¿Qué está pasando en Venezuela?

Un fantasma recorre América Latina y no es el portador de la bienaventuranza que se le supo atribuir a otros fantasmas que recorrieron otros tiempos y otros continentes. Hay suficientes casos ya para animarnos a hablar de una ola “desdemocratizadora”. Tanto en sistemas políticos que habían permitido la representación política sin cortapisas ni restricciones (como los de Venezuela, Bolivia y Ecuador), como en otros que no siempre habían sido totalmente competitivos (como Honduras y Nicaragua) vemos retrocesos, una inversión de la marcha respecto de la ola democratizadora que cubrió la región a partir de mediados de los años 80 del siglo pasado. Y esto, sin entrar a discutir los casos de abusos de poder de los poderes legislativo y judicial que han marcado a otros países.

Por su peso territorial, su peso demográfico y su potencial económico, Venezuela es el caso paradigmático. Este año viene siendo para ese país un compendio de todo aquello que puede alimentar un caos: una fallida expedición invasora de mercenarios, un nuevo proceso electoral amañado, una economía que en el decisivo rubro petrolero ha retrocedido casi un siglo y una pandemia que atacó tarde pero amenaza con un estrago brutal.

Los hechos de este año se han sucedido de un modo que ha alimentado y consolidado el patrón de “autoritarismo caótico”, que es la marca definitoria y original de la actual etapa del país (1). El inicio de esa etapa es sin dudas diciembre de 2015, cuando Nicolás Maduro y su bloque de poder (la Fuerza Armada Nacional y el Partido Socialista Unido de Venezuela) decidieron desconocer la legitimidad de la Asamblea Nacional (AN) electa en las últimas elecciones competitivas que se han hecho hasta la fecha. Ese desconocimiento expresó la decisión de dejar atrás la fase “referendaria” (2) en la que se buscaba la ratificación mayoritaria de la ciudadanía (por la vía de la consulta o de la movilización) para el decisionismo presidencial.

El caos venezolano no es (desde ya) una condición natural. Como sostiene el economista español José Luis Villacís González, “para desordenar hace falta un esfuerzo, un consumo de energía” (3). De eso se encarga primordialmente el gobierno de Maduro, aunque no sin la contribución de otros actores políticos, incluyendo la oposición y (bajo Trump) los Estados Unidos. La devastación económica se puede sintetizar en dos cifras: la producción petrolera ha caído a los niveles de 1929 y las exportaciones de crudo están al nivel de lo que eran en 1943. Como lo grafica el ex-canciller chavista Rafael Ramírez (4), Maduro recibió la presidencia en 2013 con el país produciendo la misma cantidad de petróleo que producía antes de la elección de Hugo Chávez como presidente y algo así como un 10% menos del máximo histórico alcanzado con el líder bolivariano: bajo su gobierno, cayó todos los años. La caída se hizo más pronunciada en 2015 y recibió un tiro de gracia con las sanciones unilaterales de Estados Unidos en enero de 2019, cuando prohibió la compra a Venezuela. En un país esencialmente monoproductor y, sobre todo, monoexportador, tal vez no haya dato económico más elocuente que ese, aunque podríamos tomar cualquier otro indicador macroeconómico o de desigualdad y nos encontraríamos con números igualmente devastadores. La dimensión humana la captura otro dato: más de cinco millones de emigrantes (la sexta parte de la población residente) en la última década. Venezuela sólo tiene menos emigrados que un país devastado por la guerra como Siria, pero el triple que Myanmar, donde ha ocurrido una atroz limpieza étnica con rasgos de genocidio contra el pueblo rohinyá (5).

Mercenarios en la costa

Si algo le faltaba a un cuadro de deterioro económico e involución política como el descripto, era un intento de desembarco mercenario. En dos oleadas, el 3 y 4 de mayo de 2020, cinco docenas de combatientes, entre militares desertores venezolanos y mercenarios estadounidenses, desembarcaron en playas cercanas a la localidad caribeña de Macuto y fueron repelidas por efectivos de la Fuerza Armada Nacional (FAN). El intento terminó con ocho muertos y cincuenta y siete detenidos, incluidos dos mercenarios. La presencia de desertores no resultó una sorpresa, ya que la actividad conspirativa de pequeños grupos dentro de la FAN es constante, aunque ha fracasado siempre en minar el sostén indispensable que el estamento militar ofrece al régimen madurista. Por otro lado, la presencia de mercenarios resulta una consecuencia esperable de la decisión del gobierno de Estados Unidos de ofrecer, desde marzo de este año, una recompensa por la captura de Maduro para ser juzgado en Washington por cargos de “narcoterrorismo”. Los mercenarios no eran simplemente “inversores de riesgo” atraídos por la posibilidad –seguramente remota– de realizar la captura premiada, sino que habían recibido 50.000 dólares de adelanto de manos del “comisionado” del presidente de la Asamblea Nacional Juan Guaidó, Juan José Rendón, como parte de un contrato que éste firmó junto al diputado Sergio Vergara con la empresa de seguridad estadounidense Silvercorp, basada en Florida.

El plan fallido dejó en claro los efectos que puede tener la idea contraria al orden legal internacional vigente de ponerle precio a la cabeza de un jefe de estado extranjero, idea que a su vez es consecuencia de la adopción de la cuestión venezolana como un tema de la campaña electoral reeleccionista de Trump. Es imposible discernir un objetivo estratégico detrás del ofrecimiento de la recompensa, y es fácil de entrever que se trata de una iniciativa destinada a conseguir votos entre el electorado latino de la Florida, donde la carta cubana tiene menos valor que antes y la carta venezolana es atractiva para la emigración reciente del país sudamericano.

Lo chapucero del intento le facilitó al gobierno de Venezuela repelerlo y le permitió a Maduro darle más verosimilitud que nunca a su discurso respecto de la soberanía amenazada por Estados Unidos. La munición propagandística que el hecho puso en sus manos tardará mucho en agotarse. Para Guaidó, el escarnio de estar asociado con semejante fracaso será una mancha más difícil de remover que la que le quedó después de frustrarse el ingreso de ayuda humanitaria a través del puente Las Tienditas, en la frontera con Colombia, en febrero de 2019.

Oposición fracturada

Más allá de lo que quedar asociado con el Macutazo signifique para la imagen y la popularidad de Guaidó, a quien la Asamblea Nacional designara “presidente encargado” en 2019, el hecho pone otra vez sobre la mesa las diferencias en el seno de la oposición respecto de si la estrategia que se debe seguir incluye o no la violencia. En 2018, las diferencias que hicieron estallar la Mesa de Unidad Democrática (MUD) abarcaban un espectro que iba desde aprovechar todos los espacios legales, como aún propugna Avanzada Progresista (AP, centroizquierda), o buscar la fractura militar o la invasión extranjera, como sostiene Vente Venezuela (derecha dura). La MUD se fracturó, tironeada por esas perspectivas incompatibles. Después del Macutazo, las diferencias se plantean dentro del llamado G4, el espacio que comparten Acción Democrática (AD), Primero Justicia (PJ), Voluntad Popular (VP) y Un Nuevo Tiempo (otrora los partidos más representativos de la MUD) y dentro mismo de esos partidos. Las piedras de la discordia son Guaidó y la estrategia a seguir frente a las elecciones para la renovación total de la Asamblea Nacional, que el Consejo Nacional Electoral dominado por el PSUV fijó el 6 de diciembre.

Guaidó consolidó la división de la MUD cuando se postuló para renovar su cargo como Presidente de la AN a comienzos de año, violando el acuerdo entre los partidos opositores según el cual todos los sectores tendrían la presidencia durante un año. Guaidó desconoció, con apoyo del G4, esa regla que se había respetado escrupulosamente en 2016, 2017 y 2018. Al mismo tiempo, la popularidad del joven referente del partido Voluntad Popular, que era casi una Guaidomanía hace un año, se fue esfumando con la pérdida de credibilidad que le trajeron el fiasco de Las Tienditas, el fallido alzamiento militar de abril de 2019 y el remedo de invasión ya mencionado.

¿Qué hacer frente a las elecciones ya convocadas? Los partidos del G4 anunciaron que no se presentarán. Tanto AD como PJ enfrentaban desafíos internos de dirigentes que querían participar de las elecciones, aun admitiendo que no serán transparentes y competitivas, porque creen que podrán preservar algunas posiciones que mantienen y porque esperan que la presión internacional y las divisiones en el seno del propio PSUV mejoren las condiciones. Pero finalmente se impuso la línea abstencionista mayoritaria. Mientras tanto, los de afuera se devoran a la oposición, aprovechando que los hermanos no están unidos y porque tienen, ya que no la razón, la fuerza: el Tribunal Supremo de Justicia, otro poder controlado por el oficialismo, ha disuelto las conducciones de partidos opositores (AD, PJ y otros), entregando las estructuras a marionetas del gobierno o, en el caso de AD, a Bernabé Gutiérrez, hasta hace poco Secretario de Organización y mano derecha histórica del Secretario General Henry Ramos Allup.

La pandemia, tarde pero seguro

A este panorama económico desolador y este tinglado electoral farsesco se le viene a sumar el impacto tardío de la pandemia de COVID-19. Hasta hace pocas semanas, Venezuela se destacaba por su baja tasa de contagio, llevando a algunos a preguntarse si el sistema de salud y los controles estatales estaban resistiendo mejor de lo esperado para un país en condiciones deplorables. Sin embargo, el flujo reciente de emigrantes venezolanos que empezaron a volver a Venezuela huyendo del deterioro de sus condiciones de vida debido a los efectos económicos y sociales de la pandemia –en primer lugar desde Colombia– obliga a contar otra historia. El virus no estaba afectando tanto a Venezuela debido a las condiciones de aislamiento en las que se encuentra el país: en 2018 (últimas estadísticas disponibles) el tráfico aéreo de pasajeros había caído por debajo de los niveles de 1975 (6). Además, el 17 de marzo, Maduro ordenó el cierre del espacio aéreo. Sin embargo, con el reflujo inmigratorio, el panorama empezó a cambiar rápidamente: a fines de junio el número de contagiados pegó un salto y las estadísticas del gobierno empezaron a reportar alrededor de 400 nuevos contagios por día todos los días desde mediados de julio.

El cambio del panorama cambió también el humor del gobierno, que hasta entonces se jactaba de tener la situación bajo control: Maduro calificó de “bioterroristas” a los venezolanos que regresaban portando la enfermedad, algo por lo que luego se tuvo que disculpar. Como con tantas otras cuestiones, encontrar una fuente fiable para describir adecuadamente la situación de Venezuela frente a la pandemia es muy difícil. Sin embargo, hay un hecho ampliamente documentado por fuentes gubernamentales y opositoras: los hospitales no están exentos de las intermitencias en la provisión de agua y electricidad que sufren los hogares y las industrias en todo el país. Esa constatación basta para imaginar los efectos que el empinamiento de la curva de contagios podría tener.

Ni el último vestigio de democracia

En condiciones como las descriptas, el gobierno de Maduro se apresta a terminar con el último vestigio de legitimidad democrática que queda en el sistema político venezolano. Las últimas elecciones competitivas que hubo en Venezuela fueron las elecciones para la Asamblea Nacional en diciembre de 2015. Después vinieron una asamblea constituyente convocada sin cumplir los requisitos de la constitución bolivariana y una elección presidencial en 2018 no sólo con proscripciones, sino con la tasa de participación más baja desde 1947 (46% de los electores habilitados): 6 millones de votantes menos que en 2013. La renovación de la AN este año viene con más proscripciones, con partidos expropiados a sus afiliados: un remedo de los golpes de Estado que promoviera la Unión Soviética en Europa Oriental en 1948-1949, creando versiones ficticias de los viejos partidos políticos bajo la dirección de sus aliados en cada país de la región.

Mientras arrecian las violaciones de los derechos humanos documentadas por la ONU a través de la Alta Comisionada Michelle Bachelet, por Amnistía Internacional, por el Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos y por otras instituciones de derechos humanos, la oposición se debate entre aprovechar los últimos espacios de participación habilitados y buscar apoyos internacionales para una solución venezolana de la crisis, o insistir en la búsqueda del putsch de militares disidentes o la intervención extranjera.

A diferencia de los años 80, cuando las democracias recién recuperadas en América Latina creían que su consolidación dependía de ayudar a la democratización de toda la región (de ahí el Grupo Contadora y el Grupo de Río), hoy el retroceso en los regímenes políticos de otros países de la región (de ahí la implosión de UNASUR y el congelamiento de la CELAC) realimenta dinámicas negativas en Venezuela, envalentonando a Maduro y dejando que en la oposición pervivan las tendencias menos apegadas a un futuro democrático para el país.

En cualquier caso, la ciudadanía venezolana ha sabido salir (y con poca ayuda exterior) de dictaduras anteriores y construir una democracia que fue refugio de exiliados de toda la región y contracara de los regímenes genocidas que eran sus vecinos hace 40 años. El futuro está abierto para que vuelva a escribir una página parecida.

1. Pablo Stefanoni, “El retroceso ‘nacional-estalinista’”, Nueva Sociedad, agosto de 2017. http://nuso.org/articulo/el-retroceso-nacional-estalinista/ consultado el 20 de julio de 2020.

2. Anna Ayuso y Susanne Gratius, “Votos y balas: ¿cómo responder a la transición al autoritarismo caótico en Venezuela?”, Notes internacionals CIDOB, Barcelona, julio de 2018.

3. José Luis Villacís González, “Entropía: caos convergente y caos divergente”, Anuario jurídico y económico escurialense, Nº 38, 2005.

4. Rafael Ramírez Carreño, “CANTV, PDVSA, la privatización en marcha”, 22 de agosto de 2019. https://www.rafaelramirez.net/sala-de-prensa/boletines/cantv-pdvsa-la-privatizacion-en-marcha/, consultado el 17 de julio de 2020.

5. United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division, “World Population Prospects 2019: Highlights”, 2019

6. Banco Mundial. https://datos.bancomundial.org/indicador/IS.AIR.PSGR?locations=VE Consultado el 17 de julio de 2020.