Tercer tiempo

Periodizar es un ejercicio arbitrario pero interesante si ayuda a entender mejor los procesos históricos. Si la edad contemporánea comenzó con la toma de la Bastilla el 14 de julio de 1789 y si el siglo XX, para Eric Hobsbawm, va de 1917 a 1989, el ciclo kirchnerista puede dividirse arbitrariamente en tres: el primer kirchnerismo comenzó con la asunción del ex presidente en mayo de 2003 y se caracterizó por un proceso sostenido de reconstitución de la autoridad presidencial y normalización de la situación económica, y concluyó el 17 de julio de 2008, con la derrota política que implicó el voto no positivo de Julio Cobos. El segundo kirchnerismo nació esa madrugada, a la defensiva, y se definió a partir de la creación de una “minoría intensa” que, mediante iniciativas como el matrimonio igualitario, la ley de medios y la asignación universal, se fue expandiendo a otros sectores hasta alcanzar, asombrosamente, a una parte importante de las clases medias. El tercer kirchnerismo es el que emerge de las elecciones del 23 de octubre. Y aunque todavía no sabemos cómo caracterizarlo, algo podemos intuir.
Veamos. 

Oportunidades
En sus ocho años de gobierno, el kirchnerismo concretó una serie de medidas de fuerte espíritu transformador pero cuya implementación a menudo no era técnicamente tan compleja. El punto es controversial, por lo que no quisiera ser mal interpretado: decisiones como las retenciones, la nacionalización de las AFJP o la asignación universal afectaron factores de poder importantes y supusieron batallas políticas durísimas, con todas las dificultades que eso implica en términos de construcción coalicional, manejo de herramientas de persuasión social y gestión de los tiempos. Pero una vez ganada la disputa, la etapa de concreción era relativamente simple: en el caso de las retenciones, alcanzaba con designar a un inspector honesto en dos o tres puertos; en el de la nacionalización de las AFJP, con absorber la masa de recursos y contener a unos pocos miles de empleados despedidos; en el de la asignación universal, con distribuir el dinero a través de una ANSES que es eficiente en buena medida gracias a –todo hay que decirlo– su modernización durante los 90.
Mi tesis es que el momento actual es propicio para avanzar en reformas que entrañan un reto político pero también –y a veces sobre todo– un desafío tecnocrático. Relegitimada por una votación inédita desde la recuperación de la democracia, al frente del primer ciclo político de tres períodos desde los años 20, con mayoría en el Congreso y una situación económica que nunca será óptima pero que sí es próspera y que se encuentra bajo control, Cristina Kirchner tiene la oportunidad de continuar el ciclo reformista iniciado por su marido profundizando y a la vez corrigiendo aspectos cruciales de lo que en los 90 se llamaba “modelo”. La clave, para seguir con la tecnojerga neoliberal, son las “reformas de segunda generación”.
Hay miles, pero entre todas las posibles elijo arbitrariamente una: la cuestión de la vivienda. Como sabe bien cualquier intendente del conurbano, el problema ya no pasa tanto por la vivienda en sí, pues en tiempos de crecimiento los sectores populares tienen posibilidades ciertas de comprar los materiales necesarios y transformarlos en casas modestas pero decentes mediante la autoconstrucción y la ayuda de la propia comunidad. La cuestión es otra: en Argentina, el problema de la vivienda es básicamente un problema de acceso al suelo.
Los datos son elocuentes. Según un informe del área de investigaciones de la ONG Un techo para mi país, en el Gran Buenos Aires hay 864 urbanizaciones informales, entre villas y asentamientos, en las que residen 508.144 familias; durante la última década, las viviendas precarias crecieron un 16,7 por ciento (1).
El origen de esta cuestión es una de las tantas “paradojas del crecimiento”, en el sentido de problemas que aparecen a partir de la resolución de otros. Como sucede con la educación, que cuando aumenta la matrícula comienza a generar desafíos de calidad, el drama habitacional es en buena medida resultado del crecimiento económico y la mejora del empleo registrados en los últimos años, que revalorizaron el precio de los terrenos e incentivaron la demanda de suelo. En el área metropolitana de Buenos Aires, que es donde los déficits son más graves, la oferta de suelo es fija, pues lo que sería el cuarto cordón del conurbano está ocupado por countries y barrios privados que le imponen un límite preciso a la expansión geográfica de la ciudad.
El tema es de una enorme complejidad técnica y política y para encararlo es necesario contar con equipos profesionales pero también con el apoyo de las organizaciones sociales, que son las que operan en el terreno, conocen las necesidades de sus habitantes y pueden funcionar como interlocutores, por ejemplo ante la necesidad de desalojar un predio ocupado para urbanizarlo. La cooperación de los tres niveles de gobierno y de administraciones habitualmente enfrentadas (en el área metropolitana, Cristina-Macri-Scioli) resulta fundamental. Y al final, claro, como todo en el capitalismo, constituye un desafío de regulación, que el Estado puede encarar estableciendo precios máximos o creando nuevos impuestos a las propiedades ociosas, en base a un argumento tan evidente como resistido: como lo que más valoriza a una cierta zona es la obra pública (servicios, calles, escuelas, etc.), resulta muy lógico que el Estado recupere esa inversión y la distribuya socialmente. En Manhattan, por ejemplo, casi la mitad de los alquileres se encuentran regidos por la Ley de Control de Renta Regulada, que fija porcentajes de aumento y limita la cantidad de personas que pueden vivir en una misma unidad, como se ve en el capítulo de Friends en el que el conserje del edificio, el gordo y bigotudo Mr. Treeger, amenaza con echar a Rachel, a quien Mónica le subalquila ilegalmente una habitación, si Joey no le enseña a bailar, lo que termina en una memorable danza de salón en la terraza.  
Invisibilizada la mayor parte del tiempo, la cuestión del acceso al suelo estalla de tanto en tanto, con episodios casi siempre dramáticos como los del Parque Indoamericano. Pero alcanza con mirar al costado de la autopista para comprobar que los barrios informales de la ciudad, como la villa 31, crecen en altura, mientras que en el conurbano los clásicos lotes se estiran hacia atrás y hoy albergan a dos o tres generaciones amontonadas bajo un mismo techo. Los efectos negativos del hacinamiento van desde los problemas de salud a la inseguridad y el transporte, en particular el intra-urbano y sobre todo en los corredores capital-conurbano, cuya lentitud afecta como pocas cosas la calidad de vida de quienes están condenados a recorrerlos todos los días.

Lo útil y lo bello
Aunque por supuesto existen muchos temas pendientes, preferí detenerme en uno para describir la complejidad que supone y que muchas veces es obviada en los análisis de los medios, en particular los electrónicos, más propensos a los abordajes macropolíticos o a los enfoques puntuales, muchas veces en clave de denuncia. Opacos por naturaleza, con un costado inevitable de burocracia y saber técnico al que los medios le escapan casi tanto como a los programas de libros, los problemas de política pública exigen para su resolución perspectivas de mediano plazo, la articulación consensuada de diferentes actores políticos y sociales, la construcción de equipos y la delegación, con todo lo que implica en cuanto a la cesión de poder en funcionarios idóneos, que suelen ser más díscolos y a veces tener ambiciones personales. No hace falta ser Beatriz Sarlo para reconocer que el kirchnerismo ha sido más bien renuente a encarar desafíos de esta naturaleza.
Pero ahora tiene una oportunidad. Como señalamos más arriba, el gobierno tomó algunas decisiones de un impacto transformador enorme tras librar duras batallas, pero ha encontrado más dificultades para avanzar en políticas complejas y de largo plazo. Sin embargo en los últimos años –siguiendo la teología K, ya en el etapa del purgatorio–, la Presidenta, que ha demostrado una sensibilidad más aguda y un estilo de gestión más mesurado que el de su marido, comenzó a desplegar algunas iniciativas que avanzan en este sentido: una de ellas fue la ley de medios, precedida por un debate amplio que involucró a diferentes sectores sociales y acompañada por la formación de un bloque cultural que hasta el momento no existía o no se había hecho visible, con un trámite legislativo durante el cual el oficialismo aceptó las razonables modificaciones planteadas por legisladores de otros partidos: la exclusión de las telefónicas, por ejemplo, fue condición para el apoyo del socialismo. Más acá en el tiempo, la designación de Nilda Garré evidenció un cambio en la política de seguridad, que un poco a tientas y en un área especialmente pantanosa avanza en una democratización de la policía y un alineamiento más claro con las prioridades del poder político.
El problema de este tipo de reformas es que sus resultados son menos visibles, al menos en el corto plazo (prioridad natural de cualquier político que se proponga ganar elecciones). Aunque no siempre: tras una historia de mutuos desencuentros, el gobierno cambió su política agraria con la designación de Julián Domínguez en el Ministerio de Agricultura y la elaboración del Plan Estratégico Agroalimentario 2020, lo que a su vez se reflejó en una recomposición de la relación con una parte de los productores rurales y la buena performance electoral obtenida por la Presidenta –y por el propio Domínguez– en la zona sojera. Ahí lo útil se une con lo bello, en un ejemplo de convergencia virtuosa entre una política de largo plazo y los objetivos electorales más inmediatos.

Urgencias
Alcanza con revisar los diarios de los últimos días para comprobar que este tipo de cuestiones están ausentes de la agenda dominante, que transcurre por otros caminos, algunos muy lógicos y previsibles (la composición del futuro gabinete) y otros más bien delirantes: es notable, en este sentido, la cantidad de páginas dedicadas a una reforma constitucional sobre la cual ningún funcionario de primera línea se ha pronunciado positivamente. Atribuible sobre todo a la inclinación por la ingeniería institucional de algunos juristas, notoriamente Raúl Zaffaroni, la idea de una reforma de esta naturaleza enfrenta un problema fundamental, anterior incluso al de una eventual cláusula de re-reelección: no existe en la historia moderna un solo país que haya transitado pacíficamente, sin mediar guerras, ocupaciones o catástrofes, de un régimen presidencialista a uno parlamentario.
Dicho esto, no tiene mucho sentido enojarse con los medios, que por su propia lógica y formato tienden a descartar los temas complejos y los abordajes matizados para enfocarse en el show y la polémica. Sin embargo, sería deseable que el gobierno, sin desatender las obvias necesidades políticas, electorales y de comunicación, evitara dejarse llevar por ellos, y avanzara en temas como los mencionados, menos espectaculares pero no menos cruciales.

1. www.untechoparamipais.org
2. Jeremy Rifkin, autor del famoso El fin del trabajo, analiza este dato como una forma de comparar la calidad de vida de Europa en relación a la de Estados Unidos, donde la gente demora casi el doble, en promedio, en trasladarse todos los días al trabajo. Véase El sueño europeo, Paidós, 2004.