Debajo del subte

El conflicto desatado entre las gestiones de la presidenta Cristina Fernández y el jefe de Gobierno porteño, Mauricio Macri por la administración de los subtes –en medio del cual se desarrolló un paro de diez días–, volvió a dejar al descubierto la extensa transición hacia la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires, iniciada con la reforma constitucional de 1994.
En esta oportunidad se agudizaron –por primera vez hasta tal punto en la historia reciente– las tensiones entre dos gobiernos que comparten el mismo territorio. Como un primer antecedente desde la recuperación de la democracia en 1983, pueden recordarse los chispazos políticos entre el entonces intendente Carlos Grosso y el ex presidente Carlos Menem.
Grosso había asumido como intendente nombrado por Menem en julio de 1989. A pesar de ser un dirigente de renombre dentro de la “renovación” peronista y de contar con el destacado apoyo empresarial de Franco Macri, el jefe comunal debió renunciar en medio de escándalos de corrupción en octubre de 1992.
El ex intendente no ocultaba sus aspiraciones presidenciales… ¿Se hubiera producido su expulsión de la Capital Federal por hechos de corrupción de un modo tan veloz si a las sospechas comprobables no se hubieran sumado cuestiones políticas? A la distancia, llama la atención aquella decisión de Menem, más aún teniendo en cuenta que provino de un gobierno que, consolidado en el terreno económico y electoral, nunca logró hacer pie en términos de transparencia.
A Grosso le siguieron Saúl Bouer y el “soldado” menemista Jorge Domínguez, quien fue el representante de aquel oficialismo en las elecciones de junio de 1996, que finalmente consagraron al radical Fernando de la Rúa como el primer jefe de Gobierno porteño electo.
Deberá notarse que Fernando de la Rúa no fue un enérgico opositor al ocupante de la Casa Rosada que le tocó en suerte, Carlos Menem, sino que aquel era un rol que, sobre todo, le tocaba a sus socios aliancistas del Frepaso.
Si se hace un repaso por las restantes gestiones en la Jefatura de Gobierno porteña, podrá observarse que hasta la asunción de Mauricio Macri nunca hubo fuertes divergencias con la Casa Rosada. Enrique Olivera actuó en consonancia con su jefe político, el entonces presidente De la Rúa, y Aníbal Ibarra encaró a su vez, y mientras pudo, una vistosa diplomacia cuando le tocó convivir con De la Rúa, Eduardo Duhalde y Néstor Kirchner.
Jorge Telerman tuvo sus disputas con Kirchner –aunque se sucedieron en el marco de una gestión de transición–, en tanto que los mayores encontronazos comenzaron a registrarse cuando el líder del PRO, Mauricio Macri, accedió al Gobierno de la Ciudad.
Las gestiones kirchneristas han tenido sus idas y vueltas con Macri, aunque hasta el momento los picos de tensión se habían registrado sólo en momentos puntuales, sobre todo ante las coyunturas electorales. La decisión de Macri de desistir de una candidatura presidencial el año pasado, abrumado por el respaldo que mostraba en las encuestas la presidenta Cristina Fernández, hizo que la pelea entrara en un compás de espera. En ese momento Macri incluso llegó a decir que no descartaba votar por Cristina en las elecciones nacionales.
De ese clima “dialoguista” –sustentado en un amplio respaldo electoral y en la “opinión pública” favorable al Gobierno nacional– surgió la firma del acta de acuerdo por la que Macri aceptaba hacerse cargo de la administración de los subtes.

El fin de la tregua

Pero con la tragedia ferroviaria de Once, que dejó un saldo de 51 muertos, llegó el portazo de Macri. Las trabas administrativas por la cuestión de los subterráneos y la “vuelta” a su “discurso nacional” y “opositor” durante el debate por la nacionalización de YPF son evidencia de ello. “Anoche me fui a dormir muy preocupado, conmocionado como muchos otros argentinos. A las cinco de la mañana me desvelé y me fui a la cuna de Antonia, y la vi ahí, tan chiquita, indefensa, como la Argentina”, argumentaba en abril pasado.
Fue entonces cuando se abrió la puerta para una situación inédita: un Gobierno nacional y otro porteño relativamente fuertes en lo político, con aspiraciones a mantener o expandir su influencia nacional y con conflictos irresueltos en materia de la autonomía porteña.
En momentos en que se están por cumplir 18 años de la reforma constitucional de 1994, que consagró “un régimen de gobierno autónomo” para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, esta semana pudo escucharse al senador Aníbal Fernández destacar que la Ciudad no tiene una constitución propia, sino un “estatuto”. De esa forma rechazó la pretensión de la Legislatura porteña de no aceptar el traspaso de los subtes. En un sentido similar, la Corte Suprema dejó trascender que, por no ser una provincia, la Ciudad no está facultada para acudir a esa instancia en un posible pleito con la Nación.
Más allá de a qué campana se escuche en cada caso, no puede negarse que la situación de una autonomía irresuelta, con gestiones nacionales y locales de distinto signo en disputa, abre un panorama incierto para la Ciudad.
La renombrada “Ley Cafiero”, de 1995, cuyo título oficial es por demás gráfico –“Ley que garantiza los intereses del Estado nacional en la Ciudad de Buenos Aires”– sigue vigente. De hecho, seis de sus modificaciones estuvieron vinculadas al traspaso de competencias judiciales o de seguridad. En tanto que sólo una, de abril de este año, se refirió a otra temática: el traspaso de la administración de los subtes.

Un horizonte de conflictos

No parece haber, por lo tanto, instancias por fuera de la fortaleza política de cada uno de los actores en disputa para dirimir el estatus de los servicios, competencias y responsabilidades cuando se habla de los gobiernos Nacional y de la Ciudad.  
Da la impresión además de que la “mezcla” de atribuciones no podrá resolverse pronto. Mientras la gestión de Macri avanza con la creación de su Policía Metropolitana, el Gobierno nacional encaró un impactante plan que incluye cuestiones vinculadas a la Seguridad, pero también a las carteras de Educación, Trabajo y Desarrollo Social para actuar en las villas miseria de la zona sur de la Ciudad. Al mismo tiempo pudo verse en las últimas semanas al secretario de Seguridad de la Nación, Sergio Berni, poner en marcha otro programa, que incluye tareas tan “micro” como distribuir “botones antipánico” en edificios del barrio porteño de la Recoleta.
El tironeo por los subtes es sólo una de las áreas en las que las gestiones nacional y local podrían chocar en los próximos meses. La cuestión del manejo de los residuos urbanos –tema que involucra también a la Provincia de Buenos Aires– podría ser la próxima.
Por otra parte, la creación de una instancia en el marco del Ministerio de Transporte, encabezado por Florencio Randazzo, para tratar las políticas del sector en el área metropolitana constituye un elemento auspicioso a desarrollar. Otra iniciativa que comenzó a rendir frutos fue la creación de la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo, a instancias de una intervención de la Corte Suprema.
Más allá de los temas puntuales, seguramente se seguirá discutiendo cuán “autónoma” es la Ciudad de Buenos Aires, y cuál es la mejor forma de administrar los conflictos político-institucionales entre la Nación y su ex Capital Federal.

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