Violaciones de guerra, crímenes de guerra

Estamos a comienzos de julio, hace cerca de 40 grados en el pequeño auto que lleva a Tetiana Zeziulkina y Lyudmila Kravchenlo cerca de la frontera bielorrusa. “Vamos a Yahidne, un pueblo ocupado por los rusos durante casi un mes –explica la primera–. Trescientas cincuenta personas fueron retenidas a la fuerza en el subsuelo del pueblo. Y pensamos que hubo violaciones en ese subsuelo.” Las dos militantes, miembros de la Red Internacional de Ayuda Mutua de Sobrevivientes de Crímenes Sexuales (SEMA, en inglés), están aquí para investigar. En la escuela, abandonada, con los vidrios rotos, el guardián cuenta: “Reclamaron, sí, pero no entregamos a nuestras mujeres a los soldados”. Una mujer se les acerca, indecisa. Cuenta que encontró preservativos en su casa tras la liberación, y terminó por dar el nombre de dos víctimas.

Desde finales de marzo, unas semanas después del comienzo de la guerra, cuando las fuerzas ucranianas comenzaban a liberar algunos pueblos ocupados –Bucha, Irpín y otros–, aparecieron en las redes sociales y en la prensa relatos de violaciones cometidas por las fuerzas rusas sobre civiles ucranianas: una mujer violada por varios soldados delante de su marido; una habitante de Bucha encontrada desnuda en su jardín, apenas cubierta por su tapado de piel, violada antes de ser asesinada; dos adolescentes violadas por cinco soldados que también les destrozaron los dientes… El presidente Volodimir Zelensky habló a comienzos de abril de “cientos de casos reportados”. Representantes de las Naciones Unidas, dirigentes europeos y estadounidenses se indignaron, reclamaron pesquisas e investigaciones exhaustivas. Por primera vez, se habla de la violación como un “arma de guerra” en Ucrania.

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