Las patentes, una barrera a las vacunas para todos

Recordemos el aluvión de buenas intenciones expresadas durante el aislamiento preventivo de la primavera boreal de 2020. En la sociedad fraternalmente refundada que estaba por venir las vacunas debían ser “bienes públicos mundiales”. Asimismo, en noviembre, Emmanuel Macron advertía seriamente: “Cuando salga al mercado la primera vacuna [contra la Covid-19], ¿estaremos preparados para garantizar el acceso a ella a escala planetaria y evitar a toda costa el escenario de un mundo de ‘dos velocidades’, donde solo los más ricos podrían protegerse del virus y reanudar una vida normal?” (1). Pero las promesas siguen siendo solo buenas intenciones. El 18 de enero de 2021, el director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, constataba un hecho abrumador: “Más de 39 millones de dosis de la vacuna han sido administradas en al menos 49 países de ingresos altos. Solo 25 dosis se han administrado en un solo país de bajos ingresos. No 25 millones, no 25 mil, solo 25”. Y hacía referencia a la probabilidad de un “fracaso moral catastrófico”.

No obstante, por iniciativa de la OMS, se habían establecido dos instrumentos para poner en práctica ese impulso de solidaridad internacional. En primer lugar, el mecanismo COVAX, que tiene por objeto “la licitación conjunta para la adquisición de vacunas contra la Covid-19, a fin de garantizar a 190 países y territorios el acceso justo y equitativo a las vacunas”. Se firmó un contrato por 40 millones de dosis de vacunas (de ARN mensajero) con Pfizer (en sociedad con la empresa alemana BioNTech), luego otro con AstraZeneca (en sociedad con la Universidad de Oxford) por 120 millones de dosis suplementarias. El objetivo fijado era muy ambicioso: proporcionar dos mil millones de dosis para finales de 2021. El segundo mecanismo es el Fondo de Acceso a la Tecnología Covid-19, o C-TAP (acrónimo de Covid-19 Technology Access Pool), que debería haber garantizado el intercambio de la propiedad intelectual, los conocimientos y la experiencia necesarios para producir vacunas a gran escala, incluso en los países en desarrollo. Pero resulta que el C-TAP es, en este momento, una cáscara vacía, mientras que el mecanismo COVAX tiene enormes dificultades para arrancar, hasta el punto de que la OMS menciona ahora el plazo 2022 o incluso 2024.

La realpolitik del capitalismo neoliberal

Prisioneros de sus declaraciones públicas, los Estados y la Unión Europea practican el doble discurso. En la práctica, prevaleció la realpolitik, en beneficio de las multinacionales farmacéuticas. A pesar de la gran falta de transparencia que rodea los “acuerdos de compra anticipada”, se filtraron elementos reveladores. Y, una vez más, vemos que se aplica la ley de hierro del capitalismo neoliberal: la socialización de las pérdidas y la privatización de los beneficios. Los laboratorios fueron subvencionados con miles de millones de euros por los Estados y la Comisión Europea –que aportó más de 2.000 millones durante el desarrollo de las vacunas– para la investigación y el desarrollo y, posteriormente, la producción masiva de dosis, limitando de facto los riesgos de las empresas. Sin embargo, estas últimas conservan el control de las patentes, negocian con dureza los precios con los Estados y restringen las posibles donaciones y reventas a los países en desarrollo. Según la secretaria de Estado de Presupuesto del Gobierno de Bélgica, Eva de Bleeker, las tarifas negociadas por Bruselas van de 1,78 euros para AstraZeneca a 10 euros para CureVac y 14,68 euros para Moderna (2).

Por último, las cláusulas de entrega parecen ser de lo más flexibles, lo que dejó a la Comisión Europea en la más completa confusión cuando AstraZeneca le informó, en enero, que no podría entregar el número de dosis previstas (80 millones) en los plazos fijados (primer trimestre de 2021). Esto dio lugar al comienzo de una crisis política con el Reino Unido, que quería conservar las dosis producidas antes de llegar a un acuerdo sobre la mitad del contrato.

Por otro lado, la responsabilidad jurídica de las empresas se restringe al máximo en caso de que se produzcan efectos secundarios graves, que serían asumidos una vez más por los Estados signatarios. Sería injusto acusar solo a las multinacionales que consiguen imponer contratos tan desequilibrados. Según The New York Times, el muy oficial Banco Europeo de Inversiones otorgó un préstamo de 100 millones de dólares a BioNTech, préstamo condicionado al cobro de 25 millones de dólares sobre los beneficios (3). Como si fuera lógico obtener ganancias con las vacunas…

A estos contratos inverosímiles hay que sumarles un enfrentamiento geopolítico entre los países por el desarrollo, la fabricación y el acceso a las valiosas vacunas: China y Estados Unidos, por supuesto, pero también Rusia –que acaba de obtener una victoria estratégica, el reconocimiento de su vacuna “Sputnik V” que va por buen camino–, Alemania, Israel y el Reino Unido. Si bien nada está cerca de resultar perfecto, Londres supo organizar una campaña de vacunación dinámica, echando por tierra el argumento de una Unión Europea protectora, esgrimido durante el laborioso y conflictivo Brexit. En mayo de 2020, el gobierno de Boris Johnson creó un “Vaccine Taskforce” [grupo de trabajo sobre vacunas] para desarrollar la investigación, la producción y la estrategia de las vacunas, por ejemplo, asociándose con la empresa francesa Valneva para producir una nueva vacuna en Escocia.

En síntesis, esto se encuentra en las antípodas de la lentitud y de la pasividad de Francia. Al 4 de febrero, el Reino Unido había administrado al menos una dosis de vacuna al 16,2% de su población, frente al 4% en España, el 3,9% en Italia, el 3,6% en Alemania y el… 2,7% en Francia. Este país no sólo ha quedado rezagado en el concierto de potencias, sino que los centros de vacunación se organizaron de manera precipitada, en enero de 2021, bajo la presión de los medios de comunicación, y están a cargo de un personal de salud desbordado y agotado. Peor aun, contra toda lógica, el gobierno sigue reduciendo camas. Como el laboratorio Sanofi fracasó en la carrera por la “vacuna nacional”, su participación y la de empresas francesas como Delpharm o Recipharm en determinadas tareas de subcontratación (envasado, embalaje, etc.) comenzó, una vez más, con retraso, en febrero.

En este contexto de tensión, se entiende por qué las poblaciones de los países en desarrollo han dejado de ser prioridad. Frente a las compañías farmacéuticas, preocupadas por sus patentes, los mecanismos C-TAP y COVAX no funcionan: según Oxfam, el 13% de la población mundial, que vive en los países ricos, reservó el 51% de las dosis. Incluso dentro de la Unión Europea, las primeras entregas revelaron desigualdades flagrantes: Italia recibió 9.750 dosis, Francia, 19.500 y Alemania, 151.125 (4). Incluso comparadas con la población respectiva de esos países, esas diferencias siguen siendo inexplicables y parecen sugerir que algunos son más iguales que otros. Además, Alemania está negociando de forma directa para obtener dosis adicionales, a pesar de su adhesión al mecanismo de compra conjunta de vacunas por parte de la Comisión (5).

¿Y la licencia obligatoria?

Garantizar la “igualdad del valor de las vidas” (6) entre el Norte y el Sur, entre los países del Norte y en el interior de cada país, implicaría revisar de raíz las normas del mercado farmacéutico. Por otra parte, la crisis actual proporciona un típico ejemplo de las aberraciones del modelo económico dominante aplicado a este sector. En efecto, gracias al giro de las biotecnologías y de la genómica, los laboratorios externalizan cada vez más el proceso de I+D –y, por lo tanto, sus riesgos–a nuevas empresas que a menudo se benefician de fondos públicos y tienen el respaldo de las universidades (7). Como ocurre con BioNTech y Moderna. Ahora bien, a pesar de la creciente interrelación entre investigación básica, fondos públicos y sector privado, los derechos de propiedad intelectual no dejan de reforzarse. Además, los fondos públicos, a través de los sistemas de salud, logran la solvencia del mercado farmacéutico, que funciona según un mecanismo de subasta: las multinacionales ponen a los países en competencia para obtener los precios deseados, sin perjuicio de conceder en secreto descuentos en función del volumen de ventas.

Ante la depredación de los recursos públicos y la escasez de vacunas, muchos profesionales de la salud (8), militantes, organizaciones no gubernamentales, así como algunos países, instan a los Estados a activar la “licencia obligatoria”. Este concepto, que surgió en Estados Unidos a finales del siglo xviii, se incorporó a las normas internacionales en 1925 mediante una enmienda al Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial (9). También llamada “licencia de oficio”, la licencia obligatoria fue consagrada en 2001 por la llamada “Declaración de Doha”, tras la movilización de países duramente afectados por la epidemia del VIH, en particular Sudáfrica. El artículo 31 del Acuerdo sobre los Derechos de Propiedad Intelectual (ADPIC), derecho que normalmente dura 30 años, permite “establecer excepciones” “en caso de emergencia nacional o en otras circunstancias de extrema urgencia, o en los casos de uso público no comercial”. Y esto “sin autorización del titular de los derechos” (10).

Francia podría aspirar a eso, más aun cuando la Ordenanza del 8 de febrero de 1959, pionera, autoriza al Estado a suspender las patentes en caso de insuficiencia de cantidad o de calidad, pero también de precios desproporcionados de medicamentos indispensables para la salud pública. Hay que encontrar un equilibrio entre los derechos exclusivos conferidos por las patentes y el interés superior de la salud pública. Y hoy es así.  ¿Por qué no hacerlo, como piden Sudáfrica, Bolivia, Kenia, Esuatini (antigua Suazilandia), Mongolia, Mozambique, Pakistán y Venezuela?

Se presentan dificultades de carácter jurídico. Hay que definir la “urgencia” y hasta ahora no existe ningún consenso en el Consejo del ADPIC de la OMC (11). Además, varias empresas pueden verse afectadas, ya que se trata de un “montón de patentes” registradas sobre conocimientos técnicos, acceso a datos clínicos, ingredientes necesarios para la producción de vacunas, etc. La batalla puede llevar tiempo.

También existe un obstáculo logístico: industrialmente, hay que ser capaz de producir millones de dosis. Ahora bien, para retomar el caso francés, la crisis arrojó una luz cruda sobre la desindustrialización, que hipoteca la soberanía sanitaria que desea el Presidente de la República. El fiasco de los barbijos –se necesitaron dos meses para relanzar la producción en la primavera boreal de 2020–debería haber llevado a prepararse para la siguiente etapa. La magnitud y la complejidad del desafío que implica fabricar vacunas con ARN mensajero, por ahora las más eficaces, habrían merecido una mayor anticipación.

Por último, y sobre todo, el obstáculo geopolítico se erige como un muro. La activación de la licencia obligatoria equivale a involucrarse en una pulseada con otras potencias soberanas, en particular Estados Unidos, donde se encuentran las dos empresas que ofrecen las vacunas más eficaces actualmente. Francia, Europa, y con ellas otras naciones, ¿tendrán el valor de enfrentarlas? París nunca lo ha hecho. Cuando, en 2014, la empresa Gilead fijó en 41 mil euros el precio del tratamiento de Sovaldi, un medicamento muy eficaz contra la hepatitis C, el Gobierno prefirió racionar a los enfermos y aceptar este precio exorbitante antes que activar la licencia de oficio y correr el riesgo de represalias por parte de Estados Unidos (12).

Por el contrario, Estados Unidos nunca tuvo esos escrúpulos. Cuando, después del 11-S, los bioterroristas amenazaron con agentes patógenos como el ántrax, Estados Unidos no dudó en chantajear con una licencia obligatoria para producir el medicamento contra la enfermedad del carbón, ciprofloxacino, patentado por Bayer. El laboratorio accedió finalmente a bajar su precio. Estados Unidos mismo elaboró una lista negra llamada “especial 301” de países que no respetan el ADPIC, entre los cuales se encuentra India (que produce genéricos de medicamentos aún bajo licencia), China o, durante un tiempo, Canadá. ¡Haz lo que yo digo, no lo que yo hago!

Aunque la escala europea parece la más pertinente, esta crisis demuestra, una vez más, que la Unión no existe en el plano geopolítico e industrial. El ejemplo británico tendería incluso a demostrar que ser miembro representa una desventaja. Un país como Francia podría considerar la posibilidad de aplicar la licencia obligatoria. ¿Cuál es la condición? Que recupere su independencia rompiendo con el dogma del libre comercio, forjando una herramienta industrial y sanitaria eficaz a través de un “sector público” del medicamento, e invirtiendo masivamente en investigación y desarrollo, así como en el sistema de salud (en materiales y recursos humanos) para hacer frente a futuras pandemias.

Eso es para un futuro. Por el momento, convendría respaldarse en las numerosas iniciativas ciudadanas en favor de una vacuna como bien público mundial y, sobre todo, ponerse de acuerdo con otras potencias, en particular China, Rusia e India, con el fin de contrarrestar la hegemonía de las empresas farmacéuticas estadounidenses, cuyos intereses son defendidos por el Estado Federal. La evolución reciente de la diplomacia francesa parece ir en esa dirección y podría permitir obtener “licencias voluntarias”, es decir, la suspensión temporal de los derechos de propiedad intelectual con el acuerdo de los inventores, para las vacunas rusas y chinas.

Asimismo, no sería absurdo condicionar la financiación pública y la estrategia de reducción del riesgo (“de-risking”) de las inversiones a una venta a bajo precio, incluso a precios de costo (previa justificación de los costos). Debería facilitarse toda la información (patentes, procedimientos) a las empresas de los Estados pobres o emergentes, capaces de crear cadenas de producción y venderlas a bajo costo a los países en desarrollo o a los “compradores globales” que las donarían a los países muy, muy pobres.

Podríamos entonces poner fin al triste espectáculo al que asistimos, resultado de lo que algunos han llamado la “economía del libre comercio organizado”, que solo tiene de “libre” los poderes exorbitantes que los Estados le han concedido a la industria farmacéutica (13).

1. “Declaración de Emmanuel Macron sobre la lucha contra la epidemia de COVID-19 y la preparación para futuras pandemias”, 21 de noviembre de 2020, www.vie-publique.fr.

2. Tweet de Eva de Bleeker, publicado el 17 de diciembre de 2020 y eliminado al día siguiente.

3. Matt Apuzzo y Selam Gebredikan, “Governments sign secret vaccine deals. Here’s what they hide”, The New York Times, 28 de enero de 2021.

4. Virginie Malingre, “Vaccination contre le Covid-19: les ratés et lenteurs de l’UE éclipsent ses succès”, Le Monde, 6 de febrero de 2021.

5. Jilian Deutsch et al., “Thanks to deep pockets, Germany snaps up extra coronavirus jabs”, Politico, Washington, DC, 7 de enero 2021.

6. Didier Fassin, De l’inégalité des vies, Fayard – Collège de France, París, 2020.

7. Margaret Kyle y Anne Perrot, “Innovation pharmaceutique: ¿comment combler le retard français?”, Les Notes du Conseil d’analyse économique, N° 62, París, enero de 2021.

8. “Las vacunas contra la Covid-19 deben ser un bien público mundial”, petición online mediante la plataforma www.change.org.

9. Gaëlle Krikorian, “Licence obligatoire”, en Marie Cornu, Fabienne Orsi y Judith Rochfeld (dirección), Dictionnaire des biens communs, Presses universitaires de France, París, 2021 (2da edición).

10. “Texto del Acuerdo sobre los ADPIC”, OMC, www.wto.org.

11. Kaitlin Mara, “Decision on intellectual property waiver over Covid Technology on hold until 2021; what are the next steps?”, Medicines Law and Policy, Washington, DC, 18 de diciembre de 2020.

12. Olivier Maguet, La Santé hors de prix: l’affaire du Sovaldi, Raisons d’agir, París, 2020.

13. Fabienne Orsi, “Brevets d’invention”, en Marie Cornu, Fabienne Orsi y Judith Rochfeld (dirección), Dictionnaire des biens communs, op. cit.