El complicado arranque de Boric en Chile

El 4 de mayo fue clave para el gobierno de Gabriel Boric, instalado en La Moneda desde hace ya casi dos meses: ese día, cuatro de los proyectos emblemáticos del arranque de la administración fueron visados por un Congreso fragmentado que había sido difícil de alinear. Ese día, la Cámara de Diputados aprobó el alza del salario mínimo en 60 dólares, diferentes comisiones ratificaron el Acuerdo de Escazú ‒tratado ambiental que no fue suscrito por Sebastián Piñera y que Boric impulsó en sus primeros días en el cargo‒, el Senado aprobó por unanimidad el proyecto que aumenta los recursos para estabilizar el precio del querosén en el inicio de la temporada fría y también ratificó el nombramiento de Rodrigo Cid en Televisión Nacional de Chile, permitiendo que por primera vez el canal tenga en su directorio a un periodista con larga trayectoria laboral en la cadena pública.

Por la magnitud de los proyectos, por lo inédito y contundente del apoyo alcanzado en el Congreso y por el simple hecho de la coincidencia temporal ‒cuatro proyectos emblemáticos en una misma jornada‒, los equipos de prensa de la administración Boric esperaban que, esta vez, los diarios les dieran un reconocimiento.

Pero las portadas del día siguiente traían otra cosa: en El Mercurio, el título principal fue que el pleno de la Convención Constitucional había aprobado “que pueblos originarios tengan derecho ‘a sus tierras’ y a recursos que se encuentran en ellas”, y la segunda nota destacada fue una encuesta que afirmaba que “59% prefiere que comité de expertos redacte nueva Constitución en vez de ratificar la que está escribiendo la Convención”.

En todo el diario, de hecho, no apareció ninguna nota sobre lo ocurrido en el Congreso, algo que se había logrado tras intensas negociaciones lideradas por el gobierno. La única nota que mencionaba los movimientos en el Parlamento era una entrevista a un diputado del Partido por la Democracia, sector de centroizquierda que formaba parte de la ex Nueva Mayoría, en la que afirmaba que “la agenda ha fluido” gracias a que el ministro encargado de la relación con el Legislativo y mano derecha de Boric, Giorgio Jackson, estaba “menos involucrado”.

El panorama en La Tercera, el otro principal diario del país, era similar: de titular central, las resoluciones de la Convención sobre la restitución de tierras a los pueblos indígenas. Dentro del periódico tampoco venían reseñas sobre lo ocurrido en el Congreso, aunque sí había contenidos referidos al proceso constituyente, con frases como “los arrepentidos del Apruebo” y con “consejos y críticas” de la diputada española del Partido Popular Cayetana Álvarez de Toledo, una figura conocida en su país por sus cuestionamientos al feminismo y los “movimientos identitarios”. Había, eso sí, una nota enfocada en el presidente, en la que Boric advertía, al inicio de su gira por la Región de Magallanes, su lugar natal, que todo su período “va a ser muy difícil”.

Los desapercibidos aciertos

De esos logros legislativos, el aumento del salario mínimo ‒que se realizó en acuerdo con la Central Unitaria de Trabajadores‒ y los recursos para estabilizar el precio del querosén forman parte de un paquete más grande de proyectos económicos que el gobierno ha echado a andar en sus primeros días. Otra iniciativa apunta a paliar los efectos de la inflación en los sectores más vulnerables, un fenómeno que ha alcanzado en Chile cifras récord ‒escaló a 10,5% en 12 meses, el primer registro de dos dígitos desde 1994‒ y se prevé que continúe en aumento. Es ese, para algunos analistas, uno de los factores que complican al gobierno pero que exceden su área de acción, como lo es también la guerra en Ucrania.

“El gobierno de Piñera ‘calentó’ mucho la economía y entonces a este gobierno, que viene con un discurso social y un programa de izquierda, le ha tocado frenar el gasto público, lo que de por sí es una situación muy rara.”

“La situación política y económica actual no tiene precedentes”, resume la académica del Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile y jefa de carrera de Ciencia Política, Claudia Heiss. “La inflación se debe en parte al tremendo gasto público que hubo en 2021, que fue inusual para un gobierno de derecha, sobre todo después de la actitud tacaña que tuvo en 2020 en el momento más difícil de la pandemia, cuando la gente no tenía qué comer y a pesar de ello no hubo ayudas fiscales. De eso, pasaron a hacer en 2021 programas de gasto público insólitos, totalmente contrarios a todas sus convicciones y a la realidad fiscal”, observa. Según el Consejo Fiscal Autónomo, las ayudas potenciales entre 2020 y 2021 totalizaron 38.000 millones de dólares. A ello se suman los retiros de fondos previsionales aprobados por el Parlamento, que superaron los 50.000 millones de dólares. Como parámetro, en un año normal el fisco chileno gastaba alrededor de 70.000 millones de dólares.

“Es cierto que era un momento extraordinario debido a la pandemia ‒aunque en 2021 la necesidad probablemente era menor que en 2020‒, pero también es cierto que era un momento electoral y eso claramente tuvo un efecto en las ayudas económicas. El gobierno de Piñera ‘calentó’ mucho la economía y entonces a este gobierno, que viene con un discurso social y un programa de izquierda, le ha tocado frenar el gasto público, lo que de por sí es una situación muy rara”, explica Heiss. Pese a ello, la académica asegura que “el manejo económico que ha tenido el gobierno de Boric ha sido notable” y destaca entre los logros el freno de los retiros de fondos previsionales, cuya quinta versión, mucho más restrictiva que las originales, fue votada en el Congreso en abril y rechazada.

Para Heiss, el equipo económico de Boric, liderado por el ministro mejor evaluado del gabinete, Mario Marcel, “ha sido eficaz en crecer hacia el centro con políticas de responsabilidad fiscal” y también “en explicar que fenómenos como la inflación al final son un daño para las personas más pobres”. “Han hecho un esfuerzo por hacerlo entender y el presidente tiene credibilidad en eso”, asegura. Para lo que describe existe un video: Boric pasea por Santiago al final de una tarde y un grupo de personas le pide una foto. Después de tomarla, cuando se va, alguien le dice que apoye la política de los retiros, lo cual hace que el mandatario gire, se acerque a ellos y empiece a hablarles sobre lo que significa la inflación.

El logro es especialmente significativo porque era justamente la arista económica la que sus detractores resaltaban durante la campaña presidencial. “Se decía que era un grupo de personas irresponsables, ‘cabros chicos’ que nunca se habían ganado el pan y no habían tenido que mantener a su familia, pero todo ese argumento de la irresponsabilidad en el manejo económico ha quedado en el pasado y hoy día es una fortaleza”, agrega la profesora.

Además de lo económico, el gobierno de Boric ha dado señales importantes en términos de equidad de género –ingresaron un proyecto de ley para garantizar el pago efectivo de la pensión alimenticia de los padres deudores– y ha cumplido algunas de sus promesas centrales de campaña, como retirar las querellas por ley de seguridad del Estado –una de las herramientas más extremas a la que puede acudir el Ejecutivo– que el gobierno de Piñera había interpuesto contra los llamados “presos del estallido”.

Expectativas altas, caída alta

Pese a los avances que algunos analistas enumeran, la llegada de Boric al gobierno ha sido compleja. Según las encuestas, que en Chile atraviesan un momento complicado en predictibilidad, su popularidad ha ido bajando en picada: según Cadem, el 18 de marzo tenía 50% de aprobación y 20% de rechazo, y el 8 de mayo la primera cifra había bajado a 38% y la segunda había escalado a 53%. De todo el gabinete, su exjefa de campaña y hoy ministra del Interior, Izkia Siches, es la que tiene mayor desaprobación, llegando a 63%.

Si bien la caída ha sido notoria, según los expertos en encuestas se trata de un fenómeno común en las instalaciones de gobiernos, principalmente por las expectativas que la ciudadanía construye ante los cambios de mando. En este caso, con la salida de un gobierno que tuvo que enfrentar el estallido social y la llegada de uno con figuras jóvenes cuya premisa fue la renovación de la política, las expectativas estaban especialmente altas. Para Roberto Izikson, gerente de Asuntos Públicos y Estudios Cuantitativos de Cadem, la caída se explica por cuatro ejes principales.

El primero tiene que ver con que las amplias ayudas económicas que entregó el gobierno de Piñera en 2021 se detuvieron y que también se frenaron los retiros de fondos de pensiones. “Las expectativas [económicas] son negativas y la inflación está pegando con fuerza en Chile. El gobierno no es el responsable, pero queda atrapado entre la espada y la pared al momento de ponerse en contra de los retiros, siendo que estuvo a favor de los anteriores”, dijo a Las Últimas Noticias.

Lo segundo, a su juicio, tiene que ver con el orden público, un área que tiene al menos dos frentes primordiales en Chile: los desmanes y delincuencia asociados a las protestas que devienen del estallido ‒las cuales, pensaban muchos, terminarían cuando el gobierno de derecha se fuera de La Moneda, pero que se mantienen en algunos lugares emblemáticos‒, y la violencia que se vive en la zona de La Araucanía, que comenzó hace décadas debido al enfrentamiento entre el pueblo mapuche y el Estado de Chile, pero donde también se han ido instalando problemas externos, como el narcotráfico. Allí han abundado los ataques incendiarios, los allanamientos y los episodios violentos. Al comienzo del período presidencial, Siches viajó a la zona para establecer una política de diálogo, pero tuvo que retirarse tras una serie de balazos percutidos por su llegada. El gobierno ha debido enfrentar, por el mismo motivo, paros y movilizaciones de camioneros.

Para Izikson, también han afectado al gobierno los errores cometidos por la ministra del Interior. Uno de ellos fue el 6 de abril, cuando ante la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputados, Siches habló de un avión que salió rumbo a Venezuela con ciudadanos expulsados y aseguró que “retornó con las mismas personas”, un dato que fue desmentido por la administración de Piñera y por el cual la ministra tuvo que pedir disculpas y recibió un regaño por parte de Boric. Posteriormente, el ministerio abrió un sumario a la directora subrogante del Servicio Nacional de Migraciones, quien le habría entregado la información a Siches en una reunión enmarcada en el traspaso de información de un gobierno a otro.

El gobierno ha cumplido algunas de sus promesas centrales de campaña, como retirar las querellas por ley de seguridad del Estado que el gobierno de Piñera había interpuesto contra los llamados “presos del estallido”.

Izikson también identifica entre los motivos para la caída de la popularidad de Boric la composición del gabinete, en su mayoría conformado por personas jóvenes, lo que haría que los ciudadanos “mayores de 45 años vean el gobierno con distancia”. En este punto hay opiniones encontradas: para la profesora Heiss, los nombramientos han sido un punto fuerte del Ejecutivo debido a la alta calificación para los cargos que asumieron: una experta en cambio climático está a cargo del Ministerio de Medio Ambiente, un experto en movilidad en el de Transporte, el antiguo vicerrector de Investigación y Desarrollo de la principal universidad pública del país es hoy ministro de Ciencia y Tecnología. También ha habido nombramientos simbólicos fuera de La Moneda: la proporción de género en los directorios de las empresas públicas se ha movido notablemente gracias al nuevo gobierno. En Codelco, la minera estatal, pasó de haber una a tres mujeres.

El factor constituyente

El cuarto punto que destacó el gerente de Cadem es uno que se vaticinaba que sería crítico para cualquier gobierno que entrara a La Moneda en marzo: el empalme de la nueva administración con el proceso constituyente y, en el caso de Boric, el hecho de que su proyecto se entrelace simbólicamente con el plebiscito. Su figura, han reconocido varios analistas, empezó a erigirse como presidenciable cuando firmó el proyecto para habilitar un proceso que llevara a la redacción de una nueva Constitución, algo que en ese momento de 2019 su partido no apoyaba debido a las características del acuerdo. Él ha sido, por lo tanto, una cara visible de la intención de renovar la carta magna.

El camino a la nueva Constitución –que parecía pavimentado cuando explotó el estallido social en 2019 y cuando la opción fue aprobada por 78% en 2020– hoy aparece como una incógnita y se anticipa un resultado “estrecho”, en medio de encuestas que muestran el Rechazo como una alternativa al alza y una cobertura comunicacional dominada por los grandes grupos mediáticos, que incluso se han declarado contrarios al proceso constituyente o al trabajo de la Convención en sus editoriales.

A la Convención Constitucional le quedan menos de dos semanas para aprobar las normas, luego viene una etapa de armonización del texto y finalmente será votado en un referéndum de voto obligatorio –Chile tiene desde 2012 voto voluntario– el 4 de setiembre de 2022. La campaña, se anticipa, será dura, y para ella el gobierno tendrá las manos relativamente atadas: la Contraloría General de la República se pronunció y el Ejecutivo tendrá la obligación de ser neutral ante la elección, lo que significa que no podrá destinar recursos públicos ni horas laborales a promover ninguna de las dos opciones.

Boric ha dicho que su deber será garantizar una campaña informada y que “la Constitución no es un capricho del gobierno”, pero el escenario se vislumbra complejo. En medio de la incertidumbre, el presidente cuenta todavía con una garantía: en la calle sigue recibiendo múltiples muestras de cariño. De hecho, su gobierno poco a poco ha hecho retroceder las vallas que separaban a La Moneda de esa alameda que, en su discurso de triunfo, un emocionado Gabriel Boric prometía abrir.