entrecomillado. El uso del concepto Mochila Austríaca no es nativo de Austria, sino de España. La Abfertigung Neu o “Nueva indemnización” se implementó en Austria para brindar un marco más favorable a la temporalidad laboral, aceitar la movilidad entre empleos y brindar una indemnización aceptable a los contratos temporales. 

Pero el concepto de mochila nació en España. Hacia fines de la primera década del siglo, España debatía las reformas laborales. El mayor dilema a resolver era qué hacer con los empleos temporales. Fue entonces cuando el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero presentó un documento de reforma laboral en el que hacía alusión al modelo austríaco, y en el cual se proponía reducir la indemnización para los contratos por tiempo indefinido y aplicar la llamada “Mochila Austríaca”, que podría garantizar una indemnización para jóvenes, quienes más padecían el empleo temporal. El Partido Popular en 2011 y Ciudadanos en 2020 retomarían la propuesta, expandiendo el uso del término. En Austria la palabra “mochila” sigue aludiendo a una bolsa de tela resistente que usan los niños para ir a la escuela.     

En el marco de este debate, algunos senadores de Cambiemos presentaron un proyecto de fondo de cese laboral similar al Fondo de Garantía de Tiempo de Servicio de Brasil (FGTS), administrado por Caixa. Aquel proyecto no preveía la “mochila”, es decir, la posibilidad de renunciar a la indemnización y conservar los fondos para otros empleos. En Brasil, este modelo es cuestionado por los bajos rendimientos financieros del fondo. La Central Única de Trabajadores, por su parte, advierte repetidamente que el fondo no alcanza a cubrir su objetivo primordial, que es garantizar un seguro de desempleo estable para quien trabaja, y otorgar previsibilidad a los empresarios. 

Por un lado, los trabajadores deben acreditar haber aportado formalmente al fondo durante 12 de los últimos 18 meses de trabajo para poder cobrar el seguro, algo que rara vez sucede; por el otro, el sistema no permite reducir la litigiosidad derivada de los despidos, que va en aumento. Además, el sistema supone altos costos fijos para todos los empleadores, despidan frecuentemente o no. Sucede que, tal como sucedería con la Mochila Argentina, que los costos fijos en cotizaciones al fondo de indemnizaciones aumentarían considerablemente las llamadas “cargas sociales”, castigando a la empresa que no despide, y financiando a la empresa que lo hace frecuentemente. Todos los meses, cada empleador debería transferir a la ANSES una suma fija importante, independientemente de si despide o no. De esta manera los empresarios que despiden frecuentemente estarían socializando los costos con los que no lo hacen. 

Este sería el mayor problema de la variante argentina de la “mochila”, de inspiración brasilera, y que no es austríaca sino española. Según el proyecto Mochila Argentina, el último garante de los fondos destinados a pagar las indemnizaciones sería el propio Estado a través de la ANSES. El mismo Estado que recibe presiones para reducir las contribuciones patronales y para dispensar del pago de aportes como primer recurso para contener la crisis o alentar el crecimiento del empleo. Se trata de una política que estaría reforzando la segmentación del mercado de trabajo, basado en el diagnóstico, claramente falso, según el cual el estancamiento de la creación de trabajo se debe a los costos para la contratación y el despido. La alternativa es partir de un diagnóstico correcto para buscar mejores soluciones.