República o país mafioso (y 3)*

La crónica de los dramáticos sucesos de Formosa, Villa Soldati y otros recientes de ocupación de predios no hizo más que ratificar, agravada, la descomposición institucional, social y política de la así llamada República Argentina. Los viajeros que llegan al aeroparque o al aeropuerto de Ezeiza; a la estación fluvial o a la de ómnibus de la Ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, reciben un anticipo cuando intentan abordar un taxi: una mafia de “profesionales” del volante, instalada allí desde gobiernos inmemoriales y compuesta –no puede ser de otro modo– por autoridades del lugar y sindicalistas, digita manu militari qué coches pueden “trabajar” allí o no; qué viajes son “convenientes” y cuáles no, mientras los desconcertados viajeros (no hay “cola” organizada), muchos de los cuales recibirán luego dinero falso y, en más de un caso, serán asaltados por el “servidor público” o sus compinches, vagan desorientados primero, desesperados después, como quien busca auxilio. Algunos de ellos ya han sido estafados en el interior por las “casas de cambio”, que cotizan por debajo del valor real y también suelen entregar dinero falso (1).
Para seguir en el nivel cotidiano, casi anecdótico ya, de la descomposición, en Argentina se pueden comprar desde pasaportes y licencias de conducir perfectamente legítimos hasta autos lujosos de contrabando debidamente legalizados, por no hablar del “lavado” de multas de tránsito (si no fueron anuladas antes mediante “arreglo” con la policía) y otras; las jubilaciones “truchas” y la obtención de puestos en las reparticiones del Estado. “Lo mismo un burro / que un gran profesor. / No hay aplazaos, ni escalafón, / los ignorantes nos han igualao”, dice un viejo tango (2).
Pero es en el más alto nivel, el del crimen organizado, donde las cosas son más serias, si cabe, porque expresan la descomposición institucional y social, la transformación del Estado en un ente funcional al delito. Se ha dicho aquí (y reiteradas disculpas por reiterar lo ya reiterado) que “Argentina es hoy por hoy un país en el que, en plena democracia, se produjo el estallido deliberado de un polvorín militar en la ciudad de Río Tercero –con víctimas exclusivamente civiles– para ocultar las pruebas de un caso de contrabando de armas en el que estaban involucrados altos funcionarios de gobierno. Quedó establecido que la explosión fue intencional, pero han pasado 15 años y el hecho no se ha aclarado (…) valijas repletas de cocaína pura hacen viajes internacionales sin pasajero que las acompañe (…). La policía y los servicios de seguridad aparecen mezclados en la mayoría de los delitos de ‘alta gama’ (Ragendorfer, pág. 6). Altos funcionarios de éste y anteriores gobiernos están acusados de graves delitos, en causas tan cargadas de evidencias como interminables y sin resolución y, cuándo no, más de lo mismo respecto a los más altos dirigentes sindicales” (3).
Se podría agregar que diversas organizaciones sociales y parientes desesperados se desgañitan por los numerosos casos de adolescentes secuestradas para la “trata” (Balatti, pág. 9), pero ¿acaso la prostitución no es, por definición, “pública”? ¿Acaso los numerosísimos “puticlubes” y “bares de alterne” no tienen cartel, o al menos una lucecita roja?¿No hacen muchos de ellos publicidad en los medios? ¿Por clandestinos que sean, no reciben clientes? En definitiva, ¿sus actividades no son conocidas por el dirigente político, el juez y la policía local? Bastaría una redada masiva para localizar a más de una joven “desaparecida”…
Algunos de los recientes ocupantes de predios, sobre todo extranjeros, realizaron denuncias ante la televisión, en el sentido de que trabajan en forma clandestina, en condiciones de verdadera esclavitud, para ciertas ramas de la industria argentina. Se trata de personas traídas bajo engaño desde el interior o el exterior del país y sometidas a una “trata” distinta. Pero una vez más, ¿cómo podrían existir esas “cuevas” donde trabajan y viven centenares, quizá miles de personas, sin una amplia complicidad oficial con la mafia del ramo?
Otro asunto que salió a la luz es el de los “ocupas VIP”, es decir emprendimientos privados, muchas veces millonarios, que ocupan ilegalmente desde hace años predios en las zonas más caras sin que nadie, hasta ahora, mueva una ceja (4). ¿Es posible que ninguna autoridad esté al corriente?

Es la política…

Los sucesos de ocupación de predios, precipitados en diciembre pasado, desnudaron otro plano de la descomposición institucional y social, de la impotencia del Estado y la política. Porque al cabo resulta casi imposible distinguir, separar, las legítimas reivindicaciones de los cada vez más amplios sectores marginados de la sociedad (Aruguete, pág. 10), del entramado de mafias políticas y sindicales, “barras bravas” y pistoleros del crimen organizado o por cuenta propia.
Quedó claro, no obstante, que el Estado es a la vez responsable e impotente ante esos hechos. No hace falta coincidir con el reaccionario e incompetente petimetre que dirige la Ciudad de Buenos Aires, Mauricio Macri, para entender que el gobierno nacional sólo reaccionó cuando se dio cuenta que debería compartir el costo político. Aníbal Fernández, un jefe de Gabinete con mentalidad y modales de patán de barrio, había declarado poco antes que la orden de un juez de desalojar el predio ocupado en Soldati era “de cumplimiento imposible”… para luego resultar relegado por la decisión del gobierno nacional de crear un Ministerio de Seguridad y enviar a la Gendarmería. En cuanto a la en principio saludable idea de enviar a policías y gendarmes desarmados a ese tipo de manifestaciones, es previsible que dure hasta que algún “barra brava” o pistolero a las órdenes de alguna fracción política, sindical o sector del crimen organizado –o incluso de las propias fuerzas de seguridad– decida provocar una masacre de servidores públicos para “cargarle” el entuerto al gobierno. En base a un erróneo diagnóstico de situación, cierto progresismo peca de ingenuidad infantil. Este año hay elecciones…
En Argentina “el poder político se muestra como lo que es o ha acabado por ser: una esperpéntica runfla de ineptos y desalmados asentada en el entramado mafioso provincial, municipal y barrial, esa extensa micro-red de ‘punteros’ y comisarías asociadas, en su sección mayorista, con narcotraficantes y contrabandistas, capos del juego y la prostitución y bandas de asaltantes de bancos, secuestradores y reducidores. En la minorista, dedicada al chantaje a comerciantes, punguistas, travestis, prostitutas, rufianes, cartoneros y mendigos. En cada provincia, en cada barrio, en cada una de esas subrepúblicas, el comisario, el ‘puntero’ político y más de una vez el juez, son a la vez socios y representantes del escalón inmediato superior en la escala que lleva al jefe del partido y más allá, en las alturas, a los pactos permanentes entre jefes de partidos y, más allá aun, en la cúspide, al Congreso y la Presidencia de la República (…). Pero en las actuales condiciones, la relación de poder se altera. Los ‘punteros’ y la policía, de servidores que eran, devienen poco a poco dueños de la situación. El poder central es cada vez menos poder; cada barrio, municipio o provincia tiende a cerrarse sobre sí mismo; cada caudillo o comisario a hacerse fuerte con los suyos, a imponer condiciones, a retacear suministros y apoyo o sabotear al escalón superior, según la situación. Deciden a su arbitrio los procesos electorales y saben que ante una insurrección general, o en una situación de anarquía permanente, serán el único, el último bastión de poder” (5).

… y la economía

Argentina no es el único país que sufre estos problemas (Castro, pág. 4). La situación mundial reproduce la fragmentación social y la crisis institucional, ética y moral –política en el sentido noble de la palabra, en definitiva– que siguió a la crisis económica y financiera de 1929. O mejor dicho, que salió a la luz, porque la una no podría haberse producido sin la otra. En 2011, a diez años de la catástrofe de la Argentina periférica y a tres de la crisis que no acaba de resolverse en Estados Unidos y Europa, el corazón del sistema, puede decirse que el planeta entero está en crisis. Asistimos a uno de esos momentos, más extensos que una generación, en los que la historia da un giro, tan ineluctable como incierto.
Porque las diferencias con 1929 son la globalización y la simultaneidad, producto de los desarrollos tecnológicos y científicos, que determinan la gran novedad: el mundo es uno solo desde el punto de vista de los movimientos económicos y financieros, de la producción y el intercambio. El capitalismo, que lo abarca todo, hace planetaria su crisis estructural. 
Los Estados y las dirigencias tradicionales han perdido influencia sobre la producción y el comercio, y al cabo sobre sus sociedades. Los enormes flujos migratorios, consecuencia del desamparo mundial, sirven de causa y excusa a la derechización de sociedades angustiadas (Europa, pág. 22).
Lo nuevo en cambio es el estado de las herramientas. La crisis del 29 terminó de “resolverse” al cabo de la Segunda Guerra Mundial, la más mortífera de la historia. Si ese va a acabar por ser el remedio ahora, habrá que ver qué queda del mundo al cabo de una guerra nuclear y bacteriológica.
Lo peor puede ocurrir, pero en cualquier caso cada país, cada región, debe prepararse para salir lo mejor posible de esta crisis. Se sabe que en cuanto a recursos materiales y humanos, a su desarrollo relativo, Argentina y su región pueden considerarse en situación privilegiada. Pero cada país sufre los efectos de la fase implosiva, fragmentadora de la crisis. Las sociedades civiles deben pues recuperar al Estado y su largo brazo económico, político, jurídico y coercitivo de encuadramiento social. 
En el caso argentino, los problemas vienen de lejos (“Cambalache” es de 1935), pero en la actual situación son impostergables. “Con raras excepciones, la dirigencia no es distinguible ya por su perfil político, ideológico o por los intereses de clase o sector que representa. Ha cristalizado como casta, un bloque de clanes que pueden enfrentarse entre sí incluso brutalmente, pero que ante el reclamo o control social pacta, compone, se cierra sobre sí mismo y no vacila en enmendar, postergar o violar la ley y dar la espalda a la ciudadanía” (6).
La alternativa es pues, más que nunca, una República digna de ese nombre, o un país mafioso, violento e injusto. Vistas las cosas, no parece que el problema esté al alcance de un gobierno o partido cualquiera, mucho menos de un/a “líder”. Más bien llama a una profunda reflexión nacional. 

* Título utilizado en esta columna en dos oportunidades: Le Monde diplomatique, edición Cono Sur, Buenos Aires, octubre de 2000 y julio de 2001.
1. Eduardo E. Castilla, “Delito”, en “Cartas”, Página/12, Buenos Aires, 27-12-10.
2. Enrique Santos Discépolo, “Cambalache”, 1935.
3. Esta columna, “Lectores a debate”, Le Monde diplomatique, edición Cono Sur, Buenos Aires, diciembre de 2010.
4.  “Ocupas VIP”, dossier de Página/12, Buenos Aires, 19-12-10.
5. Esta columna, “París / Buenos Aires”, Le Monde diplomatique, edición Cono Sur, Buenos Aires, noviembre de 2010.
6.  “París…”, ibid.