El dilema de Chile

El 19 de diciembre, la sociedad chilena deberá elegir el próximo presidente. Por primera vez desde el retorno a la democracia, la elección estará altamente polarizada, entre el candidato de la extrema derecha, José Antonio Kast, representante del Partido Republicano, y el candidato de izquierda, Gabriel Boric, representante de Convergencia Social.

En mayo de 2021, luego de la elección de la Convención Constitucional, parecía que la izquierda y un conjunto de nuevos actores sociales vendrían a ocupar el espacio de los partidos políticos tradicionales, que se encontraban desprestigiados. Pero seis meses después, en noviembre, los electores apoyaron al candidato de extrema derecha, que lidera las opciones para la segunda vuelta presidencial. ¿Cómo es esto posible? ¿Acaso Chile se movió desde una agenda de reformas tendiente a abordar las desigualdades, los derechos sociales y la democracia, hacia una agenda de extrema derecha que mira al pasado pinochetista? La respuesta es no; las cosas son más complejas.

Qué pasó

Algunas claves para entender el actual contexto y el posible escenario de la segunda vuelta presidencial pasan por la participación electoral y la desinstitucionalización del sistema de partidos, junto al contexto de pandemia y el proceso constituyente.

En una elección con siete candidaturas a la presidencia pasaron a segunda vuelta el candidato de la extrema derecha, con 27,9% de los votos (1.961.122), y el candidato de izquierda, con 25,8% (1.814.809). Más atrás quedaron el candidato populista-libertario, Franco Parisi, con 12,8%, y el candidato de la derecha tradicional, Sebastián Sichel, con 12,8%. En quinto lugar se ubicó Yasna Provoste, candidata de la centroizquierda tradicional, con 11,6% de los votos. Finalmente, Marco Enríquez-Ominami, del PRO, con 7,6%; y el candidato de la extrema-izquierda, Eduardo Artés, con 1,5%.

La elección parlamentaria resultó en un Congreso dividido. Si los partidos de Kast y Parisi se agrupan con la derecha tradicional sumarán 74 de 155 escaños (48%) en la Cámara de Diputados, y 25 de 50 escaños (50%) en el Senado. Los partidos de izquierda y centro-izquierda, juntos, ganaron obtuvieron 24 escaños en la Cámara Baja y 22 en el Senado, es decir, casi lo mismo que la derecha.

La participación fue de 47,3%, similar a las últimas elecciones (con excepción del plebiscito constitucional, donde alcanzó 51,9%). Entonces, ¿qué explica este giro a la derecha? Una hipótesis es que, dado el voto voluntario, el electorado se muestra más volátil en cuanto a la participación. Es decir, los electores deciden en cada elección si votarán o no. Un estudio del Servicio Electoral (Servel) sobre la participación electoral en el plebiscito de 2020 muestra que alrededor de 1.200.000 personas entre 18 y 35 años concurrieron a votar por primera vez, y que cerca de 1.300.000 mayores de 55 años no sufragaron. No sabemos aún cómo se comportaron los distintos grupos etarios en la elección de noviembre, pero este dato sugiere que las elecciones se juegan entre cuántos y quiénes concurren a votar.

¿Qué explica este giro a la derecha? Una hipótesis es que, dado el voto voluntario, el electorado se muestra más volátil en cuanto a la participación. […] Por otro lado, la volatilidad e incertidumbre puede asociarse a la debilidad del sistema de partidos.

Por otro lado, la volatilidad e incertidumbre puede asociarse a la debilidad del sistema de partidos. Desde la década de 2010, de acuerdo con datos del PNUD, los partidos han perdido legitimidad y y han visto erosionada la confianza de la ciudadanía, lo que se refleja, también, en el abstencionismo, profundizado por el impacto de los escándalos de corrupción.

En la elección presidencial, esto se ha visto reflejado en el surgimiento de liderazgos individuales y en la dificultad para conformar coaliciones amplias que aseguren un apoyo ciudadano sólido y mayorías estables en el Congreso. Y esto también abre el espacio para el surgimiento de candidaturas que se plantean fuera del sistema, como la de Parisi, o aquellas que subrayan su carácter “independiente”, como Sebastián Sichel. Cuando la candidatura de Sichel se desplomó a pesar de haber ganado su lugar en la primaria, líderes de su propia coalición giraron para apoyar a Kast. Por otro lado, la centroizquierda tradicional no tendrá candidatura presidencial propia en la segunda vuelta, lo que marca un hito en la historia política reciente. Boric, en tanto, obtuvo en la primera vuelta un porcentaje apenas superior al que había cosechado en la interna de su coalición.

Convención y Congreso

El ciclo político iniciado con el estallido social de 2018 resultó muy negativo para los partidos tradicionales, aquellos que dominaron la política chilena desde el fin de la dictadura. En la Convención Constitucional obtuvieron una representación  considerablemente menor a la que tenían en el Congreso. Los partidos de derecha, por ejemplo, perdieron en la Convención Constitucional su histórica capacidad de veto, al alcanzar sólo 37 escaños de 155. Por otro lado, los partidos de centroizquierda, agrupados en en la lista del Apruebo, alcanzaron 25 escaños.

En otras palabras, las elecciones de 2020 (plebiscito constitucional) y de mayo de 2021 (convencionales) muestran una diferencia entre la política constituyente y la política del ciclo regular. Mientras la Convención Constitucional canaliza el malestar del estallido social, la política clásica se sigue tramitando a través de los partidos políticos.

Los efectos sociales y económicos de la pandemia han puesto en evidencia la precarización en que vive parte importante de la población, profundizando las razones por las cuales las personas se manifestaron en las calles en 2019: anhelo de justicia social y participación política, bases de la demanda por una nueva Constitución. Junto con eso, esta precarización ha generado incertidumbre, inseguridad y temor por el futuro. Dada la falta de respuestas gubernamentales, el Congreso legisló el retiro de los fondos previsionales, siendo los mismos ciudadanos quienes financiaron con los recursos de su seguridad futura las carencias del presente. Esta situación da un sentido de inmediatez a las demandas de la ciudadanía: seguridad ante el narcotráfico que ha crecido en el pos-estallido, y seguridad económica ante la incertidumbre pos-pandemia.

En este marco, la Convención Constitucional ya completa su cuarto mes de funcionamiento. Hasta ahora, ha logrado aprobar cinco reglamentos de funcionamiento y abrir espacios a la participación ciudadana y al trabajo descentralizado. Las expectativas han estado puestas en la posibilidad de que este grupo de 155 mujeres y hombres pueda emanar un texto constitucional que sea inclusivo y aborde las principales demandas ciudadanas. También ha habido decepciones, como el caso del convencional que dijo padecer cáncer para ser elegido o los ataques a la Convención mediante campañas de noticias falsas, que sostienen que lo “quieren refundar todo” o que existe un grupo mayoritario que no da espacios a la minoría. Debido a la cercanía de ambos procesos, la elección presidencial de noviembre de 2021 también puede ser leída como una evaluación sobre lo que la Convención puede hacer y a qué ritmo.

Por eso, a pesar de que se ha intentado separar ambos procesos, lo cierto es que los resultados de las elecciones presidenciales y parlamentarias impactan el trabajo de la Convención, y viceversa. Como la composición del Congreso no reflejó la política constituyente sino que reafirmó la política del ciclo regular, aunque con nuevas representaciones partidarias, las tensiones entre ambos espacios son probables: un Congreso dividido impide avanzar en propuestas como los plebiscitos dirimentes para la Convención o la posibilidad de ampliar su plazo de funcionamiento.

Los proyectos de Kast y Boric son claros frente al actual proceso constituyente. Kast defendió el “rechazo” desde el acuerdo de 2019 y ha señalado que, si no le gusta el texto propuesto por la Convención, llamará a no aprobarlo. Boric, por su parte, ha sido un impulsor del proceso, y de hecho forjó su liderazgo al concurrir en noviembre de 2019 a la firma del Acuerdo por la Paz y la Nueva Constitución, incluso frente a la oposición de su coalición política. Si bien la Convención es un órgano autónomo, el contar o no con el apoyo del Ejecutivo será clave para el desarrollo de su trabajo en esta etapa y en el plebiscito ratificatorio. Eso también se juega en las elecciones.