Un grito vigente

«Actrices, políticas, artistas, empresarias, referentes sociales… mujeres, todas, bah… no vamos a levantar la voz? NOS ESTAN MATANDO»

El 11 de mayo de 2015 la periodista Marcela Ojeda escribió ese tweet al enterarse del femicidio de Chiara Páez, una joven de 14 años, de Rufino que fue asesinada por Manuel Mansilla, su novio de 16 años, único detenido en la causa. Para Ojeda fue «un mensaje en una botella que se lanzó al océano y rápidamente hubo un montón de manos que abrazaron ese mensaje y dijeron  ‘hagamos algo’». Según su punto de vista, este caso causó empatía, ya que era un femicidio de una menor, embarazada y perpetrado por otro menor de edad. Allí se dió el puntapié inicial para la convocatoria #NiUnaMenos.

Si bien en Argentina este lema se hizo popular a partir de ese día, tiene una historia. El #NiUnaMenos deriva de «Ni una mujer menos, ni una muerta más», frase que le es atribuida a la poeta y activista feminista Susana Chávez Castillo, quien denunciaba los casos de femicidios ocurridos en Ciudad Juárez, estado de Chihuahua. Chávez Castillo fue encontrada violada y asesinada (con la mano izquierda cercenada, en señal de amenaza) el 11 de enero de 2011 en Juárez. En Chihuahua se registraron 445 mujeres asesinadas entre 2013 y 2015, siendo el tercer estado más peligroso de ese país para el género femenino, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía de México.

A un año de la convocatoria, el Dipló entrevistó a cuatro mujeres que desde distintos lugares participaron de este reclamo: Fabiana Túñez, titular del Consejo Nacional de las Mujeres (CNM), Marcela Ojeda, integrante del colectivo #NiUnaMenos, Karina Abregú, víctima de violencia de género, y Cristina Álvarez Rodríguez, diputada del Frente para la Victoria.

El estallido

El 3 de junio de 2015 cerca de 300 mil personas se dirigieron a la Plaza de los dos Congresos con la consigna #NiUnaMenos, con réplicas en todo el país y en el exterior. En palabras de Marcela Ojeda, la cantidad de gente que se sumó a la convocatoria se debe a «su transversalidad», ya que «las mujeres se dieron cuenta de que en algún momento de sus vidas fueron violentadas, sin la necesidad de llegar a un golpe físico. Alguna vez un tipo las apoyó en el colectivo o les dijo una barbaridad» y se sintieron identificadas. En el caso de la presencia de los hombres, resalta que se hicieron cargo también del reclamo y sentían la necesidad de decir «yo no soy ese tipo de hombre», y explica que “si bien son parte del problema, también son parte de la solución”.

Fabiana Túñez participó de la convocatoria cuando todavía era la titular de la Casa del Encuentro, una ONG que ayuda a víctimas de violencia de género y que, además, genera estadísticas de casos de femicidio a través del observatorio “Marisel Zambrano”. Túñez considera que las cifras “fueron generando el marco para visibilizar una problemática que estaba invisibilizada”, y que con respecto al nacimiento de la convocatoria, “el crimen de Chiara produjo una eclosión». Y expresa que “la convocatoria fue tan justa que marcó lo que realmente la sociedad estaba reclamando en forma silenciosa, y quedó claro que era un tema de agenda social”.

Cabe recordar que la marcha se realizó en el medio de la campaña política de 2015 para las elecciones provinciales y nacionales, entre ellas para Presidente de la Nación. Ante ello, tanto Ojeda como Túñez reconocen que todos los partidos políticos tuvieron que “hacerse eco” del reclamo. “Se estaba interpelando a los candidatos y comprometiéndolos con la problemática. Logramos que la violencia machista fuera tema de campaña”, afirmó Ojeda.

Uno de los reclamos del #NiUnaMenos iba dirigido a la legislación que se ocupa de la violencia. Desde el 2009 se encuentra vigente la Ley de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Nº 26.485), pero algunos de sus artículos no se encontraban reglamentados. Es el caso del artículo Nº 43, esencial para que la normativa pueda obtener partida presupuestaria y llevar a la práctica otros artículos. La diputada Cristina Álvarez Rodríguez, consultada por este tema, aclaró, que “si bien no se reglamentó la Ley se llevaron a cabo la Asignación Universal por Hijo (AUH) y por Embarazo, y se pusieron en marcha los programas Ellas hacen y Mujeres cooperativas”. De todas maneras, reconoce que fue un “déficit no haberlo hecho”. Pero estos planes paliativos no fueron suficientes para las víctimas, como el caso de Karina Abregú, a quien su ex pareja le quemó el 70% de su cuerpo, quien dice: “El único ofrecimiento fue ser parte del programa Ellas hacen, pero me es imposible físicamente por mis heridas”. En la misma línea, para Túñez, se falló en no tener “el escalón fundamental para la ley: el presupuesto, y, en consecuencia, el Plan Nacional de Acción” contemplado por la misma.

La Ley no sólo contempla la violencia física sino también la psicológica y la simbólica. Las entrevistadas coinciden en la importancia de la dimensión cultural para erradicar la violencia, lo cual está íntimamente relacionado con uno de los modos de violencia que determina la Ley, en este caso la simbólica: “La que a través de patrones estereotipados, mensajes, valores, íconos o signos transmita y reproduzca dominación, desigualdad y discriminación en las relaciones sociales, naturalizando la subordinación de la mujer en la sociedad» (1). A su vez, estos valores se reproducen especialmente en los medios de comunicación, cuando cubren los hechos de violencia a la mujer. Sobre esto, Fabiana Túñez explicó que “en muchos casos los medios de comunicación tratan el tema de forma sexista y misógina, tal como pudo verse en el caso de María José Coni y Marina Menegazzo en Ecuador. Se dijo que viajaban solas. ¿Solas con respecto a qué?”.

Tanto el día anterior como el mismo 3 de junio, numerosos programas de televisión invitaron a víctimas de violencia a contar su experiencia, lo que, según Túñez, “produce una revictimización. No ayuda a la víctima porque revive lo que le pasó”. Distinta fue la percepción de Karina Abregú, que sostiene que los medios trataron con “pudor y respeto” su caso y visibilizaron su experiencia para que pueda pedir justicia.

Teniendo en cuenta que los medios de comunicación no sólo marcan agenda pública sino que instalan discursos sobre ciertas temáticas, Túñez se refiere a la responsabilidad del comunicador: “En la Ley está clasificada la violencia simbólica, pero no se especifica una sanción. Se está evaluando cómo llevarla a cabo”. En relación a este tema, Ojeda recuerda la campaña que realizó este año el colectivo #NiUnaMenos para el día de la mujer en la cual se difundieron una serie de placas con frases. En una de ellas se leía: “No hay #NiUnaMenos posible cuando los periodistas, los medios de comunicación y las empresas periodísticas seguimos echándole la culpa o la responsabilidad a la víctima porque viajaba sola, por cómo estaba vestida o porque no había terminado de estudiar”. Al respecto, Ojeda considera que eso hoy se pone en cuestión: “Si bien el cambio cultural es muy lento, hoy cuando un hombre dice algo que violenta a una mujer en la televisión rápidamente uno está atento, porque sabe que es violencia y eso ayuda a la prevención”.

Los mensajes misóginos continúan, como pudo observarse en Clarín en una nota de la sección Telones y Pantallas luego de que, en el noticiero del mediodía de Canal 13, Luis Otero felicitara a las “juanas”, al conmemorarse su día por el asesinato de Juana de Arco, y Silvia Martínez Cassina agregara “Y a seguir la lucha”. Al día siguiente, en esa sección del diario se advertía: “Ojo con la lucha, Silvia, mirá que la Juana de la que hablan terminó quemada en la hoguera”. El repudio ante estos dichos fue masivo, lo cual es una clara muestra de la atención que hoy se presta a los discursos violentos.

Avances y retrocesos

A un año de la masiva convocatoria contra los femicidios, según el Observatorio “Marisel Zambrano” durante 2015 se produjeron 286 casos, 10 más que el año anterior. En los primeros 100 días de este año hubo 66 mujeres asesinadas por su condición de género. Las cifras hablan por sí solas: la violencia de género no ha descendido en su magnitud.

Sin embargo, ese lema que inició el colectivo de periodistas y artistas, fue un mensaje en una botella recogido por muchas manos. El grito interpeló a la sociedad en su conjunto, entre ellos a los políticos. El 8 de marzo la diputada Álvarez Rodríguez presentó 12 proyectos de ley vinculados con la temática de género. Entre los cuales se encuentran: la declaración de emergencia nacional por violencia de género; suspensión de la patria potestad al femicida; licencia y traslado laboral para trabajadoras víctimas (realizado junto con la Casa del Encuentro) y dispositivos electrónicos (tobilleras) para alarma de proximidad y violación perimetral. La diputada asegura que tuvo muchas adhesiones a los proyectos tanto de su partido como de otros, y que cada uno de éstos “surgieron del trabajo con el tercer sector”.

Sumado a este paquete de proyectos, se encuentra en el Congreso la denominada “Ley Brisa” impulsada por la Casa del Encuentro, mediante la cual el Gobierno deberá otorgar una ayuda económica (equivalente a una jubilación mínima) y cobertura de salud a los hijos de mujeres asesinadas. Túñez sostiene que este proyecto estuvo dos años sin ser tratado, pero se muestra esperanzada con el nuevo Congreso. El optimismo de la funcionaria no coincide con la visión de algunos diputados, ya que estos proyectos se encuentran en la Comisión de Familia, Niñez, Mujer y Adolescencia. Esta comisión es presidida por el diputado de Cambiemos por la provincia de Corrientes, Julián Dindart, quien en 2012, cuando ocupaba el cargo de ministro de Salud de esa provincia, declaró: «Algunas se embarazan hasta porque tienen un recurso económico como premio, pero son varias las razones» (2), en clara alusión a la AUH. Esto generó una campaña iniciada por Soledad Sosa, diputada del Partido Obrero, para juntar firmas exigiendo su desplazamiento. Actualmente Dindart sigue presidiendo la comisión.

Más allá de esta polémica que toca de cerca al nuevo gobierno, tanto Álvarez Rodríguez como Ojeda creen que la designación de Fabiana Túñez en el CNM fue un acierto, por los años de lucha que tiene en esta temática. “Me tomó por sorpresa que me convocaran. Me llamó Carolina Stanley (ministra de Desarrollo Social de la Nación) el 25 de noviembre para una reunión y me hizo el ofrecimiento para el cargo por mi trabajo. En todos los planteos había coincidencias, así que después de tantos años de inactividad del CNM, me pareció que era una oportunidad para darle el brillo que tenía cuando fue creado por su primera titular, la feminista Virginia Franganillo”, relató Túñez. En su gestión promete lanzar el Plan Nacional de Acción para la Prevención, Asistencia y Erradicación de la Violencia contra la Mujer en julio de este año, una de las demandas del #NiUnaMenos, aunque su presupuesto debe ser aprobado por el Poder Legislativo. Entre los puntos principales del Plan se encuentran: programas de asistencia integral e interdisciplinaria a la víctima; aplicaciones para los celulares de las mujeres (que les avisará cuando el agresor traspase la perimetral) y programas de capacitación dirigidos a fuerzas de seguridad y agentes de la educación, la salud y la justicia. Además, la titular del CNM hace énfasis en la presentación de proyectos de reformas de las currículas educativas que se presentarán en el Ministerio de Educación, ya que afirma “es un punto importante para erradicar la violencia”.

Para Marcela Ojeda “ningún balance puede ser positivo, ya que cada 30 horas muere una mujer. De las demandas hay pocas cosas que se cumplieron, como la ley de patrocinio gratuito a las mujeres (que depende del Ministerio de Justicia); la unificación de los datos estadísticos del Ejecutivo y la Justicia, y la inclusión de la perspectiva de género en la Educación Sexual en las escuelas. Ya es tiempo de hacerlo”.  Karina, como víctima, reafirma esta posición: “No he conseguido ayuda del Estado, se demostró ausente con todas las víctimas”. Su agresor, Javier Albornoz, fue sentenciado el 25 de abril pasado por el Tribunal Oral Nº1 de Morón a 11 años de prisión por tentativa de femicidio agravado por el vínculo, pero, sin embargo, ella sigue recibiendo amenazas de parte de él y de su familia. Sumado a ello, luego de la sentencia Albornoz fue trasladado a una comisaría a diez cuadras de la casa de Abregú. Karina, su familia y militantes contra la violencia tuvieron que realizar un escrache para que fuera trasladado al penal de Olmos. Hoy ella, junto a su hermana Carolina, además acompañan la lucha de otras víctimas de violencia, ya que el panorama social con respecto al tema no le parece alentador.

De los puntos que se demandaron en el documento presentado el 3 de junio ninguno se cumple en forma plena: tanto el Plan Nacional de Acción, como la garantía del acceso a la justicia de las víctimas, el monitoreo a los agresores, y el Registro Oficial Único de víctimas no están todavía en funcionamiento. Tampoco el punto referido a la profundización de la Educación Sexual Integral en todos los niveles educativos, que, como afirman las entrevistadas, ayudaría a cambiar el paradigma cultural machista. Resta esperar que en un corto plazo las deudas sean saldadas, para de esta manera desmoronar los estereotipos sexistas que llevan, como decía Galeano, a “los criminales a proclamar tan campantes ‘la maté porque era mía’” (3).

1. http://www.infoleg.gov.ar/infolegInternet/anexos/150000-154999/152155/norma.htm

2. “Polémicas declaraciones de Julián Dindart sobre nenas embarazadas”, La Razón, 19-03-2012.

3.“La mujer sin miedo”, Eduardo Galeano.

Una nueva herramienta para conocer la violencia

Este 3 de junio el colectivo NiUnaMenos lanza una iniciativa: crear el Primer Índice Nacional de Violencia Machista. La convocatoria a participar es para todas las mujeres de todo el país, quienes deberán responder 150 preguntas en modalidad multiple choice referidas a los distintos tipos de violencia a las que están expuestas. Marcela Ojeda afirma que se propusieron «ir más allá y conocer bajo qué tipo de violencia viven las argentinas: obstétrica, reproductiva, institucional, social, laboral».

La encuesta es anónima y los únicos datos que se piden son el lugar de residencia, el nivel educativo y económico para que la muestra sea lo más integral posible. Este índice tiene como finalidad tener una dimensión de las violencias menores, pero como resalta Ojeda «no menos graves», que viven las mujeres en el país. La encuesta estará disponible por tres meses y al concluir se realizará un informe por cada provincia para ser entregado a sus gobernadores, con el objetivo de hacerles saber, en voz de sus coprovincianas, qué les está sucediendo con respecto a esta temática para que tomen medidas al respecto.

La encuesta está disponible en www.contalaviolenciamachista.com