El Estado ante la violencia juvenil

Con veinticinco años de continuidad democrática y pese a que la Convención Internacional por los Derechos del Niño tiene estatus constitucional desde 1994, Argentina carece de políticas públicas que, en el campo de la infancia y la adolescencia, garanticen el efectivo ejercicio de los derechos sociales que asisten a todo ciudadano. Poco se puede hacer para remediar el problema de la delincuencia infanto-juvenil si antes no se realizan estudios para determinar con exactitud las verdaderas dimensiones del fenómeno.