En Perú, dos mundos se enfrentan
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En el norte de Perú, la ciudad de Cajamarca se precia de encarnar “el encuentro de dos mundos”: el de los conquistadores españoles y el de Atahualpa, el último jefe inca, en 1532. En ese entonces, el encuentro no derivó en un abrazo. Aprovechando la guerra fratricida entre Atahualpa y su hermanastro Huascar, los compañeros de armas de Francisco Pizarro lo capturaron y ejecutaron, antes de establecer su dominio sobre los territorios que conforman actualmente Perú y Ecuador. Se inició, así, una era de despojos que las independencias del siglo XIX no lograron interrumpir (1). Desde entonces, como el resto de América Latina, los Andes se desangran. Sus riquezas se agotan; las heridas permanecen.
Cinco siglos después, durante las elecciones presidenciales peruanas, la región de Cajamarca es uno de los puntos álgidos de un nuevo “encuentro”, del cual algunos esperan un cambio de reglas. Nuevamente, dos mundos se enfrentan, encarnados por los dos candidatos presentes en la segunda vuelta, el 6 de junio de 2021.
Por un lado, Keiko Fujimori, heredera del neoliberalismo autoritario instaurado por su padre, el dictador Alberto Fujimori, entre 1990 y 2000. Un sistema basado en la corrupción y el clientelismo, pero cuya agonía explica la crisis democrática que atraviesa un país considerado por mucho tiempo “estable”. Desde 2016, Perú ha tenido cuatro presidentes. Tres de ellos han tenido que responder ante la justicia por corrupción; el cuarto prefirió suicidarse (2). Frente a Keiko Fujimori, un profesor poco conocido, oriundo de la región de Cajamarca: Pedro Castillo, un hombre pobre, acostumbrado a trabajar la tierra, “un peruano como los demás”, como proclamaba uno de sus lemas de campaña.
Por un lado, la capital, Lima –donde se concentran el 30% de la población y el 48,1% de la producción de riqueza (3)–, las grandes ciudades, la costa del Pacífico, la elite económica que gestiona la explotación del país y los compañeros de armas de Pizarro. Por el otro, las regiones montañosas, las zonas rurales, el sur de Perú y los descendientes de Atahualpa. Con la salvedad de que 2021 no es 1532.
El mito del éxito económico
El 28 de julio pasado, al cabo de una interminable saga electoral, Castillo, que sin dudas no esperaba llegar a la segunda vuelta un año atrás, se ciñó la banda presidencial y un sombrero tradicional de su región. Sin embargo, los dos mundos no han desaparecido y el país sigue tan dividido como ayer: los finalistas de la segunda vuelta solamente atrajeron al 18,5% de los inscriptos en la primera, lo cual ilustra el descrédito del mundo político; un descrédito agravado aun más por la crisis del Covid-19.
Con casi 6.000 muertos por millón de habitantes, Perú es el país con el mayor número de víctimas de la enfermedad en proporción a su población. El sistema de salud, en gran medida privatizado, se reveló incapaz de contener el avance de la pandemia. Ausente de las provincias, el Estado dejó millones de habitantes en una total precariedad social y sanitaria. Aquí, la gente lleva dos máscaras superpuestas con la esperanza de evitar el contagio. En los centros urbanos, la incapacidad de las autoridades de respaldar al 75% de trabajadores informales que viven al día ha sumido en la pobreza a más de tres millones de personas (una décima parte de la población) desde el comienzo de la pandemia (4). Y, sin embargo, el país acaba de vivir una revolución: por primera vez, un presidente se asemeja a la población que pretende representar.
En los confines del Perú septentrional, la relegación se manifiesta más crudamente a medida que uno se aleja de la capital regional, Cajamarca. A lo largo del camino que conduce a Puña, una aldea ubicada en el corazón de la cordillera peruana, el Estado brilla particularmente por sus deficiencias. Las minas a cielo abierto se disputan las laderas de la montaña con las pequeñas parcelas de cultivos alimentarios de maíz y alubias, papa y yuca. Ninguna ruta está asfaltada: sólo hay caminos sinuosos. Se necesitan varias horas de camino para llegar a la tierra natal de Castillo.
En la entrada de Puña, las familias campesinas trabajan la tierra con arados tirados por bueyes. Otros, más afortunados, utilizan motocultivadores anticuados. El trabajo en el campo marca el ritmo del día. Al fondo de un camino rocoso se yergue una casa con paredes de adobe. En la cocina con suelo de tierra, las ollas humean en un hogar de brasas. Una bombilla inunda el rostro de José Mercedes Castillo con una luz blanca. El hombre lleva un sombrero de paja característico de los campesinos de la región, el mismo que luce su hermano Pedro en todas sus apariciones públicas. “En nuestro país, la esclavitud no ha desaparecido. Seguimos siendo explotados por otros peruanos, por algunos de los nuestros”, insiste don Mercedes. ¿Qué hay del “milagro peruano”, tan celebrado por los medios internacionales? “Aquí no existe.” En las alturas del barrio obrero de San Juan de Lurigancho, en Lima, Augustina Cardenal, encargada de una olla común, un comedor popular autogestionado, también ofrece una observación amarga, alejada del supuesto éxito económico peruano: “La gente tiene hambre, no hay trabajo. No tenemos agua corriente ni electricidad. Donde yo vivo, disponemos de un solo cuarto de baño para trescientas personas”.
Nuevos actores políticos
La pandemia del Covid-19 dio lugar a toda una serie de reivindicaciones por parte de nuevos actores políticos –mujeres, en particular– que hasta ahora se habían mantenido al margen de las formas y las estructuras tradicionales de la acción política o sindical. Con su origen social y militante, Castillo les ha ofrecido una superficie de proyección y, tal vez, la esperanza de ver que el Estado lleve adelante sus luchas.
Si bien el nuevo Presidente no pertenece al palacio, El Profe no es un desconocido en el panorama político. En 2017, un importante movimiento social sacudió el país. La causa: la voluntad del gobierno de reducir la cantidad de puestos de maestros de escuela para contratar trabajadores contractuales. Esto suscitó la cólera en el campo. Lejos de las ciudades, los profesores son los portavoces habituales de las reivindicaciones sociales. En torno a ellos se organizan toda clase de protestas, como las que conciernen el estado de las rutas o el acceso a los servicios públicos. Asumen, al mismo tiempo, las funciones de profesores y organizadores de sus comunidades.
El descontento contra la reforma del gobierno neoliberal de Pedro Pablo Kuczynski se extendió a todo el país y movilizó a cientos de miles de personas. La dirección del Sindicato Unitario de Trabajadores en la Educación de Perú (SUTEP) se vio desbordada por los trabajadores de base que ya no aceptaban delegar su representación en líderes acusados de complacencia con el poder. Un diálogo de sordos se instaló dentro del movimiento sindical. Los huelguistas se auto organizaron para designar nuevos portavoces. Castillo fue uno de ellos.
Tras haber intentado vincular el movimiento con la guerrilla maoísta de Sendero Luminoso, que, desde hace años, empaña la imagen de la izquierda en Perú, y de explotar las divisiones dentro de la estructura sindical, el gobierno tuvo que ceder: la reforma fue retirada. La huelga de 2017 contribuyó a forjar la legitimidad política de Castillo. El “magisterio”, la red creada por los profesores, le ofreció al profesor una valiosa base política y militante.
Pero el candidato también ancló su campaña en otra estructura: las rondas (organizaciones campesinas). También nacidas en la región de Cajamarca, fueron originalmente organizaciones encargadas de suplir la ausencia del Estado en el ámbito de la seguridad y la justicia. Durante el conflicto entre el Ejército y Sendero Luminoso, a lo largo de la década de 1990, llegaron a defender los pueblos contra las incursiones de uno u otro de los bandos beligerantes. En tiempos de paz, o cuando los problemas de delincuencia amainan, las rondas adquieren otro cariz, explica Manuel Quintana, con quien nos reunimos en Cuyumalca, su cuna, a pocos kilómetros de Puña: “Cuando un miembro de la comunidad no tiene qué comer o no puede recibir los cuidados que necesita, nos organizamos para ayudarlo. No sólo nos ocupamos de la seguridad, sino también de todos los problemas sociales, así como de los proyectos de infraestructura”. A su lado, José Marino, otro rondero, añade: “La ronda es una organización democrática, participativa y autogestionada. Todas las decisiones se toman en una asamblea general, con la presencia de toda la comunidad. Elegimos representantes cada dos años. Tenemos también elecciones para enviar delegados a las representaciones regionales y nacionales”.
Estos grupos de autogestión comunal dieron forma a algunos de los círculos militantes más activos en la campaña de Castillo. Estos se fusionaron con múltiples organizaciones ciudadanas creadas para intentar sobrevivir al desastre económico que precipitó la pandemia del Covid-19. De este modo, el candidato parece haber logrado politizar los sentimientos de pertenencia que los partidos tradicionales no han sabido captar.
Grupos de autogestión comunal dieron forma a algunos de los círculos militantes más activos en la campaña.
Un fenómeno heterogéneo
Si bien su convocatoria va más allá de los partidos, Castillo tuvo que presentarse bajo los colores de uno de ellos. Y ese fue Perú Libre. Fundado en 2009 por Vladimir Cerrón, un cirujano formado en Cuba, Perú Libre se define no solamente como marxista-leninista, sino también como mariateguista, en referencia al intelectual peruano José Carlos Mariátegui (1894-1930), célebre por haber preconizado un socialismo latinoamericano que no fuera “ni calco ni copia” de su versión europea. Sería una subestimación decir que, en un país muy conservador, Perú Libre desentona.
Desde 2019, el partido intentó aglutinar bajo una misma bandera las distintas corrientes de la izquierda, en vistas a las elecciones presidenciales. Frente al fracaso del proyecto, recurrió a Castillo. “Hemos entablado una relación con él durante la huelga de maestros de 2017 –recuerda Cerrón–, y le propusimos representar a Perú Libre en las elecciones presidenciales.” Al colocar a un sindicalista como líder, sostiene, su partido “también les demostró a los sindicatos que no podían replegarse en el reclamo permanente y que la toma de poder debía ser un objetivo”. “Sin embargo, no nos esperábamos pasar a segunda vuelta”, concede el líder, antes de agregar: “Pero estamos listos para gobernar”.
Perú Libre se benefició de un fenómeno con el que no podía contar. Unos meses antes de la campaña, la candidatura de Verónika Mendoza suscitó la preocupación de la derecha y de los medios de comunicación, todos ellos privados. Al frente de Nuevo Perú, esta feminista presentó un programa anclado en la izquierda, pero más moderado que el de Perú Libre. Parece haber conseguido demarcarse al mismo tiempo de Sendero Luminoso, de Venezuela y de Cuba, los espantajos preferidos de la prensa. Para impedir que Mendoza accediera a la segunda vuelta, la prensa llevó adelante una campaña contra los temas sociales que le interesaban a la candidata. Una parte de su electorado, atemorizada, terminó acercándose a Castillo.
Pese a llevar los colores de un partido que se rehúsa a denigrar La Habana y Caracas, el profesor ganó la primera vuelta… pero gracias a un doble matrimonio de circunstancias: aquel que lo une a Perú Libre; y aquel que lo vincula al resto de la izquierda. Varios integrantes de este último bando rechazan su conservadurismo social: Castillo se opone al aborto y al matrimonio homosexual… como la inmensa mayoría de los peruanos. Además, en varias ocasiones defendió la deportación de los delincuentes extranjeros. Se trata de temas que, en un Perú conservador, están en consonancia con las expectativas de las clases populares.
De momento, la combinación se sostiene en la medida en que el programa de Castillo, aunque radical, es bastante vago: la nacionalización de los recursos energéticos, el refuerzo del rol del Estado, el aumento de los presupuestos para educación y salud, una reforma agraria y la convocatoria a una Asamblea Constituyente para reajustar las cartas de la democracia. Si el profe ha sabido reunir a los descontentos del sistema, también ha seducido por aquello que no es: según el Instituto de Estudios Peruanos, el 25% de su electorado eligió la boleta “Castillo” para oponerse al regreso del régimen autoritario del fujimorismo y a la continuidad del modelo actual (5).
Por otro lado, una parte nada despreciable del electorado permanece impermeable a las propuestas del Estado de Bienestar que defiende Castillo. La desinstitucionalización y la atomización de la solidaridad en marcha desde la época de Fujimori han contribuido durante años a reforzar un “sentido común neoliberal”: el Estado suele ser percibido como ineficaz, corrupto y al servicio de las multinacionales. Por ello, varios ciudadanos buscan su salvación individual en el desarrollo de la actividad empresarial privada, así sea un comercio de cercanía o una microempresa familiar.
Nuevas y viejas batallas
Este espíritu de “capitalismo popular” resuena en ciertos sectores de la sociedad, asustados por la incertidumbre que implicaría un cambio de rumbo demasiado radical. Esta angustia alimentó una feroz campaña mediática, enraizada en el anticomunismo de una parte de la población. Las empresas privadas de comunicación no cesaron de entorpecer a Castillo a golpes de fake news, desenterrando, por si acaso, el traumático espectro de Sendero Luminoso. A su vez, el profesor ha sido llamado terrorista, comunista o chavista, acusado de querer colectivizar la economía, prohibir las importaciones, arruinar la economía y sumergir a Perú en la miseria. Esta capacidad de la prensa para atizar los miedos será importante en los meses venideros.
Nombrado el 30 de julio de 2021, el primer gabinete de Castillo debió esperar al 27 de agosto para recibir la confirmación del Parlamento, tras un largo debate que culminó con una victoria para el Presidente. Evidentemente, Castillo quiere dar pruebas de apertura: este primer gobierno reúne a varias tendencias políticas, así como miembros de movimientos sociales o sindicales. Mientras que el primer ministro, Guido Bellido, es un “duro”, cercano a Cerrón, los ministerios de Educación, Salud, Defensa, Relaciones Exteriores e Interior están ocupados por profesionales sin afiliación militante, si bien se sitúan todos a la izquierda del espectro ideológico. El importante Ministerio de Desarrollo Agrario está en manos de un sindicalista, mientras que varios miembros de los partidos de izquierda tienen también su lugar dentro del Ejecutivo. Del lado económico, la elección de Pedro Francke apunta a tranquilizar los mercados: el nuevo ministro ya restableció el Decreto 1276, impuesto por el ex presidente neoliberal Pedro Pablo Kuczinsky (2016-2018) y suspendido temporariamente para hacer frente a la crisis sanitaria. Esta “regla de oro” impone techos a los déficits presupuestarios (3,7%) y a la deuda pública (38%) para 2022. Relanzar la economía en estas condiciones resultará tanto más delicado cuanto que el economista monetarista Julio Velarde aceptó permanecer en el cargo de presidente del Banco Central, que ocupa desde 2006.
A pesar de estos signos de apertura, la prensa estalló. En cuanto se anunciaron los nombres de los ministros, La República, de centroizquierda e históricamente antifujimorista, estampó su portada con un imponente: “No, señor presidente” y aseguró: “Nombrar a Bellido como primer ministro es darle la espalda al país” (6). En otro registro, el ilustre periodista César Hildebrandt, director del periódico semanal que lleva su nombre, declaró: “Es Cerrón quien dirige. Si Castillo no se desmarca inmediatamente, significará que ha optado por la confrontación y el suicidio de un gobierno que ha suscitado tantas esperanzas” (7).
Apenas nominado, una violenta campaña mediática apuntó contra el ministro de Relaciones Exteriores, Héctor Béjar. Académico, miembro de una guerrilla en los años 60, encarcelado y luego amnistiado en 1970 para participar en el gobierno de Juan Velasco Alvarado (1968-1975), Béjar fue acusado por unas declaraciones realizadas mucho antes de las presidenciales, en las que recordaba el rol de la Marina peruana en el terrorismo de Estado que había contribuido a traumatizar al país unos cuarenta años antes. Una tesis calificada de “conspiracionista” en 2021, pero defendida por la Oficina de Asuntos Interamericanos, en Washington, en 1975 (8).
La oposición se abalanzó, apoyada por la Marina, que exigió disculpas públicas. La presión ejercida por los militares sobre el joven gobierno amenaza peligrosamente el marco constitucional del país. Al término de una blitzkrieg político-mediática, las palabras del académico terminan tumbando al ministro. Béjar se vio obligado a renunciar, apenas 19 días después de su nominación. Seguramente no le perdonaron su decisión de anunciar, apenas nombrado, la salida de Perú del Grupo de Lima que coordina las maniobras de los gobiernos conservadores de la región para derrocar al presidente venezolano Nicolás Maduro. Ni su ambición de cuestionar el discurso oficial sobre el pasado traumático de Perú. El académico de izquierda fue reemplazado por una figura más consensual, Óscar Maúrtua, un diplomático de carrera, que ya ocupó el cargo en el gobierno de centroderecha de Alejandro Toledo (2001-2006). La moderación demostrada en materia económica y la eyección de Béjar sugieren desde ya que transformar Perú no será nada fácil frente a una elite determinada a luchar por todos los medios.
El presidente Castillo llegó al poder en un momento en que Perú está sumido en una crisis democrática, sanitaria, económica y social. Los primeros meses serán decisivos. En un país todavía traumatizado por la traición de Ollanta Humala, elegido con una plataforma progresista en 2011, para luego dar la espalda a sus compromisos de campaña, Castillo tendrá que cumplir al menos ciertas promesas de cambio.
Su pragmatismo y la capacidad de negociación que adquirió gracias a su experiencia sindical deberían constituir una importante ventaja para permitirle al nuevo Presidente sacudir el actual tablero ideológico. Más aun cuando la recomposición política no parece limitarse a los partidarios del gobierno. Una parte de la patronal veía en los planes de bloqueo del país de Fujimori –que pretendía anular las elecciones que acababa de perder– un escollo para sus intereses económicos y no quiso apoyar un sistema denostado en las urnas. Esta tercera derrota consecutiva es un duro golpe para la eterna candidata de la ultraderecha. Acusada de lavado de dinero y asociación ilícita, ahora tendrá que presentarse ante la justicia y enfrentarse a los numerosos aspirantes que se encuentran listos para quitarle el liderazgo de la oposición.
La tarea de Castillo se anuncia aun más ardua dado el poder que detenta el Parlamento en Perú. Perú Libre y sus aliados de Juntos por el Perú cuentan solamente con 42 de los 130 diputados. Además, el 26 de julio de 2021, una coalición de centroderecha le arrebató la dirección del Congreso al partido gubernamental. Por lo tanto, el Ejecutivo deberá negociar con los representantes centristas, en función de las alianzas. En un país donde la destitución de presidentes por parte de los diputados es moneda corriente –cuatro de ellos fueron destituidos entre 2016 y 2020–, comienza ahora la batalla por la estabilidad institucional en el Parlamento.
“Las tareas que tenemos por delante son duras y nos necesitan a todos. Convoco a todos los hombres y las mujeres del Perú sin distingos de ninguna naturaleza, para decirles que ahora es el tiempo de la reconstrucción de la unidad nacional –afirmaba el nuevo Presidente al prestar juramento, el 28 de julio de 2021–. Como decían nuestros antepasados quechuas antes de emprender una gran tarea: ¡Huk umalla huk sunquilla y huk maquilla! ¡Una sola fuerza, un solo corazón y una misma dirección! Que es la dirección del progreso y la justicia social para todos los peruanos.” En este año del Bicentenario de la Independencia, entre la incertidumbre y la esperanza, Perú parece librar de nuevo las batallas del pasado.
1. Renaud Lambert, “Icare ou l’impossible démocratie latino-américaine”, Le Monde diplomatique, París, marzo de 2021.
2. Véase Romain Migus, “La calesita presidencial peruana”, Le Monde diplomatique, edición Cono Sur, enero de 2021.
3. Instituto Nacional de Estadística e Informática, www.inei.gob.pe
4. “El empleo informal afectó a más de 11 millones de peruanos en el 2020”, La República, Lima, 10-6-21.
5. “Informe de opinión”, Instituto de Estudios Peruanos, Lima, junio de 2021.
6. “No, señor presidente”, La República, 30-7-21.
7. César Hildebrandt, “Cerrón es el que manda”, Hildebrandt en sus trece, Nº 550, Lima, 30-7-21.
8. Bureau of Interamerican Affairs, “Bomb at navy minister’s house”, Washington, DC, 2-6-1975.
* Periodista, fundador del sitio Internet de noticias sobre América Latina Les 2 rives (les2rives.info).
Traducción: Emilia Fernández Tasende