Al servicio del capital

¿Les han preguntado a ustedes su opinión?” Con estas palabras, micrófono en mano y un poncho regional sobre la espalda, Ollanta Humala, ex militar candidato a la presidencia, gritaba, el 2 de mayo de 2011, en la plaza central de Bambamarca, en la meseta andina peruana: “¿Qué es más importante el agua o el oro? ¡No tomamos el oro, no comemos el oro! Del agua viene la riqueza”. No, Minas Conga no pasará.

Minas Conga es un proyecto de extracción de cobre y de oro manejado por Yanacocha, consorcio formado por el gigante estadounidense Newmont (51,35%), el grupo peruano Buenaventura (43,65%) y la Sociedad Financiera Internacional, filial de crédito en el sector privado del Banco Mundial (5%). Cuatro lagos van a desaparecer. Durante los diecisiete años de explotación prevista serán arrojadas cerca de noventa mil toneladas de escoria cargadas de metales pesados todos los días. Pero estamos en una zona de recarga hídrica, fuente de ríos que alimentan los campos, las ciudades y los pueblos de las inmediaciones.

Famosa por su producción lechera y sus quesos, la región de Cajamarca ya soportó el secamiento de varios de sus lagos por la acción de Yanacocha. Desde 1993, la sociedad explota aquí la mina de oro más grande de América del Sur. Para hacerlo, está autorizada a extraer hasta novecientos litros de agua por segundo, o sea tres a cuatro veces más que la ciudad capital de Cajamarca, obligada a racionar el agua potable de sus doscientos ochenta y cuatro mil habitantes. El frente de defensa del medio ambiente y las rondas campesinas (comités de vigilancia con funciones jurisdiccionales) responsabilizan a la empresa por el agotamiento de algunos cursos de agua y de mucha polución de metales pesados, cianuro y otras sustancias tóxicas.

El giro de Humala

Humala ganó las elecciones en junio de 2011, gracias a la alianza sellada en la segunda vuelta con el ex presidente centrista Alejandro Toledo (2001-2006), que aportó posteriormente la mayoría de sus ministros. Y cinco meses después, cambió de análisis: “¡Rechazamos las posiciones extremas! […] ¿El agua o el oro? Proponemos una posición razonable: el agua y el oro”. Cuando una huelga general paralizó la ciudad de Cajamarca para exigir el abandono del proyecto, Humala adhirió a la línea derecha de sus predecesores: declaró el estado de emergencia y desplegó las Fuerzas Armadas. Cuando en julio de 2012 reiteró su apoyo a Yanacocha, siguieron protestas que fueron violentamente reprimidas.

Denominada “La Gran Transformación”, el programa de Gana Perú, redactado en 2010, comenzaba con una acusación contra el modelo neoliberal y denunciaba el sistema primario-exportador del país así como el control de las empresas extranjeras sobre los recursos naturales. En septiembre de 2013, en el cierre del salón profesional Premium, Humala ya no buscaba la ruptura. “La industria minera responsable debe convertirse en una palanca de nuestro desarrollo gracias a la inversión privada”, declaraba.

Entre 1993 y 2012, la inversión privada en el sector minero se multiplicó por cuarenta. Las reformas neoliberales de los años 1990, llevadas a cabo por Alberto Fujimori, luego el exponencial aumento de precios de los principales metales en 2000 (más del 400% en el oro, el cobre y el estaño, 150% en el zinc, 350% en el plomo, más del 550% en la plata) consolidaron la dependencia de la economía a este sector. Como primer destino de las inversiones extranjeras directas, el sector representa el 60% de las exportaciones, proporciona a Perú el 50% de sus divisas y cerca del 15% de sus ingresos fiscales. Las consecuencias son una débil diversificación y una vulnerabilidad a la fluctuación de las cotizaciones en los mercados internacionales.

Las economías ortodoxas señalan que en el transcurso de la última década, caracterizada por un fuerte crecimiento económico, la tasa de pobreza retrocedió veintiocho puntos. Sin embargo, en las regiones rurales de los Andes, las principales zonas de establecimiento de las minas, se eleva todavía al 58,8% contra el 14,5% en Lima. Poco integrada a la economía local, la industria minera solo emplea directamente al 1,3% de la población activa y se apodera de los recursos, en tierra y en agua, de la agricultura familiar, primera fuente de ingreso del campo.

Avance minero, retroceso ciudadano

Bajo la presidencia de Humala, la revisión de la fiscalidad minera para financiar las políticas sociales no espantó a las empresas: el sobrecosto correspondiente a las nuevas tasas, deducible del impuesto sobre las sociedades, permaneció relativamente limitado, mientras que el nuevo modo de cálculo de la recaudación –fundado sobre el resultado operacional, y no sobre el valor de las ventas– corresponde precisamente a la propuesta del lobby minero.

En contrapartida, este mismo lobby exige del gobierno que simplifique los procedimientos administrativos. Esta sería la condición para ganar en competitividad mientras que el precio de los metales retrocede desde hace dos años. En 2013, un paquete de medidas tomadas por decreto ya modificó las condiciones de concesión de permisos mineros: la garantía de protección del patrimonio arqueológico quedó casi suprimida, el plazo de aprobación de los estudios de impacto ambiental reducido a cien días. Paralelamente, las comunidades andinas, la mayoría quechua y aymara, fueron excluidas del perímetro de la ley que obliga a las empresas a consultar a las poblaciones indígenas. Los permisos de exploración y de explotación se multiplicaron, se extienden sobre nuevos territorios (hasta el 69% de algunas regiones), y la industria minera se ha vuelto la primera causa de conflictos sociales: ciento siete sobre setenta y cinco en septiembre de 2013.

Este artículo forma parte de Explorador Perú

Lea la introducción:

La explotación perpetua, por Creusa Muñoz

Disponible en kioscos, librerías y por suscripción haciendo clickaquí.