Disputas estratégicas en el Mar Negro

El 25 de noviembre de 2018, los guardacostas rusos abordaron tres naves de guerra ucranianas que intentaban franquear el estrecho de Kerch. La flota, que había partido de Odessa, iba rumbo al mar de Azov, donde Kiev dispone de algunos centenares de kilómetros de costas. Más allá del incidente, esa escaramuza naval ocurre en un contexto securitario regional en el que Rusia tomó el control desde que anexó Crimea, en marzo de 2014.

La rivalidad por el acceso a un mar cerrado se agrega ahora a la larga lista de tensiones que mantienen rusos y ucranianos. El incidente del 25 de noviembre es el último, y el más grave, de una serie de abordajes y de controles imprevistos de naves que atravesaron el mar de Azov desde comienzos de 2018.

En virtud de un acuerdo firmado en 2003, este mar fue por mucho tiempo, y por derecho, un condominio ruso-ucraniano. El texto jurídico acuerda una libertad de circulación total a las naves civiles y militares de ambos países en las aguas del estrecho de Kerch. No obstante, al apoderarse de Crimea, en 2014, Rusia se convirtió de facto en la dueña del acceso al mar de Azov, en la medida en que ahora controla las dos orillas del estrecho que a él conduce. Su superioridad militar absoluta sobre Ucrania, por otra parte, tiende a transformar el espacio marítimo de Azov en un “lago ruso”.

El cerrojo ruso

En mayo de 2018 Rusia inauguró un puente que lo une con la península. Su construcción, que costó alrededor de 3.000 millones de euros, acentuó todavía más la presión sobre el estrecho de Kerch, ya que Moscú endureció las reglas de paso instauradas unilateralmente con el objeto de proteger la obra. Los rusos siguen temiendo, con razón o sin ella, que los ucranianos intenten destruir el puente, como algunos en Kiev ya llamaron a hacerlo, como el diputado Ihor Mosiychuk (1).

Para los ucranianos, se trataba, en la crisis de noviembre, de desafiar el statu quo que los perjudica, al negarse a someterse a los procedimientos de paso impuestos por los rusos. De haberlo querido, en efecto, muy bien habrían podido enviar esas pequeñas naves por tierra, como lo habían hecho en septiembre en dos patrulleros. El 24 de septiembre un destacamento de dos naves de guerra ucranianas –un remolcador y una nave de salvataje– franqueó además el pasaje de Kerch, tras haber señalado su intención y bajo una estrecha vigilancia rusa, sin que eso provocara ningún incidente. Al decidir esta vez que sus naves no perdieran tiempo en la larga fila de espera que se estira en las inmediaciones del estrecho en virtud de la Convención de 2003, los ucranianos no podían ignorar que los rusos recurrirían a la fuerza. Ellos deseaban obtener una asistencia militar por parte de la comunidad euroatlántica, a la que se postula Kiev, por el momento en vano.

A fines de septiembre, Washington transfirió dos pequeñas lanchas patrulleras, de 10 millones de dólares, que habían sido construidas para los guardacostas estadounidenses a fines de los años 80 (2). Más que como un refuerzo de las capacidades navales ucranianas, conviene interpretarlo como un gesto político. Esas lanchas fueron entregadas desarmadas y desprovistas de material electrónico. Además, habida cuenta de su antigüedad, corren el riesgo sobre todo de ser blancos fáciles, y de primera elección, para las baterías costeras y la fuerza aeronaval rusas.

Las preocupaciones electorales, por otra parte, también tuvieron su peso en la tentativa de forzar el cerrojo de Kerch. Los ucranianos elegirán a su presidente en marzo de 2019. El actual jefe de Estado, Petro Porochenko, encara este escrutinio con una posición delicada: se le adjudica alrededor del 10% de las intenciones de voto en las encuestas, donde se ubica en cuarta posición, lejos detrás de la favorita, Yulia Timoshenko (3). Por eso algunos en Moscú, pero también en Kiev, sospechan que Porochenko quiso instaurar la ley marcial para alterar el calendario electoral y aumentar así sus posibilidades de acceder a la segunda vuelta. No obstante, en vez de los sesenta días de ley marcial que deseaba instaurar sobre el conjunto del territorio, no pudo obtener –revisando él mismo su proyecto antes de someterlo al Parlamento– más que treinta días en diez oblasts (regiones) del este del país. Si esta decisión no parece en condiciones de comprometer los comicios de marzo próximo, en cambio tiende a dar al Presidente una imagen de jefe de guerra con el fin de tratar de mejorar su popularidad en baja.

Cogestión securitaria

En este incidente, para Rusia se trataba de reafirmar la soberanía que reivindica sobre Crimea, así como sobre el estrecho de Kerch, y de recordar que sería en vano tratar de impugnar las reglas del juego que instauró. Impuesta desde comienzos de 2018, la ruptura de los flujos marítimos procedentes o con destino a los puertos de Azov de Ucrania tiene un costo: entre 20 y 40 millones de dólares de lucro cesante por año para Mariúpol y Berdyansk. Estos dos puertos tuvieron un descenso del 27 y el 47% respectivamente de sus fletes entre 2015 y 2017 (4). La interferencia rusa, sin embargo, no es la única responsable. El bloqueo del Donetks instaurado por Kiev cortó las dos ciudades de sus zonas interiores; y la caída del producto interno bruto (PIB), del 40% desde 2014, compromete su actividad. Al mantener la presión sobre la navegación ucraniana, Moscú se vale de una palanca que, llegado el momento, podría servirle para negociar contrapartidas, como la reapertura de los canales de agua fresca que alimentan Crimea. Su funcionamiento fue interrumpido por Kiev tras la anexión de la península, que, desde entonces, debe contar con sus propios recursos.

La escaramuza del 25 de noviembre traduce el incremento de la influencia militar rusa en la región del mar Negro desde la anexión de Crimea. El mar de Azov y el estrecho de Kerch forman un corredor estratégico que une el mar Caspio con el mar Negro vía el canal Volga-Don. Estas aguas son cada vez más regularmente tomadas por pequeñas naves de combate rusas, algunas de las cuales, que parten de su base en el mar Caspio, se arriesgan ahora hasta el Mediterráneo Oriental, donde cruza la 6ª flota estadounidense, pieza maestra de las fuerzas de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), dominantes en esta zona (5).

Desde su anexión, Crimea recuperó su papel tradicional de puesto de avanzada en las márgenes meridionales rusas. Moscú fortificó la península desplegando allí un conjunto de defensas antiaéreas, con los sistemas S-400 y antibuques, las baterías costeras Bastion, así como medios de guerra electrónica. La combinación de estos armamentos, capaces de interceptar tanto a cazabombarderos como a misiles balísticos, hizo del mar Negro una zona de varios centenares de kilómetros cuadrados donde las fuerzas de la OTAN ven inhibido su potencial, uno de esos “espacios de negativa de acceso” que inquietan a los Estados Mayores occidentales. El despliegue, en el seno de la flota rusa, de nuevos submarinos diésel, de nuevas fragatas y de una flotilla de pequeñas naves lanzamisiles, todas capaces de disparar misiles crucero de tipo Kalibr –precisamente aquellos que fueron utilizados en Siria contra grupos yihadistas–, dan a Rusia los medios de infligir daños a cualquier adversario que la emprendiera contra sus intereses.

Su potencia naval se expresa aquí tanto mejor cuanto que la actividad de las marinas extranjeras en el mar Negro está fuertemente coaccionada por la Convención de Montreux. Este texto, que data de 1936, hace de Turquía la dueña de los estrechos del Bósforo y de los Dardanelos. También limita el número, el tonelaje y la duración de la presencia de las naves de los Estados no ribereños (artículo 18). Si los estrechos turcos y el apoyo occidental a Ankara pudieron permitir que el curso de la historia contuviera el expansionismo de los zares, y luego de los soviéticos, en dirección al Mediterráneo, la Convención de Montreux impide hoy que la talasocracia estadounidense contraríe el ascenso de la flota rusa del mar Negro.

Porochenko no se equivocó en esto: inmediatamente después del incidente de Kerch, lanzó la idea de prohibir la navegación a las naves rusas en los estrechos turcos. Esta proposición ilustra el desconcierto de Kiev, en la medida en que Turquía siempre se empeñó en que la Convención de Montreux fuera escrupulosamente aplicada; una exigencia que incluso la anexión de Crimea y el incremento del dominio militar ruso no hicieron evolucionar un ápice. Desde el punto de vista de Ankara y de Moscú, todo cuestionamiento del texto de 1936 se haría a sus expensas. Daría paso a la entrada de actores securitarios exteriores en el campo naval regional. Esa perspectiva comprometería el modus vivendi que hace del mar Negro un condominio securitario ruso-turco desde la desaparición de la URSS. Además, Turquía siempre prestó atención a no transformarlo en un terreno de enfrentamiento entre Rusia y la OTAN, manteniendo un equilibrio sutil entre su posición de miembro de la Alianza y su vecindad con Moscú. La adhesión a la OTAN en 2004 de Bulgaria y Rumania, que disponen de medios navales marginales, no cuestionó fundamentalmente este abordaje.

Turquía se encuentra en la intersección de los tres espacios de negativa de acceso creados por Rusia, uno en Crimea desde 2014, otro en el Cáucaso con sus instalaciones situadas en Armenia, y el tercero desde 2015, con los medios desplegados en la región costera siria. Aunque preocupado por esa comprobación, Ankara hasta ahora no tomó medidas que cuestionaran su cogestión securitaria del espacio del mar Negro. Las sólidas relaciones con Moscú en el campo energético –confirmadas por el gasoducto Turkish Stream, cuyo tronco submarino se terminó de instalar en noviembre pasado– y la construcción de la primera central nuclear turca por la rusa Rosatom en Akkuyu, sobre las costas meridionales, frente a Chipre, le ofrecen una red de seguridad.

No obstante, lo que contribuye a la resistencia de su asociación es ante todo la capacidad de los rusos y de los turcos de concentrar sus esfuerzos en procesos comunes, más que buscar en vano objetivos estratégicos compartidos. Moscú y Ankara son competidores en el campo geopolítico que cooperan de manera selectiva y limitada en el mar Negro, en el Cáucaso y en Medio Oriente, a través de los marcos que permiten canalizar esa competencia. La plataforma de Astana en el conflicto sirio es un ejemplo de esto; la fuerza de intervención naval BlackSeaFor (6), creada en 2001, es otro. Esta tendencia debería proseguir, habida cuenta de los antagonismos entre Washington y Ankara, nacidos inmediatamente después de la tentativa de golpe de Estado del verano boreal de 2016 contra Recep Tayyip Erdoğan, así como de la cooperación militar estadounidense-kurda en Siria, que irrita mucho a los turcos.

Intereses divergentes

¿Cuáles podrían ser las respuestas de la OTAN al incremento de las tensiones en el mar de Azov y alrededor de Kerch? Tal vez la instauración de una misión de policía de los aires permanente, sobre el modelo de la establecida en el mar Báltico. La Alianza Atlántica también podría encarar la creación de una flota propia. Para compensar las bajas capacidades navales búlgaras y rumanas, también podría rematricular temporalmente unidades surgidas de las marinas exteriores al mar Negro con los colores de Bulgaria o de Rumania, lo que permitiría soslayar las restricciones de la Convención de Montreux. No obstante, una iniciativa rumana un poco similar había sido propuesta durante la Cumbre de la OTAN en Varsovia en 2016, que fue rechazada en virtud de las fuertes reservas expresadas por Bulgaria. Además, semejante iniciativa correría el riesgo de disgustar a Ankara, que no dejaría de ver en eso un cuestionamiento al espíritu de Montreux.

A falta de eso, la única arma a disposición de la comunidad euroatlántica sigue siendo el endurecimiento de las sanciones respecto de Moscú. Sobre este tema, sin embargo, los intereses de los estadounidenses y los europeos divergen. El Consejo Europeo adoptó en diciembre una resolución no coercitiva, y no se ocupó de sancionar más a Rusia (7). En cambio, la oposición estadounidense en el Nord Stream se intensifica desde el incidente en el mar de Azov. Ese gasoducto, cuya construcción ha comenzado, debe entregar gas ruso a Europa vía el Báltico, soslayando a Ucrania. Al invocar la fuerte dependencia de Europa respecto de la compañía Gazprom, que construye la sección terrestre rusa del gasoducto, la resolución de la Cámara de Representantes del 11 de diciembre prepara ciertamente una vuelta de tuerca para el sector energético ruso. Y la administración estadounidense de Trump anuncia la posibilidad de sancionar a las empresas europeas implicadas en el proyecto. 

1. “Ukrainian MP suggests destroying Crimean bridge”, EurAsia Daily, 22-5-18, https://eadaily.com

2. Illia Ponomarenko, “Ukraine accepts two US patrol boats after 4 years of bureaucratic blockades”, Kyiv Post, 27-10-18.

3. “Electoral sentiment monitoring in Ukraine”, Razumkov Centre, Kiev, 19-11-18.

4. “Ukraine and Russia take their conflict to the sea”, Stratfor, 24-10- 18, https://worldview.stratfor.com

5. Tim Ripley, “Russian Caspian corvettes enter Mediterranean”, Jane’s 360, 21-6-18, https://www.janes.com

6. Esta iniciativa ruso turca permitió contrarrestar la operación Active Endeavour, una de las misiones de la OTAN desplegadas en respuesta al 11 de Septiembre, por la que Rumania y Bulgaria deseaban abrirle las puertas del Bósforo.

7. “European Council conclusions on the multiannual financial framework and on external relations”, Consejo Europeo, Bruselas, 13-12-18.